El gobierno nacional anunció con bombos y platillos un nuevo Pacto Fiscal con todas las provincias menos San Luis. El gobernador Miguel Lifschitz dio su aval a cambio de una promesa: en marzo de 2018 La Rosada dirá cómo y cuánto paga de su deuda con Santa Fe.
Finalmente, los gobernadores provinciales cedieron a las presiones del gobierno nacional y habrá nuevo Pacto Fiscal. Lifschitz se había mostrado poco optimista en la semana para arribar a un acuerdo, pero con una promesa del pago de la deuda por coparticipación (sin mayores especificaciones), le torcieron el brazo.
“Tras largas negociaciones firmamos el acuerdo con Nación, poniendo como condición que el día 31 de marzo de 2018 tiene que estar establecido el monto y la forma de pago de la deuda de coparticipación que tienen con Santa Fe”, adelantó el gobernador en su cuenta de twitter.
Por su parte, el presidente Mauricio Macri celebró el acuerdo alcanzado con los jefes provinciales para establecer un nuevo Pacto Fiscal que lleve a un mayor control del gasto público y a una baja de la presión impositiva en todo el país.
“Se que ha habido incomodidades, pero todos sabemos que tenemos una responsabilidad enorme y no podemos esperar porque hay cuestiones de pobreza y empleo que debemos resolver”, dijo el jefe de Estado al sentarse a la mesa con los mandatarios provinciales. “Estamos convencidos de dar un gran paso adelante, no es fácil un acuerdo de este tipo con puntos de partida tan distintos”, reconoció.
El anuncio oficial, tuvo como voceros al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, quienes brindaron algunos detalles del pacto. Los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; Misiones, Hugo Passalacqua, y Tierra del Fuego, Rosana Bertone flaquearon los anuncios.
Según Dujovne el acuerdo fue rubricado por “todas las provincias, a excepción de San Luis, que puede sumarse a los firmantes”.
De acuerdo a las referencias oficiales, por el acuerdo las provincias resignarán sus juicios contra la Nación, y renunciarán a continuar los 56 juicios en marcha por 340 mil millones de pesos, a cambio de un bono de 80 mil millones, con una tasa de interés del 6 por ciento. La provincia de Buenos Aires retirará la demanda por el Fondo del Conurbano y el Ejecutivo le transferirá 40.000 millones el año que viene y 65.000 millones a partir de 2019.
Tras largas negociaciones firmamos el acuerdo con Nación, poniendo como condición que el día 31 de Marzo de 2018 tiene que estar establecido el monto y la forma de pago de la deuda de coparticipación que tienen con Santa Fe
— Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 16 de noviembre de 2017
La única que no acordó desistir de causas de coparticipación contra la Nación fue la provincia de San Luis.
De acuerdo a un repasó realizado por el diario Ámbito Financiero, las provincias se comprometieron a realizar, entre otros, los siguientes ajustes y modifiaciones a sus regímenes internos:
Bajar impuestos “distorsivos” (Ingresos Brutos y sellos) por 1,5 por ciento del PBI en los próximos 5 años.
Los gobernadores adherirán al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal.
Acuerdo por el Fondo del Conurbano: se da de baja el artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias. Buenos Aires desistirá del reclamo y será compensada con $ 40.000 millones en 2018 y $ 65.000 millones en 2019.
Juicios: todas las provincias, menos San Luis, acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno Nacional (340.000 millones las provincias y 400.000 millones de Buenos Aires).
Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto.
Impuesto al cheque: irá 100% a la Anses.
Jubilaciones: se avanzará en la actualización trimestral y por inflación. Además, se acordó garantizar el 82 por ciento pero sólo del salario mínimo vital y móvil para quienes hagan un aporte efectivo de 30 años y se avanzará en la eliminación de las de privilegio (aunque no se especificó en detalle) .
Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit.
Las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una ley de “responsabilidad fiscal” en los municipios de cada una de sus jurisdicciones.
