En medio de las especulaciones sobre cómo podía fallar, y luego de que un juzgado federal de La Plata anulara el tarifazo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió este martes informes al Poder Ejecutivo sobre «aspectos sociales y económicos» del servicio, y le dio un plazo de diez días para responder. En Rosario, este jueves habrá marcha a Litoral Gas.
Entre otras cuestiones, la Corte solicitó al gobierno nacional que “explique cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la ley 25.561” y “el impacto que esta evolución ha provocado en la prestación del servicio”.
Los repudios y presentaciones judiciales contra los tarifazos fueron creciendo en todo el país, hasta que un juzgado federal de La Plaza ordenó suspender la suba en el servicio de gas. Situaciones similares se dieron en otros tribunales provinciales con respecto a la electricidad.
En Rosario este jueves a partir de las 19.30, la Multisectorial contra el Tarifazo, junto a organizaciones políticas y sociales, llamó a concentrar en la sede de Litoral Gas, ubicada en la esquina de Mitre y San Lorenzo. El objetivo es hacer “un ruidazo” para expresar el malestar por las suba en la boleta del gas.
En varios puntos del país ya comienzan a escucharse voces contra los tarifazos. Junín fue noticia en la semana por la protesta de sus vecinos frente al municipio, enojados ante las dificultades para abonar servicios básicos.
Pedido de informes
Este martes, tras la expectativa generada por lo que podía resolverse, la Corte dio diez días al gobierno nacional para responder una serie de requerimientos e informaciones con las cuales se espera que en agosto tome una decisión sobre la cuestión de fondo. El texto del tribunale fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), donde se puede leer completo.
“Explique los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas contemplados en las Resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 y la Resolución ENARGAS N° I-3730/2016 y la relación de dichos aumentos con las pautas contenidas en el contrato de concesión”, requirió el tribunal supremo, que además solicitó que se “especifique fundadamente la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en análisis”.
“Explique el impacto que la Resolución MINEM 99/2016 produce en las Resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 y cómo quedaría conformado el esquema tarifario final”, pidió y añadió: “especifique las razones que llevaron a establecer el tope que surge de la mencionada Resolución MINEM 99/2016. Asimismo, informe cómo operará, sobre qué importes se aplicará y qué incidencia tiene dicho tope sobre el monto final de la factura a pagar por el usuario.”
El máximo tribunal del país pidió que el gobierno también explique “los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de dicha tarifa”, y que además “especifique los criterios que orientan la aplicación, o no aplicación, de la tarifa social para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, en particular las directamente vinculadas a las economías regionales.”
“Informe si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones según la distancia en relación con los centros de producción, transporte y distribución y, en su caso, explique los fundamentos técnicos que justificarían esas modificaciones», solicitó en otros de los requerimientos.
“Informe si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias o segmentaciones según los ingresos del usuario y, en su caso, de los demás miembros del grupo familiar con el que cohabita”, solicitó la Corte al cierre de su resolución, en la que fija al gobierno un plazo de diez días “para dar cumplimiento de los informes que se solicitan”.
Altos topes
Este lunes, ante el repudio de diversos sectores y el avance de las diferentes presentaciones judiciales, el gobierno nacional volvió hacia atrás algunos pasos (caminó diez y retornó tres) con relación a los incrementos tarifarios y anunció topes a los aumentos. “Voy aprendiendo, como todos”, el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Lejos del supuesto “el mejor equipo del mundo” con el que se anunciaba el PRO durante la campaña electoral, Peña reconoció –al igual que el ministro de Energía Juan José Aranguren días atrás– que en las políticas tarifarias “voy aprendiendo como vamos aprendiendo todos”.
Además, el ministro comunicó en conferencia de prensa que “en octubre se realizará la audiencia pública para culminar el proceso de normalización de la adecuación tarifaria del servicio de gas, para lograr un sistema ordenado, previsible y equitativo”.
También adelantó que el Gobierno presentará un recurso extraordinario para que no se aplique el fallo de la Cámara Federal de La Plata, hasta tanto quede resuelta la situación de fondo y evitar así que se suspenda la aplicación de la tarifa social.
“Este camino lo tenemos que ir recorriendo juntos, cuidando a los más débiles”, agregó el jede de ministros desde Casa Rosada, donde estuvo acompañado por sus pares de Energía Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano. “No podemos importar más gas que el que ya importamos, lo que tenemos es lo que hay”, justificó Peña.
Como ya es costumbre, por esta medida el funcionario nacional responsabilizó a la “herencia” de la gestión anterior y culpó a “la imprevisibilidad del clima”, al sostener que “abril y mayo fue el bimestre más frío de los últimos 60 años”.
