La cacería desplegada en la madrugada del jueves por el juez Claudio Bonadio no tiene otro propósito que el disciplinamiento de todas las fuerzas políticas y gremiales que resisten las reformas draconianas que el régimen de Mauricio Macri le quiere imponer a la sociedad argentina.
Bonadio es apenas un peón de ajedrez que va por la prisión de Cristina Kirchner porque lo ordena el dispositivo político, mediático y judicial que gobierna en los hechos.
Dictar la prisión preventiva de Cristina por la firma del Memorándum con Irán, pedir su desafuero, y detener al líder de Miles, Luis D’Elía, al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y al ex dirigente de Quebracho Fernando Esteche, constituye uno de los episodios más graves de persecución política en toda la historia argentina, comparable tan sólo con las criminales experiencias de las dictaduras de 1955 y 1976, pero con el agravante que lo protagoniza un gobierno que surge de las urnas.
Como se publica en esta edición de El Eslabón, Macri ya viene desarrollando un despiadado apriete mafioso contra los gremios que se resisten a dejar pasar las reformas laboral, previsional y tributaria, las cuales no representan otra cosa que la revancha de los sectores dominantes, que quieren recuperar lo que consideran les fue arrebatado en los doce años y medio que gobernó el peronismo de Néstor y Cristina Kirchner.
Si hay algo que dejó bien en claro el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en su carta al secretario de DDHH Claudio Avruj al referirse al “creciente deterioro del Estado de Derecho”, fue el carácter real del sistema: “Nuestra democracia no es plebiscitaria, o sea que, conforme a nuestras leyes, todo gobierno democráticamente electo debe ejercer el mandato popular dentro de los límites normativos constitucionales e internacionales”. Este régimen se está llevando puestas todas las garantías y derechos consagrados en la Carta Magna. Y no le pesa en absoluto.
Es ése el denigrado marco elegido para sentar la penosa jurisprudencia iniciada con el también infame apresamiento de Amado Boudou. Bonadio saca a relucir el pedido de desafuero de la ex Presidenta arguyendo que por sus contactos «puede entorpecer la causa», el mismo razonamiento que se usó para hacer efectiva la prisión del ex vicepresidente.
El argumento es infamante porque soslaya que la influencia que tienen para eludir el debido proceso Macri y parte de su Gabinete, quienes afrontan causas en calidad de imputados e incluso procesados, es infinitamente mayor que la que pueden ejercer los ex funcionarios de la anterior administración.
Éste es el Gobierno que quiso meter a dos ministros de la Corte Suprema por decreto y por la ventana. El que apretó desde Clarín a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó publicando el celular personal de su hija. El que quiere mandar en un “cohete a la luna” a centenares de personas que forman parte de una lista negra que molestan a Macri. El que sin mínima vergüenza institucional ordena detener de madrugada dirigentes opositores, permitiendo que sean fotografiados en ropa de cama y descalzos y que sean disfrazados con cascos y chalecos antibala para escarnio público.
Sólo a los ingenuos puede sorprender el accionar de una gestión en cuyo más alto nivel se encuentra el primer Presidente de la historia que asumió procesado, sin jurar por la Patria, y con antecedentes de contrabandista.
Sin embargo, pretender que ese personaje sea el que encabeza un proceso de “limpieza política”, basado en la ética republicana y el apego a las instituciones no corresponde a personas ingenuas sino a mentes criminales que han decidido poner en escena un simulacro de legalidad para esconder los negocios que son su razón de ser.
La denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, definiendo la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán como traición a la Patria en el último tramo del Gobierno anterior, y la aceptación de ese status por parte de la administración actual y de Bonadio, pone al Estado de Derecho al borde de un precipicio.
El Memorándum fue aprobado en el Congreso por diputados y senadores, y sobre la propia figura con que se persigue a CFK y al resto de los imputados, hay que remitirse –nuevamente– al jurista Zaffaroni, quien señala la improcedencia de “pretender que puede cometerse el delito de traición a la Patria cuando no hubo guerra, contra la definición limitativa expresa de la Constitución Nacional vigente desde 1853 y jamás discutida por nadie y tampoco usada antes contra nadie”.
Con la complicidad de los medios hegemónicos y un sector de la Justicia federal que no trepida en asestar carpetazos contra políticos y sindicalistas que resisten las reformas de la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical, el régimen macrista viene abriendo desde diciembre de 2015 una Caja de Pandora que muchos de sus funcionarios saben cómo puede terminar: los muertos de diciembre de 2001 los deberían hacer reflexionar.
