El edil Eduardo Toniolli exigió al gobierno nacional que revea la cuestionada decisión de dar baja a pensiones no contributivas por discapacidad, y denunció que se quitan “unilateralmente y sin derecho a defensa”.
El concejal justicialista presentó este martes en el Concejo Municipal una declaración reclamando al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación volver atrás con la decisión de dar baja de pensiones no contributivas por discapacidad, por aplicación del Decreto 432 del año 1997.
“Desde principio del 2017 a la fecha, unilateralmente y sin derecho a defensa, se dieron de baja 83.000 pensiones (por invalidez, a la vejez y a madres de 7 hijos). Las bajas y suspensiones se dieron sin previo aviso: cuando los beneficiarios fueron a cobrar se encontraron con que el dinero no estaba. No fueron notificados ni tampoco se les solicitaron antecedentes para aclarar la situación patrimonial”, reprochó.
En este sentido, Toniolli citó un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que indica que sólo el 30 por ciento de estas suspensiones se rehabilitan. Además, las rehabilitaciones tardan 8 meses en resolverse, aunque la causa sea un error de sistema.
“Vale señalar que las personas con invalidez suelen utilizar el auto (uno de los argumentos para la baja) como única forma de movilidad, por la falta de accesibilidad del transporte público”, aclaró.
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