“Va a contrapelo de la recuperación de derechos que se está dando con las políticas nacionales”, dijo el concejal de Carcarañá Mauro Decándido, consultado respecto del polémico sistema de asistencia social instrumentado por el municipio de esa ciudad.
Peronista y kirchnerista, De Cándido fue intendente de Carcarañá hasta el 2011, cuando asumió la actual conducción del Ejecutivo municipal encabezada por Ramón Pedro Soques, que estableció que los vecinos que soliciten asistencia social deben cumplir una contraprestación laboral a cambio.
“En nuestra gestión nosotros creamos un programa de empleo social municipal en el que conteníamos a unas 300 personas con dificultades para conseguir empleo y que percibían haberes por las tareas que realizaban. Ahora hay solamente 140 personas en ese programa; y por otro lado recibimos muchas quejas de vecinos por esto de las contraprestaciones que les pide el municipio”, indicó Decándido, para quien el polémico sistema actual obedece a “una actitud, una posición política”.
“Para nosotros la asistencia social no es una dádiva o un regalo, es un derecho. Sobre todo las prestaciones alimentarias, son derechos que el Estado debe garantizar, debe velar porque se cumplan para los que por alguna circunstancia se quedaron afuera del mercado laboral; y en esta lógica la contraprestación no tiene ni pies ni cabeza”, consideró el ex titular del Ejecutivo municipal. Y añadió: “Para promover la cultura del trabajo hay otras herramientas, como las capacitaciones del Ministerio de Trabajo y programas como el Progresar, que fomentan el estudio y la formación”.
“Yo fui ocho años intendente y nuestra decisión fue tener políticas activas para garantizar derechos; y hay otros ejemplos puntuales de cómo se hacen las cosas ahora: nosotros habíamos construido una sala velatoria para que la gente sin recursos tuviera donde despedir dignamente a sus seres queridos; pero los vecinos denuncian que para utilizar la sala también les piden contraprestación”, relató Decándido.
El concejal opositor de Carcarañá también analizó que “quienes gobiernan la ciudad creen que este sistema que aplican está bien y con esto le hablan a su público, a su base de sustentación, que creen que los ciudadanos excluidos no tienen derechos, que no los merecen. Hay una parte de la sociedad que avala porque le molestan las políticas sociales; no quiere solucionar la inequidad promoviendo inclusión, sino aislando y castigando”.
