La Cámara baja aprobó un pedido de informes para que el gobierno provincial explique las responsabilidades que le caben a las partes por la extinción de mutuo acuerdo del contrato de concesión de la Autopista Rosario-Santa Fe.
En la última sesión del período ordinario de la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes del diputado provincial del Partido Progreso Social y presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria-PJ, Héctor Cavallero.
La iniciativa solicita al gobierno provincial que informe cuál es el grado de avance respecto de los procedimientos definitivos de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes (o, incluso a terceros) en la Extinción por Mutuo Acuerdo del Contrato de Concesión de la Autopista Santa Fe- Rosario, que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de responsabilidad en tal decisión.
En el mismo sentido, requiere que “se indiquen los elementos y antecedentes evaluados para llevar a cabo la selección para la contratación directa por parte del ministro de Infraestructura y Transporte en nombre del gobierno de la provincia de Santa Fe, de los servicios de Cassagne Abogados (Cas SRL) por la suma de 61.235 dólares más un extra de 217 dólares por hora de asesoramiento, a lo que sumó los servicios del ingeniero Miguel Gueydan por un monto de 678.138 pesos, con lo que totaliza una cifra superior a 1.700.000 pesos como mínimo, para evaluar la extinción de concesión mencionada”.
El legislador explicó que “el gobierno provincial encomendó al Ministerio de Infraestructura y Transporte, para que en un lapso de 180 días disponga la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de la responsabilidad en la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión, así como los eventuales créditos y deudas recíprocas derivados de la extinción del contrato de concesión por peaje para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación , mantenimiento, administración , gerenciamiento y explotación de la autopista provincial”.
Al respecto, Cavallero sostuvo: “Todas las incógnitas planteadas por el Gobierno provincial fueron resueltas previamente por organismos que gozan de la confianza de todos los santafesinos, como son el Instituto de Estudios del Transporte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y el contador público Guillermo Español, por la Cátedra de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Es así que oportunamente manifestaron, en sus informes, conclusiones que ponen de manifiesto la gravedad de los incumplimientos de la concesionaria”.
Por último, el Tigre consideró que “a pesar de lo dictaminado por los auditorios de la UNR antes mencionadas, el hecho de contratar un estudio de abogados y un consultor privado por la suma trascendida es un exceso sin justificativo alguno y por un monto desproporcionado, ya que la suma abonada a la universidad fue muchas veces menor. En consecuencia, las únicas explicaciones dadas para tal decisión, de parte de las autoridades fuero, de «contar con una mirada privada» según expresaron en los medios, argumentos vagos y difusos”.
