Legisladores, activistas y referentes sociales que militan por la despenalización del aborto asumieron este lunes el compromiso de accionar para que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tenga por primera vez dictamen de comisión en Diputados antes de fin de año. Esta vez el pedido lleva la firma de 64 diputados de distintos bloques.
“Nosotros tenemos una expectativa muy favorable para que la comisión de Legislación Penal abra el debate, porque ésta fue la expresión de mayor compromiso parlamentario de estos nueve años”, aseguró la ex diputada socialista Silvia Augusburger, quien encabezó la conferencia ofrecida este lunes junto con un grupo de diputados, en el marco de la jornada federal para el tratamiento del proyecto que organizó la «Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito», autora de la iniciativa.
“La semana pasada presentamos un escrito formal pidiendo que se trate en Legislación Penal, y la expectativa personal es que en 15 días la comisión le ponga una fecha para que se inicie el debate”, agregó la ex legisladora, tras la presentación realizada este lunes al mediodía en la Plaza de los Dos Congresos, en el marco del Día Internacional de Lucha por el Derecho al Aborto que se conmemora cada 28 de septiembre en América Latina y el Caribe.
El Parlamento amaneció rodeado por largas banderas verdes, el color de la Campaña, con la leyenda “Aborto Legal, una deuda de la democracia” y con tres carpas instaladas en la Plaza de los Dos Congresos, epicentro de diferentes actividades que llevan adelante organizaciones políticas y sociales que apoyan la iniciativa.
“Para nosotros es una asignatura pendiente de la democracia. La primera vez no lo firmó ningún legislador, luego fueron 13, después 30 y ahora nos acercamos a las 70. Creo hay que dar el debate con aquellos sectores que están en contra, porque la penalización del aborto no puede seguir siendo causa de mortalidad materna”, afirmó la diputada del Frente para la Victoria Adela Segarra. Su par Diana Conti, aseguró que la reforma del Código Civil que se debatirá el miércoles en el recinto de Diputados y que ya tiene media sanción de Senadores “es una norma que no interfiere en la despenalización del aborto” y aseguró que “con libertad de conciencia quienes integramos el Frente para la Victoria vamos a acompañar el tratamiento del proyecto”.
“El artículo 19 (del nuevo código civil) que habla de la concepción como forma de inicio de vida no puede interpretarse aisladamente, debe hacerse con el artículo 20, que inscribe a la concepción en el plazo del embarazo y no hay embarazo sin vientre”, explicó.
“Una cosa es el código civil y otro el penal: la criminalización del aborto está en el código penal y no hay ningún impedimento en el civil para despenalizarlo. Además, tenemos abortos que hoy sí son legales, por violación o por riesgo para la salud y vida de la mujer, con el texto del código civil vigente y no hay mucha diferencia de lo que se va a aprobar”, dijo Augusberg.
En cambio, el diputado Néstor Pitrola del Frente de Izquierda, consideró que el nuevo Código Civil “está bloqueando en su artículo 19 el derecho al aborto”, postura que comparte la Campaña y otros legisladores de la oposición.
Por su parte, el diputado Claudio Lozano de Unidad Popular aseguró que “es una vergüenza que sigamos escuchando argumentaciones antiabortistas, que en la práctica lo único que hacen es seguir validando un mercado millonario y clandestino que lucra con la vida de las mujeres”.
En tanto, la diputada del Frente Amplio Progresista, Victoria Donda, quien está embarazada, aseguró que “todas las mujeres en este país tenemos que tener el derecho a decidir”. Entre las agrupaciones participantes estuvieron Amnistía Internacional, Mujeres en Lucha, Movimiento Popular La Dignidad, Socorristas en Red y Mujeres Rojas, entre otras.
Manuela Castañeira, referente de Mujeres Rojas aseguró que “la criminalización por aborto y la prohibición de acceder al derecho de decidir es una forma más de violentarnos a las mujeres”.
Por su parte, la referente feminista Sonia Sánchez aseguró que el Estado “nos debe todavía devolver el cuerpo para decidir cuándo abortar, cuántos hijos parir y cómo parirlos», y pidió un “debate franco que nos restituya nuestro cuerpo” y termine con el negocio del aborto clandestino.
El proyecto en cuestión plantea que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional y sin plazos para los casos de violación, riesgo para la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.
En Argentina, se calcula que entre 350.000 y 500.000 mujeres abortan anualmente de manera clandestina, práctica que, según estadísticas de la OMS, es la responsable del 13 por ciento de las muertes maternas.
Proyecto de adhesión provincial
La cámara de diputados de Santa Fe recibió el 18 de septiembre un proyecto de resolución por iniciativa de la legisladora Mariana Robustelli, para expresar «el beneplácito y adhesión» al proyecto de ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que este lunes la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pidió su tratamiento en el Congreso nacional.
Según la diputada provincial Mariana Robustelli, debatir y sancionar el presente proyecto permitirá “avanzar en la soberanía del cuerpo de las mujeres, o sea decidir sobre nuestro propio cuerpo”, además que esto evitaría “la muerte de miles de mujeres pobres, que se realizan abortos clandestinos de manera riesgosa y terminaría con el negocio montado en las clínicas privadas que lo realizan clandestinamente”.
Para finalizar, la legisladora expresó que “la aprobación de esta iniciativa promueve el debate social sobre esta problemática, desterrando prejuicios, estigmatizaciones y dogmas religiosos” .
