Según datos de la Procuración Federal, en los últimos nueve años se dictaron 136 sentencias: 31 están firmes. Hay 16 juicios en curso y 120 causas que esperan debate. Más de la mitad de los imputados está detenido en cárceles y un 40 por ciento permanece en prisión domiciliaria. Los prófugos son 45.
Entre 2006 y lo que va de 2015, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas y 50 fueron absueltas. El estado de situación muestra que hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país. Entre éstos, hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate. Las víctimas judicializadas en todo el país son más de diez mil. Y existe un total de 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas.
Las cifras son el resultado del relevamiento actualizado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat y con la coordinación de Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país que intervienen en estos procesos.
En las vísperas del 39° aniversario del Golpe de Estado, los números se enmarcan en un contexto de preocupación de los fiscales de todo el país por recientes sentencias adversas al avance del proceso de verdad y justicia, en especial respecto de sectores civiles -empresarios y judiciales- vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado.
En efecto, llamaron la atención de los miembros del Ministerio Público las faltas de mérito que beneficiaron en las últimas dos semanas a los empresarios azucareros Carlos Blaquier y Alberto Lemos, al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot; al ex jefe de Redacción de Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; y a los directivos de Clarín, La Nación y La Razón en la causa Papel Prensa; y el sobreseimiento del ex secretario judicial de Bahía Blanca Hugo Sierra.
En rigor, las faltas de mérito que se concatenaron en pocos días en diferentes puntos del país estiran los plazos de los procesos y al mismo tiempo anulan la posibilidad de seguir investigando a casi cuarenta años de los hechos, pues supondrán la obligación de buscar nuevo material probatorio -en procesos que a esta altura cuentan con sólidos elementos- en caso de que sean confirmadas por las cámaras federales. Los números del informe de la Procuraduría muestran las consecuencias del paso del tiempo: 39 de los condenados han fallecido y 28 imputados procesados fueron apartados de las 120 causas que esperan juicio. «No hay datos de las víctimas sobrevivientes y familiares que murieron sin que se hiciera justicia», remarcó Varsky.
Esta semana la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar al resto de los actores del proceso y a diferentes instituciones de la sociedad civil, para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del país.
El informe señala que la cantidad de imputados detenidos es 970 y que, de acuerdo a la modalidad de detención, esa cifra se desagrega de la siguiente forma: el 57 por ciento (557) está alojado en unidades penitenciarias; el 40 por ciento (384), en domicilios; el 1,5 por ciento (15) en dependencias de fuerzas de seguridad; el 0,5 por ciento (7) en hospitales; y en otro 0,5 por ciento (7) de los casos se carecen de datos.
En tanto, 98 personas tienen falta de mérito y otras 37 fueron indagadas pero aún no se resolvió su situación procesal. Los prófugos suman 45, dos de ellos evadidos después de condenados.
De los 16 juicios que se están llevando a cabo actualmente en todo el país, trece de ellos están a cargo de tribunales orales y otros tres en manos de jueces federales de primera instancia, con la aplicación del viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP), que prevé juicios escritos.
La cifra de 456 causas en trámite en todo el país no incluye a las que fueron acumuladas a un mismo expediente, dando lugar a las llamadas “megacausas”, ni tampoco a aquellas en las que aún no existen imputados identificados. De todas ellas, la mayor parte, un 31 por ciento (144), tramita en juzgados federales de primera instancia en la etapa de instrucción, mientras que un 30 por ciento (136) tiene sentencia.
En este esquema, un 26 por ciento de las causas (120) están elevadas a juicio, en otro 9 por ciento (40) los fiscales formularon el requerimiento de elevación a juicio (40), es decir, que están a punto de ingresar al lote de las elevadas y finalmente hay un 4 por ciento (16) en juicio.
El 30 por ciento restante lo constituyen las 136 sentencias dictadas entre 2006 y lo que va de 2015 en todo el país. Los años con mayor cantidad de pronunciamientos fueron 2012 y 2013, que registraron 25 cada uno.
Menos de una cuarta parte de esas sentencias están firmes. En total, en ese estado hay 31: 27 de ellas, por resolución de la Corte Suprema, mientras que otras cuatro adquirieron firmeza en la Cámara Federal de Casación, por no haber sido recurridas.
En relación con las instancias de apelación de estos 136 pronunciamientos, un 46 por ciento tienen veredicto o sentencia del tribunal oral (63), un 33 por ciento tiene sentencia de la Cámara de Casación y de la Cámara Federal, en el caso de los pocos juicios que tramitan por escrito (45), y un 1 por ciento (1) tiene sentencia de un juzgado de primera instancia dictada en el marco de un proceso reglado con el CPMP.
Fuente: Fiscales.
