La jueza Mónica Lamperti, que interviene en la megacausa por casos de estafas inmobiliarias, dictó la prisión preventiva a nueve de un total de once imputados de asociación ilícita, fraude inmobiliario y lavado de activos. El ejecutivo de La Capital, Pablo Abdala quedó imputado, pero obtuvo la excarcelación bajo fianza.
La megacausa que investiga Lamperti contempla operaciones con dinero proveniente tanto de estafas como de narcotráfico en el marco de una asociación ilícita. La audiencia imputativa que se desarrolló este martes fue la más extensa desde que entró en vigencia el nuevo sistema penal.
La situación de Abdala
Como resultado de la audiencia, entre otras decisiones, el gerente general del diario La Capital de Rosario, Pablo Marcelo Abdala, fue imputado por lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos le achaca al ejecutivo del diario perteneciente al Grupo Uno, que se entregó el viernes pasado a la policía tras permanecer prófugo desde el miércoles, participar de la compra y posterior venta de un campo de 124 hectáreas cuya propietaria había sido estafada.
El objetivo del pasamanos, según la acusación, era dotar de “aparente legalidad” la transferencia de un bien que había sido obtenido de forma ilícita.
Concretamente, Abdala adquirió el 4 de julio de 2014 a medias con el contador rosarino Marcelo Basilio Jaef –también imputado en la causa- un inmueble rural de 124 hectáreas por 3,2 millones de pesos, cuando según una tasación oficial solicitada por los fiscales posee un valor de mercado de 18 millones de pesos.
El campo es propiedad de Ana Josefina Luppi, cuyo hijo advirtió que había sido vendido al intentar descargar de internet los aforos del impuesto inmobiliario rural.
Según la investigación de los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, el falso corredor inmobiliario Juan Roberto Aymo obtuvo del escribano Eduardo Martín Torres un poder apócrifo de Luppi para vender el campo.
Las pericias efectuadas al documento indicaron que las firmas de Luppi eran falsificadas. El 31 de marzo de 2014 Aymo vendió el inmueble rural a un sindicalista llamado Maximiliano González De Gaetano por 3 millones de pesos, y escriturado por el escribano Juan Bautista Aliau.
De acuerdo a la imputación, apenas tres meses después de haberlo adquirido De Gaetano le vendió en partes iguales el campo a Abdala y Jaef, quienes a su vez lo transfirieron 27 de mayo de 2015 al agente financiero Jorge Oneto por 3,5 millones de pesos, precio considerado “vil” por los fiscales.
Para los fiscales, dicha venta se realizó “con el objetivo de que el mismo siguiera circulando en el mercado y adquiriera apariencia de origen lícito”.
El 2 de septiembre del año pasado el campo volvió a ser vendido: esta vez Oneto se lo transfirió a una persona identificada como Juan Marcelo Borgui –ligado a una inmobiliaria local que pensaba lotearlo para hacer un parque industrial- por 1,6 millones de dólares.
Los fiscales consideraron que la última transacción fue efectuada de buena fe, atento a que el precio acordado corresponde con los valores de mercado, por lo que Borgui no fue acusado en el juicio.
El gerente de La Capital declaró que participó de la operación porque le había prestado dinero a Jaef –a quien lo une una larga amistad- y que no conoce a los demás implicados en el caso. Sin embargo, las escuchas telefónicas adjuntadas a la causa indican que el ejecutivo del diario rosarino funcionó como testaferro –así lo indica él mismo en una conversación telefónica- de Leandro “Lelo” Pérez, un ex novio de la vedette Vicky Xipolitakis que intervino como intermediario de dos de las ventas del campo, sin figurar en los documentos.
Para infortunio de los acusados, la mujer a la que le quitaron el inmueble rural presuntamente mediante un ardid delictivo, es viuda de Ernesto Navarro, un ex camarista de Rosario ya fallecido.
En una de las escuchas, uno de los imputados dialoga con un abogado local, que le dice: “¿Sabés de quién era ese campo? De la mujer del camarista Navarro. Y todo el Poder Judicial la va a defender. Porque esto se lo afanaron”.
Finalmente, tanto Abdala como el escribano Luis María Kurtzemann fueron beneficiados con lo que el abogado del primero, Iván Hernández Larguía, calificó de «mal menor»: ambos obtuvieron libertad condicional tras el pago de 800 mil pesos de fianza, con restricción para ausentarse del país y bajo el compromiso de presentarse cada quince días ante sede judicial. Los dos siguen imputados hasta la concreción del juicio oral.
Los otros implicados
La jueza Lamperti escuchó a los acusados durante largas quince horas, en una audiencia que arrancó a las 9 de la mañana del martes, y dictó recién a la medianoche del martes, antes de que venciera el plazo estipulado en el nuevo sistema penal, la prisión preventiva a nueve de los once imputados de asociación ilícita, fraude inmobiliario y lavado de activos, con dinero proveniente tanto de estafas como de narcotráfico.
Los otros imputados, a los que se les dictó la prisión preventiva, son Juan Roberto Aymo y su pareja Ramona Isabel Rodríguez; los escribanos Juan Bautista Aliau y Eduardo Torres; Jonatan Zárate; el agente bursátil y desarrollador inmobiliario Jorge Oneto; el contador Marcelo Jaef, Maximiliano González de Gaetano y Leandro Perez.
Para los nueve imputados que permanecen detenidos, la medida tiene carácter efectivo y va de los 30 a los 60 días, con la única excepción de Ramona Isabel Rodriguez, a quien se le permitió que cumpla la prisión preventiva en su domicilio porque tiene está a cargo en forma exclusiva de un hijo de apenas cinco años.
