La Afsca apeló este jueves la medida cautelar dictada por el juez Horacio Alfonso que dictaminó la suspensión por un período de seis meses de la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios.
Ante la decisión del juez Alfonso de lugar al pedido de Clarín, la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual recurrió a la Justica para apelar la medida. La medida despertó críticas de funcionarios, juristas y del propio Martín Sabbatella.
La medida cautelar implica la suspensión de la resolución 1121/14 de la Afsca, que establece el vencimiento del plazo para la adecuación voluntaria del Grupo Clarín a la ley 26.522 y el inicio del proceso de transferencia de oficio de las licencias en las que se excede esa compañía.
Meses atrás, y después de cuatro años de que la ley no se aplique para Clarín, el grupo presentó un plan de adecuación voluntaria y en octubre la Afsca lo objetó por considerar que en las empresas en las que pretendía dividirse el multimedios existían “vinculaciones incompatibles con la normativa vigente”, y por eso, se decidió dictar una adecuación de oficio.
En su resolución el juez consideró que la resolución de la Afsca “no se debatió de forma suficiente” en el Directorio del organismo.
En diálogo con Télam, el titular de la Afsca le respondió a Alfonso: «No es válido que el Poder Judicial opine cuándo y cómo debate el Directorio de otro poder del Estado. Esto es que la Justicia le ata las manos a los organismos del Estado, que tienen que aplicar una ley de la democracia».
«Nos preocupa que una parte del Poder Judicial no se anime a enfrentar los intereses corporativos. La justicia tendría que ayudar a que se cumplan las leyes, no generar resoluciones que permiten que se evadan», afirmó.
El titular de la Autoridad prosiguió sosteniendo que «lo real es que Magnetto quiere violar la ley, no la quiere cumplir en pos de sostener su situación de privilegio lesionando la democracia; y el poder judicial debería evitar que esto suceda».
Sabbatella recordó, además, que desde que se sancionó la ley en 2009, y debido a medidas cautelares, «el primer año estuvo suspendida totalmente; luego, y durante tres años más, fue suspendida en sus capítulos de adecuación; y hace un año la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró constitucional de punta a punta. Por eso Clarín tuvo que presentar su plan de adecuación».
Por su parte, el abogado Eduardo Barcesat, que ofició como “amicus curiae” del Gobierno durante la audiencia convocada por la Corte Suprema, cuestionó la medida ordenada por el magistrado y sostuvo que se trata de “un acto de sumisión de un juez al poder económico».
“No se entiende el sentido del fallo, sobre todo porque hablamos del mismo juez que en diciembre de 2012 avaló la constitucionalidad de la ley. No se entiende por qué ahora cambia de opinión”, sostuvo el letrado, y agregó: “Hay una lectura forzada de parte del juez en este fallo. No está bien definido el objeto procesal y por eso creo que existe prejuzgamiento”.
“Pareciera que estamos ante un acto de sumisión de un juez al poder económico. Básicamente porque no se entienden los argumentos. Además, el juez no se pronuncia sobre los plazos establecidos por la Ley”, apuntó.
En ese sentido, el abogado afirmó que “Clarín tuvo tiempo de sobra para adecuarse a la Ley y que la Afsca intimó en dos ocasiones al multimedios para que se apegue a los plazos establecidos”.
