El caso Infojus y su posible reemplazo. Las más de 10 mil investigaciones periodísticas, datos y fallos judiciales borrados de un plumazo. El deterioro respecto a la calidad y el acceso a la información pública sobre cuestiones que hacen al interés de la nación.
Hasta el año 2011, toda la información jurídica era publicada por un sistema informático cuya accesibilidad dependía del pago de un arancel. A partir de setiembre de ese año, y gracias a un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, cualquier persona podía acceder gratuita e irrestrictamente a la información jurídica del país a través del portal digital www.infojus.gob.ar, que se ofrecía como un servicio público de información jurídica, bajo la órbita del Sistema Argentino de Informática Jurídica dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Todo cambió desde el 10 de diciembre de 2015.
A través de este decreto de 2011, se reconoció como obligación indelegable del Estado, garantizar el acceso igualitario a la información jurídica y se consideró que sólo puede ser cabalmente cumplida a través de la determinación de la gratuidad de la base de datos INFOJUS, realizando una política de Estado orientada a profundizar el acceso igualitario al conocimiento del derecho y la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad para la democratización de contenidos jurídicos.
Como parte de esta acción, en mayo de 2013 se lanzó la agencia Infojus Noticias, un portal de noticias judiciales que contribuía con la identificación de las novedades jurídicas. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas, y desde su creación se publicaron 14.098 artículos, cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos.
El gobierno de aquel entonces valoró la existencia de un patrimonio jurídico intelectual y la necesidad de preservarlo para ponerlo al alcance de todos los ciudadanos, destacándose como el primer portal jurídico gratuito del mundo. Esta medida se complementaba con la creación de una biblioteca virtual que ofreciera libre y gratuito a todos sus contenidos desde cualquier computadora, sin clave de usuario ni otras condiciones; los 28 centros de consulta que se abrieron en todo el país y la creación de la primera Convocatoria para investigaciones jurídicas de la que participan 62 proyectos y más de 500 investigadores.
Sin embargo, el 10 de diciembre de 2015, con las nuevas autoridades, se desplazó la conducción de la Agencia, despidiendo a una decena de periodistas. Adicionalmente, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83 por ciento del archivo de noticias, algo inédito en un medio de comunicación. En efecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, decidió eliminar del portal Infojus Noticias más de diez mil investigaciones periodísticas y datos relevantes como fallos judiciales, principalmente relacionadas con Mauricio Macri y vinculados a la gestión Pro en la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos medios de comunicación han informado sobre esta acción de gobierno, aportando datos y testimonios al respecto advirtiendo que, según informaron sus trabajadores, sobre un total de casi 15.000 artículos publicados desde 2013, sólo podía accederse en la actualidad a poco más del 10 por ciento. La temática de la información borrada está vinculada, por ejemplo, a temas de violencia institucional, violencia de género, lavado de dinero o civiles imputados en delitos de lesa humanidad. Entre los contenidos levantados para los lectores aparecen temas sensibles para el presidente Mauricio Macri, como su imputación por espionaje ilegal como Jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda o la relación de la familia de la primera dama con talleres de costura clandestinos.
Entre las notas “desaparecidas” estaban las relacionadas con el despido de delegados de Shell y fallos judiciales que intimaban al entonces presidente de la empresa, Juan José Aranguren, ahora titular del Ministerio de Energía y Minería. También fue borrada una serie de artículos sobre una maniobra para cobrar ilegalmente bonos de la dictadura y estafar al Estado nacional que denunció la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en la que está imputado el escribano Nicanor Moreno Crotto, a quien Macri designó coordinador de Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete.
También bajaron títulos como: “Cómo hacía el HSBC para ocultar la ruta del dinero”, “El HSBC, un banco en la mira de la Justicia por lavado de dinero”, “A un año de la represión en el Borda: 10 imágenes para no olvidar”, “Escuchas ilegales: rechazan el pedido de sobreseimiento de Mauricio Macri”, “Clarín lidera la lista de empresas argentinas en el HSBC de Suiza” y varias notas sobre los bomberos muertos en Iron Mountain o las pruebas de que el incendio fue intencional.
En la actualidad, circula la versión de que Infojus Noticias se reemplazará por un portal que se llamará 2020noticias, porque según entiende el actual gobierno «Infojus va a pasar por una profunda reforma para hacerlo más pluralista”. Otros, en cambio, consideran que se está privando de información pública que forma parte del acervo histórico y cultural de la sociedad civil, por lo que vale considerar entonces que haberlas sacado de la web resulta un acto de censura y un ataque a la libertad de expresión.
Resulta oportuno hacer un llamado a la reflexión sobre esta manera de gestionar el Estado (como suele decir el Presidente y sus colaboradores), ya que esta no parece ser una acción aislada; tal como manifiestan los propios actores, se están borrando o eliminando archivos y documentos que, hasta hace poco, estaban siendo procesados y estudiados en dependencias y organismos públicos creados para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad.
Resulta un modo muy particular y llamativo de pensar y concebir la democracia que, como decía el ex presidente, Juan Domingo Perón, ocurre como con la generosidad: muchos quieren que los demás la practiquen, a fin de hacer más provechoso su egoísmo.
* Fundación Pueblos del Sur
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