Ante la cercana caducidad de un importante número de licencias de explotación del servicio de taxis, el Concejo Municipal ya estudia un proyecto para proteger las fuentes de trabajo de los taxistas.
La iniciativa de la concejala Daniela León se ocupa de las licencias explotadas por los titulares: “En octubre nos reunimos con mujeres taxistas que nos plantearon el problema de la pronta extinción de sus licencias. El decreto que entregó licencias en 1980 no puso un término a la vigencia de los derechos de explotación, y la ordenanza 8.099 -sancionada más recientemente- les dio un plazo de diez años”, explicó la presidenta del Concejo.
León agregó: “En pocos meses íbamos a tener rosarinos con igual necesidad de trabajar pero con derechos diferentes para hacerlo y por eso propusimos modificar su articulado. Pero también tenemos un grupo igualmente numeroso de licencias que van a caducar dentro de pocos años, y que fueron otorgadas por la Ordenanza 8997, de manera que anticipamos el problema y también propusimos su corrección”.
El proyecto de la edila radical pone a salvo de la caducidad a las personas físicas que adquirieron y explotan las licencias gracias a las ordenanzas 8.099 y 8.097: “Nuestra intención es defender la fuente laboral de las familias. Las normas deben dar a todos los titulares de licencias y peones de taxis los mismos derechos y en el caso de un servicio como éste, significa que las personas físicas, titulares de un servicio deben tener los mismos derechos y obligaciones. De lo contrario la regulación protegería a algunos ciudadanos y perjudicaría a otros”.
Las reformas a las normativas propuestas por León alcanzan a 570 licencias, de un total de 860 creadas con plazo de vencimiento por ambas ordenanzas.
La concejala resaltó que entre esas licencias hay un porcentaje que se destinó a personas con discapacidad para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad: “Es una Convención reconocida por la Carta Magna” –explicó, para agregar luego: “También hay licencias que se adjudicaron a mujeres para atender la problemática ocupacional de las trabajadoras que siempre tienen una situación más inestable en el mercado laboral. Fueron todos instrumentos de política pública que se introdujeron para mejorar el servicio de taxis y a la vez promover mayor equidad en el acceso a los puestos de trabajo. No podemos permitir que simplemente se extingan. Los motivos que llevaron a poner plazo de caducidad deben ser revisados, porque el impacto en los medios de subsistencia de muchas familias es importante”.
