El Gobierno nacional presentó un pedido de juicio político contra los dos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que firmaron el fallo que aprobó la paritaria de la Asociación Bancaria. El apriete fue firmemente rechazado por el gremio.
De ese modo, el Ministerio de Trabajo de la Nación reaccionó luego de que la Asociación Bancaria le torciera el brazo en la pulseada por el cumplimiento de la paritaria que el gremio ya había acordado con las entidades financieras.
El acuerdo paritario de los bancarios es en un caso testigo, puesto que había sido aceptado por el 80 por ciento de las patronales, pero el Gobierno intentó no homologarlo. Eso provocó que el sindicato se presentara ante la Justicia, donde obtuvo el fallo favorable firmado por los camaristas Arias Gibert y Marino, lo cual obligó a Triaca a firmar la homologación de la paritaria.
Este lunes, funcionarios de la cartera que comanda Jorge Triaca presentaron el pedido de juicio político contra los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, que integran la sala del fuero laboral durante la feria judicial, y que habían ordenado al Gobierno de Mauricio Macri que debía abstenerse de intervenir en la paritaria dándole la razón al gremio.“Techos tienen las casas. Los trabajadores tenemos paritarias”, había expresado el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, luego de la firma en el Ministerio de Trabajo.
El pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura se exige la destitución de los camaristas bajo los cargos de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”.
Precisamente, desde la Asociación Bancaria repudiaron la decisión y consideraron que se trata de “un hecho de inusitada gravedad institucional que merece nuestro repudio”.
El gremio de Palazzo manifestó su solidaridad con los jueces, de quienes sostuvieron que sufren “un hostigamiento que violenta el orden constitucional”.
También expresó su repudio la Agrupación Nacional de Abogados de Trabajadores, que dejó constancia de su «profunda preocupación respecto de las amenazas y amedrentamiento a los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por parte del Ministro de trabajo Jorge Triaca».
La entidad, además, añadió que la movida del Gobierno “habla a las claras del intento de sometimiento de los jueces del trabajo a las políticas flexiblizadoras, en un marco de continuo ataque a la justicia Nacional del trabajo».
