Ante la detención en Jujuy de Milagro Sala, el Museo de la Memoria de Rosario divulgó un comunicado de repudio a la medida judicial y exigiendo la liberación de la dirigente social.
El texto completo del comunicado es el siguiente:
«El Museo de la Memoria de Rosario se suma a las voces de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, exigiendo libertad para Milagro Sala y los demás detenidos por razones políticas y/o gremiales.
El 16 de enero fue detenida en Jujuy Milagro Sala, dirigente del movimiento Tupac Amaru. Se le imputa, junto a Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Cardozo, de la coautoría de los delitos de «instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real», a partir del supuesto de haber persuadido a personas «mediante arengas, señalamientos, ademanes y gestos», a ocupar una plaza, lo que según autoridades judiciales restringió la libre circulación de vehículos.
También se la acusa del delito de sedición por, según el acta de la detención, «alzarse públicamente junto con los acampantes que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución».
El Museo de la Memoria de Rosario no puede dejar de expresar su preocupación ante tan claro hecho de criminalización de la protesta social y de repudiar la actitud autoritaria del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, quien declaró ante medios de comunicación que hoy, 18 de enero, se procederá a desalojar el acampe de la plaza frente a la gobernación, ubicada en la capital Jujeña.
La posibilidad de protestar en contra de las medidas de los gobiernos está contemplada constitucionalmente, así como el derecho humano a la libertad de expresión. De acuerdo con un comunicado elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-, «Si se siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutierrez, con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de gobierno podría implicar el delito de alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial».
De allí se desprende la fuerte preocupación que genera la vulneración de derechos fundamentales ante el claro desinterés de ciertos sectores de la dirigencia política por sostener los valores democráticos que tanto ha costado reconstruir. A casi cuarenta años del último golpe de Estado cívico militar, no podemos dejar de señalar que cualquier intento de represión y censura de la protesta social debe ser repudiado de inmediato, al igual que todo tipo de aplicación ilegítima del derecho penal».
