«Dentro de un año y medio, cuando termine el gobierno y Sergio Massa sea presidente, estas cosas van a cambiar», sostuvo el ex policía Eduardo Curro Ramos, en el comienzo de un nuevo juicio en Santa Fe.
Ramos ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2009, en el primer juicio realizado en la provincia por los delitos cometidos en el marco del terrorismo de estado.
El genocida se sentó este jueves en el banquillo durante el comienzo de una causa por «asociación ilícita» en perjuicio de 14 víctimas, en la que también están apuntados el ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa; la ex carcelera María Eva Aebi y el ex policía Juan Calixto Perizzotti.
Los cuatro acusados ya fueron condenados en 2009, en una causa por delitos de lesa humanidad, en la que al ex juez Brusa le dieron 21 años de prisión.
Durante el comienzo del juicio, la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, preguntó a los cuatro imputados si estaban dispuestos a declarar y tres de ellos se negaron; según se informó, excepto Ramos que aceptó responder.
Fue en ese momento cuando opinó que «dentro de un año y medio cuando termine el gobierno y Sergio Massa sea presidente, estas cosas van a cambiar».
Ramos, que por «estas cosas» se refería a los juicios por delitos de lesa humanidad, continuó: «Hay un sometimiento de la Justicia al poder político bajo la amenaza de que el juez que no se somete va a ser sometido a jury».
La presidenta del tribunal le respondió: «Los jueces sólo estamos sometidos a la Constitución. Usted está haciendo declaraciones injuriosas».
Más de un centenar de personas se agrupó frente a la sede del Tribunal Oral Federal, ubicada en el microcentro de la ciudad de Santa Fe, con carteles y pancartas de las agrupaciones H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, Inadi, Asociación de Ex Presos Políticos y del gremio Amsafe.
En este marco, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Horacio Coutaz, dijo que «desde 2009 que apoyamos estos juicios, ya tuvimos 15, cuando antes esto era impensado, y todavía quedan deudas pendientes».
«A medida que avanzan los testimonios en las causas se abren nuevas situaciones, que dan origen a nuevos procesos penales», aseveró.
Por su parte, Patricia Traba, una de las querellantes, afirmó que «esto no termina aquí, los testimonios dan origen a pedidos de investigación, se van abriendo nuevas causas porque las víctimas del terrorismo de Estado son incontables».
«Esta es la manera de que no vuelvan a pasar las cosas que nosotros vivimos», indicó Traba y agregó que «esta es otra acusación distinta a este grupo de acusados, pero relacionada a todo lo anterior».
Otro de los querellantes en este proceso, José Villarreal, dijo que «vamos a demostrar que las acciones individuales y en conjunto de este grupo de genocidas eran parte de un plan nacional e internacional, cuyo objetivo era destruir a todos los militantes políticos y sociales de aquella época».
En tanto, la titular del Inadi en la provincia, Stella Vallejos, aseguró que «tenemos todas las expectativas de conseguir la máxima condena para quienes integraron esta construcción colectiva».
«Queremos justicia, y podemos lograrlo porque tenemos un gobierno nacional que lo permite. Se llevaron adelante numerosos juicios con condena efectiva. Quedaron atrás, en un sin vuelta, las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final», acotó.
El Tribunal Oral Federal para este caso está integrado por Lilia Carnero, de Paraná, y los magistrados rosarinos Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe.
El fiscal es Martín Suárez Faisal, los abogados defensores son Claudio Torres del Sel, por Perizzotti, y el defensor oficial Fernando Sánchez, por Ramos, Aebi y Brusa.
En la causa Brusa, primer juicio al que fue sometido, el ex juez federal recibió 21 años de cárcel, en tanto Ramos fue condenado a 23 años, Perizzotti a 22 y Aebi a 19, por privación ilegal de la libertad y tormentos a presos políticos, entre otros delitos.
En ese proceso fueron condenados también los ex comisarios Héctor «Pollo» Colombini (23 años) y Mario Facino (20 años), ambos ya fallecidos.
Esa sentencia quedó firme el 19 de marzo del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró «inadmisible» un recurso presentado por la defensa de Brusa, en una resolución de sólo siete líneas firmada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
La respuesta no se hizo esperar
“El pueblo no va a permitir que retrocedan las políticas de memoria, verdad y justicia», le respondió Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Ante la declaración de esperanza por parte del ex policía represor Fresneda se preguntó «qué haría Sergio Massa si fuera presidente y qué opinión le merece el avance histórico que han tenido los juicios de lesa humanidad en Argentina».
En ese sentido, el funcionario nacional remarcó en un comunicado: «Dudo que un gobernante o alguien que sienta vocación democrática y aspire a ser presidente se atreva a ser cómplice de la impunidad y a atentar contra la democracia y los juicios de lesa humanidad».
«Desde el 2003, cuando Néstor Kirchner planteó la nulidad de las leyes y empezaron las primeras detenciones, distintos sectores que fueron beneficiados por las leyes de indulto, obediencia debida y punto final tuvieron un rol ante la justicia e intentaron a especular con los cambios de gobierno», recordó.
Fresneda advirtió que «se equivoca quien piensa que volver a la Argentina de la impunidad depende sólo de la voluntad de un Gobierno porque, pese a que muchos quisieron ocultar estos hechos durante tantos años, no pudieron lograrlo gracias a la lucha incansable de un pueblo que durante veinte años le exigió a un Estado de derecho que cumpla con sus obligaciones institucionales».
Fuente: Télam
