Trabajadores de medios autogestionados pidieron ser tenidos en cuenta en los proyectos de regulación de la distribución de publicidad del Estado nacional que se discuten en el Congreso.
En el primer semestre de este año, fueron más de 800 millones de pesos. Ese es el monto de la pauta publicitaria del Estado nacional, cuya distribución siempre fue objeto de polémica y hoy parece estar cerca de regularse a través de una ley nacional. Al menos, en el Senado se están tratando cinco proyectos en ese sentido. Y las Comisiones de Libertad de Expresión y de Hacienda y Presupuesto dedicaron cinco reuniones a escuchar a distintos actores ligados a la cuestión. Entre quienes pudieron expresar sus posturas en el último de esos encuentros, el pasado miércoles, se contaron representantes de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra), de la que forma parte la cooperativa La Masa que produce este periódico.
A la hora de exponer la postura de la Federación, su presidente, el riojano Julio Delgado, enfatizó que la comunicación es un derecho humano y un servicio público, y que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había marcado un cambio de paradigma en ese sentido: «Para poder asumir y defender este derecho, entendemos que el Estado nacional, según está establecido por la Constitución, es su garante». Desde esa concepción, pidió que en la futura norma, los medios cooperativos sean expresamente mencionados y tenidos en cuenta como destinatarios de pauta oficial, lo mismo que otras expresiones comunicacionales por fuera de las empresas privadas.
Días antes de esta reunión en el Senado, Fadiccra había repudiado el criterio seguido por el actual gobierno nacional en la asignación de las partidas para publicidad, de las que el principal receptor fue el grupo Clarín y hubo buena parte destinada a empresas extranjeras ligadas a internet como Google y Facebook. En la reunión con los senadores, Delgado recordó que “los estudios difundidos por algunas consultoras muestran que la pauta publicitaria del Estado nacional representa menos del 10 por ciento del total de la inversión publicitaria que reciben los medios. La inversión privada se maneja con una lógica de mercado, apunta a las principales urbes con el objeto de instalar productos y servicios. Nosotros concebimos que el aporte que realice el Estado nacional debe conducirse bajo otro paradigma, porque la comunicación es un derecho universal”.
En el mismo sentido se expresó Javier Borelli, presidente de la cooperativa que recuperó el diario Tiempo Argentino, otro de los oradores en la reunión del último miércoles en el Senado. Borelli pidió que el “alcance de un medio no sea el único criterio” a tener en cuenta a la hora de distribuir la pauta. “Si solo midieramos audiencia estamos dejando de lado amplios sectores de la comunicación”, remarcó.
Lo de no volcar también el grueso de la publicidad estatal en las grandes empresas, que ya se llevan la mayor parte de la mucho más nutritiva torta publicitaria privada, fue reivindicado además -cada uno con matices propios- por Julio Flores, de la Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa (Ajutpren) y Jorge Calvetti, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Jorge Kurle, de Canal 6 Digital de Misiones, Matías Longoni, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y Gustavo Gonzalez, de Editorial Perfil.
En cambio, Carlos María Molina, de Cadena 3 de Córdoba y Martín Echevere, de Clarín, expresaron otro criterio. “Audiencia y alcance de los medios son base para asignar pauta”, dijo Echevere, montado sobre la situación dominante del grupo que representa, construida a partir de la cuestionada apropiación de la empresa Papel Prensa bajo el amparo de la última dictadura.
