La obra pública es uno de los clichés que el gobierno de Mauricio Macri utiliza para ilustrar la presunta corrupción generalizada del período kirchnerista. Se apoya en dos columnas argumentales: por un lado, el bochornoso hallazgo de millones de dólares en efectivo en poder del ex secretario del área, José López, fondos cuyo origen sería el cobro de sobreprecios por obras otorgadas en forma ilegal. Por otro, el procesamiento del empresario Lázaro Báez, acusado de ser parte de un dispositivo montado por Néstor y Cristina Kirchner para cobrarle coimas en concepto de retorno al favorecerlo facilitándole el acceso a la ejecución de un sinnúmero de obras públicas. En el último razonamiento, el constructor santacruceño, además, habría evadido y lavado dinero procedente de esa operatoria, para de ese modo concretar el pago de la “mordida”, enmascarándola en el alquiler de habitaciones de un hotel propiedad de la familia Kirchner en El Calafate.
Nada de eso ha sido probado hasta el momento. La obscenidad de las imágenes que muestran a López ingresando dólares, relojes y un arma a un monasterio donde fue recibido por una monja de clausura, y el conteo de billetes en una financiera propiedad de Báez, puede herir la susceptibilidad de millones de televidentes y usuarios de redes sociales, pero en modo alguno esos videos encuentran anclaje en delitos tipificados en el código penal.
Por ese motivo, las escabrosas escenas del convento y la prosaica manipulación de billetes en La Rosadita debieron ser minuciosamente guionados en las redacciones de algunos medios hegemónicos, que interpretaron según sus hipótesis previas cada cuadro y cada movimiento de los actores circunstanciales. No es que no puedan existir delitos que incluyan a esos sujetos, sino que la Justicia debe contar con otros elementos para probarlo, porque sólo con esos no alcanza para procesar a alguien.
En ese trámite se encuentran jueces y fiscales prácticamente desde que asumió Macri, pero los escasos avances que hubo para inculpar a ambos detenidos en modo alguno han servido para establecer una conexión que involucre a CFK como partícipe de un hecho delictivo en sociedad con los procesados.
Dicho todo esto, queda por analizar el universo elegido por “el mejor equipo de los últimos 50 años” para realizar la ofensiva moral contra el kirchnerismo.
Territorio conocido
Las obras y servicios públicos son las fuentes de ingresos casi exclusivas del emporio montado por Franco Macri desde su llegada a la Argentina como un modesto inmigrante italiano. La historia de SocMa SA es archiconocida y detallada en esta misma edición, de modo que sólo se menciona en esta columna como punto de apoyo para reflexionar por qué es ese tópico el elegido por la administración de Cambiemos para estigmatizar todo el período 2003-2015, lo que incluye todas las políticas públicas, aunque no estén vinculadas a las concesiones de obra pública a empresas privadas.
El desgastado proverbio que recomienda para disimular la presencia de un elefante en una avenida, llenarla de paquidermos; ayuda a entender algunas intervenciones de funcionarios, legisladores y dirigentes macristas en los pocos espacios televisivos o radiales en que se les pregunta por los favores a empresarios ligados al oficialismo en torno de obras con presupuestos millonarios en dólares. Las respuestas son calcadas, y llevan el sello de haber sido ensayadas en los retiros espirituales a que son afectos los Macri boys: “Luego de doce años de corrupción kirchnerista todo parece que es corrupto”.
Como en el caso de la pobreza, el grado de explicación o aclaración de cualquier macrista consultado a propósito de esos temas, es cero. Les parece que con la mención de los elefantes en la avenida, que sólo ellos ven, les alcanza para enmascarar al elefante propio, que todos podrían visualizar si no fuera porque la mayoría de los medios llenan las pantallas de enormes paquidermos distractivos. Si a ello se suma que una de las premisas en los medios hegemónicos es la desaparición del concepto de repregunta, el círculo de impunidad se cierra con total eficiencia.
Por diferentes razones, la oposición no discute el relato macrista de la corrupción kichnerista. El massismo lo considera funcional y a menudo aporta su punto de vista, interesado, por supuesto, ya que muchos de sus integrantes más visibles fueron parte de alguno o de los tres gobiernos que precedieron a Macri. Pero incluso el peronismo que sigue defendiendo el proceso político inaugurado el 25 de mayo de 2003, no ha sido eficiente al intentar desmentir la novela que Jaime Durán Barba elaboró al describir una administración K dedicada con exclusividad al asalto de las arcas públicas.
El cross de CFK al relato M
La única que logró embocar con un cross en la quijada a esa ficción fue Cristina, y lo hizo de una manera sencilla de entender, fácil de poner al tope de la agenda informativa si la honestidad primara en las empresas de medios, y de obligada ejecución por parte del gobierno macrista si éste no tuviera el culo demasiado sucio.
La propuesta de la ex presidenta es que se lleve a cabo una exhaustiva auditoría sobre toda la obra pública licitada durante el período 2003-2015, sobre lo cual, en uno de los pocos espacios donde se dio lugar al tema–el programa Economía Política, de C5N–, Cristina sostuvo: “Durante mi gobierno se invirtieron 107 mil millones de dólares en obra pública de todo tipo. Una auditoría seria pondría negro sobre blanco si hubo sobreprecios, y si los hubo, quiénes los pagaron, quiénes los cobraron, y fundamentalmente, cuáles fueron las empresas más beneficiadas en todo ese proceso”.
La ex mandataria sobrevoló un territorio que el macrismo no quiere ver ni a través de los satélites Arsat-1 y 2. Recordó que la compañía que se ubica en el segundo lugar entre aquellas a las que más obras les fueron adjudicadas es la que preside Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Macri.
Pero además, la firma SocMa SA subcontrató a su vez buena parte de esos trabajos a la constructora de Lázaro Báez, que rankea en un lejano puesto 14° en el listado de consorcios bendecidos por el Estado nacional.
Fuera de algún marginal, como el diputado Daniel Lipovetsky, quien insiste en asegurar que esa auditoría ya fue hecha, ninguno de los ministros o principales funcionarios del gabinete nacional siquiera opinó sobre la conveniencia de deslindar responsabilidades reales acerca del gran mito de la obra públika korrupta, instalado por quien comenzara a amasar su monumental fortuna merced a una relación más que turbia con la última dictadura cívico-militar, precisamente en el área que comandó durante 12 años el bolsero José López.
Fuente: El Eslabón
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