El juez de Nueva York Thomas Griesa declaró este lunes en «desacato» a la Argentina por «incumplir» su fallo en el litigio con los fondos buitre, pero dejó en suspenso la aplicación de una multa de 50 mil dólares diarios. Así lo decidió en una audiencia con abogados argentinos y de los holdouts.
Previamente, el canciller Héctor Timerman había asegurado que «no es concebible una declaración de desacato contra un país extranjero», al confirmar el envío de dos cartas, una al secretario de Estado norteamericano, John Kerry y otra a Griesa.
El ministro se expresó así apenas dos horas antes de que Griesa resolviera declarar en desacato a la Argentina después de un pedido de los fondos buitre, por el rechazo del país a pagarles unos 1.600 millones de dólares tras perder un juicio en los tribunales estadounidenses.
La embajadora ante los Estados Unidos, Cecilia Naón fue la encargada de elevar la nota a Kerry. Según el canciller, «una declaración de desacato contra Argentina es la acción desesperada de los fondos buitre».
En conferencia de prensa, Timerman sostuvo que el Gobierno espera que «las decisiones que se adopten en los Estados Unidos sobre este nuevo acoso judicial de los fondos buitre» no afecte a la Argentina.
Presentación de Timerman
Horas antes de la resolución de Griessa, el canciller Héctor Timerman informó que fueron presentadas dos notas al gobierno de los Estados Unidos y al juez. Timerman aseguró que los diferentes tratados de la ONU y la OEA a los que adhieren tanto Argentina como los Estados Unidos reconocen “la igualdad soberana entre Estados” y advirtió que un potencial dictamen que declare a nuestro país en desacato por el tema de los fondos buitre “no sólo viola de forma manifiesta el derecho internacional sino que es un antecedente que podría ser utilizado en el futuro” contra el país norteamericano.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno este lunes, previa a la declaración del juez norteamericano, el ministro advirtió que según las convenciones internacionales “en ningún caso” puede darse curso a “las medidas de apremio solicitadas por los buitres, sostener lo contrario atentaría contra las formas más básicas de convivencia internacional”.
Timerman informó que Argentina presentó sendas notas al gobierno de los Estados Unidos y al juez Thomas Griesa, en rechazo al pedido de los fondos buitres para que se declare al país en desacato por no cumplir con la sentencia del magistrado norteamericano que obliga al pago de 1.330 millones de dólares.
«Este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo», dijo Timerman en una declaración a la prensa en Casa de Gobierno en la que indicó que «esa pretensión (de los fondos buitre) implica un desconocimiento o una percepción alterada de las normas del derecho internacional vigente».
En la presentación ante el Juzgado de Griesa, titulada «Memorándum de la República Argentina en oposición a la solicitud de las demandantes de declarar a la Argentina en desacato civil e imponer sanciones», Argentina afirma que «la solicitud de las demandantes es legalmente inadmisible, inaplicable y de imposible cumplimiento» y que «debe rechazarse».
Documento presentado a los Estados Unidos
En el texto, se argumenta que «el desacato civil es una herramienta diseñada para forzar a una parte a “depurar” la conducta violatoria de una orden emanada de un tribunal; no es y no puede ser- como las demandantes pretenden aplicarlo aquí- un castigo por una conducta pasada».
«La orden propuesta no resolverá el estancamiento actual que enfrentan tanto las partes como el Tribunal como consecuencia de las medidas cautelares pari passu (que son de imposible cumplimiento) sino que más bien agravará la situación. Sin dudas será utilizado por las demandantes solamente para elevar aún más su retórica negativa de ataques públicos hacia la República. Este no es un uso adecuado de la facultad que tiene el Tribunal para declarar el desacato», asegura.
La nota de 17 páginas que lleva la firma del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, indica además que «el derecho y la práctica internacionales no contemplan dictar órdenes contra Estados Extranjeros» y que la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) «prohíbe la declaración de sanciones de desacato contra Estados Extranjeros».
En tanto, en la nota al secretario de Estado John Kerry, la embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, recordó cómo llevó adelante la Argentina la reestructuración de la deuda y enumeró las decisiones tomadas hasta el momento por la justicia estadounidense que son «contrarias al apoyo que ha brindado la comunidad internacional a la posición argentina y el mismo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos a través de las presentaciones como Amicus Curiae ante sus propios tribunales».
«En el marco del acoso judicial desmedido del que mi país es víctima a través de una orden judicial de cumplimiento imposible, ahora se suma un nuevo y mayor disparate jurídico por parte de los demandantes, quienes el 24 de septiembre pasado solicitaron que se declare en desacato a la República Argentina y se apliquen sanciones en virtud del alegado incumplimiento de las órdenes judiciales», indicó Nahón.
Al respecto, remarcó que «Argentina advierte que es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero ‘en desacato'», que iría en contra de los «principios sobre los que descansa la convivencia internacional» que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas.
«Una declaración de desacato implicaría una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro de los bonistas reestructurados. No se trata solamente de la afectación de derechos de terceras personas, sino de vulnerar aún más la soberanía de la República Argentina», continuó.
Fuente: Télam
