Mientras la Justicia cordobesa aceptó el amparo en relación con los tarifazos y las audiencias públicas presentado por Apyme, legisladores nacionales por Santa Fe presentaron un recurso en un juzgado federal de Rosario. Ambas presentaciones se refieren al intento del gobierno de Mauricio Macri de incrementar las tarifas de gas.
Con el patrocinio del abogado Luciano Tamous, los diputados nacionales Marcos Cleri y Josefina González, y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, del Frente para la Victoria, presentaron este martes un recurso de amparo contra las resoluciones del Enargas que convocan a audiencia pública para tratar la situación del servicio de provisión de gas natural, en el marco del tarifazo que había dispuesto el gobierno nacional y fue frenado por la Corte Suprema de Justicia.
La presentación fue ante el juzgado federal Nº 2 de Rosario y cuestiona las resoluciones que convocan a la audiencia pública por “impedir la participación de ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe”, remarcó Tamous.
“Tal como está convocada, la audiencia sería solo en Buenos Aires, que también es el único lugar donde pueden inscribirse los interesados en participar. Esto impide la participación de usuarios y también de gente que tiene mucho para aportar en un debate sobre las tarifas y el servicio de gas, como los representantes de asociaciones de consumidores que han estudiado a fondo el tema, o como por ejemplo los familiares de las víctimas de la explosión de calle Salta, que ante la tragedia que sufrieron y en su lucha contra la impunidad obtuvieron muchísima información sobre todo lo relacionado con esto”, señaló el abogado patrocinante del recurso presentado por los legisladores.
Tamous también remarcó la legitimidad de los legisladores a la hora de asumir la presentación. “Es una locura decir que diputados y senadores no pueden ser titulares de presentaciones colectivas. Qué más representatividad que la de quienes son elegidos por el voto popular. Si aplicamos esa lógica, los legisladores tampoco van a poder legislar”.
Al anunciar la presentación finalmente concretada este martes, Cleri solicitó que “se convoque a audiencias públicas en las ciudades sede de las 9 distribuidoras regionales que hay en el país; y que las inscripciones se hagan en las 17 delegaciones con que cuenta el Enargas en las distintas provincias abarcadas”.
El recurso presentado por Apyme
En tanto, el juez federal Nº 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, de la ciudad de Córdoba, resolvió, “declarar formalmente admisible la acción colectiva intentada, en defensa de los derechos e intereses del colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines que pudieran verse afectados” por las normas que determinaron el costo del gas en este año.
El magistrado fundó su decisión, sosteniendo que en el amparo presentado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) “se encuentran acreditados los requisitos previstos por el Alto Tribunal para la procedencia formal de la acción colectiva iniciada”.
Asimismo, Vaca Narvaja agregó que, en la admisibilidad admitida del amparo colectivo deducido cumple todos los recaudos previstos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como propio de las situaciones de “derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos”.
De este modo, el juez señaló que el amparo lleva la pretensión de la declaración de nulidad de todas las resoluciones dictadas por las que se produjeron los aumentos de las tarifas de gas y por ende se peticiona que “se declare nulo todo aumento a los cuadros tarifarios derivados en el tema y con motivo de las regulaciones que se impugnan”.
En la acción interpuesta se busca que se ordene a las demandadas –Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Energía y Minería y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas)–, “se abstengan de requerir y/o perseguir el cobro de cualquier suma de dinero que surja de las tarifas derivadas de las normas impugnadas”, y que no se considere válidas las audiencias públicas que no se realicen “con los modos, formas y garantías que deben tener las audiencias públicas”.
En la decisión judicial también se remarcó que “se ordene que las demandadas confeccionen un nuevo esquema de precios y tarifas para los servicios públicos de suministro de gas, de manera razonable, gradual, proporcional y equitativo”.
Apyme señaló, a través de un comunicado: «Esta situación, al margen que representa un éxito y un golpe decisivo en la defensa de nuestros intereses, abre la puerta para que en la provincia de Santa Fe, podamos actuar de manera similar en relación a las tarifas que la EPE impone, y que se encuentran desde hace muchos años entre las más caras del país».
Por último, la entidad empresaria manifestó: «Sugerimos a todos los pymes y micro-pymes, socios y no socios, de Santa Fe y región se contacten a través de nuestro correo, para sumar su apoyo al reclamo», y recordó que el correo electrónico de la institución es apymesantafe@hotmail.com
