Desde la Festram acusaron al intendente Jorge Placenzotti de dejar “al borde de la cesantía” a una trabajadora embarazada que fue “encontrada inconsciente y con graves signos de violencia”. Denuncian “un castigo hacia la víctima”.

A través de un comunicado, la Federación de Sindicatos Municipales (Festram) denunció públicamente al intendente de San Carlos Centro, Jorge Placenzotti, por disponer 30 días de suspensión a una empleada de esa Municipalidad que fue encontrada por sus compañeros de trabajo sin conocimiento y con graves signos de violencia corporal. La trabajadora está embarazada y fue sancionada por su presencia en el lugar de trabajo sin autorización, quedando al borde de la cesantía.

“En un hecho sin precedentes, Placenzotti –quien debió garantizar la protección del Estado ante una situación de violencia que sufrió una trabajadora embarazada– adoptó la forma de castigo hacia la víctima, la cual se encuentra amenazada institucionalmente y, por ende, restringida para efectuar la denuncia correspondiente que permita el esclarecimiento de los sucesos”, señala el escrito.

“En momentos donde la sociedad en su conjunto está dando una lucha sin tregua contra los femicidios y la violencia de género, resulta intolerable que un funcionario público proceda a castigar administrativamente a la víctima tendiendo un manto de encubrimiento a los responsables”, sostienen desde la Festram, y agregan: “La compañera fue encontrada inconsciente en su lugar de trabajo, luego de estar varias horas desaparecida, con lesiones graves en su cuerpo. Luego hospitalizada y atendida en una clínica de la localidad”.

El comunicado relata que ante este episodio, “las autoridades municipales intentaron hacerse de la ropa, llaves y efectos personales de la víctima, lo que fue impedido por decisión del personal médico. Inmediatamente, y ante el fracaso de obtener supuestas pruebas las autoridades municipales dispusieron la suspensión antedicha, para luego iniciar el sumario administrativo, argumentando que la presencia de la trabajadora impedía la investigación por no estar autorizada en el lugar de trabajo y con ello dejarla al borde de la cesantía”.

“En las próximas horas, además de efectuar los reclamos administrativos pertinentes, solicitará la intervención de la Fiscalía correspondiente y de todos los organismos estatales vinculados a esta dramática situación. Asimismo espera las actuaciones de oficio de las áreas oficiales que deben atender y proteger a las víctimas en las circunstancias públicamente denunciadas, como así también solicitará la colaboración de todas las instituciones de la sociedad civil para garantizar la protección a la víctima y el esclarecimiento de los hechos”, concluye.

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