Además de contrafáctico, resulta tortuoso imaginar qué hubiera pasado si el anterior gobierno hubiese puesto en marcha un dispositivo político, mediático y judicial para apretar a los opositores y obligarlos a que apoyen las políticas públicas que se llevaron adelante entre 2003 y 2015. ¿Cómo elucubrar la posibilidad de que el kirchnerismo, asociado a Comodoro Py y a –por poner dos ejemplos– los diarios Tiempo Argentino y Página 12, se atreviera a apretar al bloque del PRO, la Unión Cívica Radical, el socialismo, el GEN, los partidos provinciales e incluso al peronismo disidente, publicando carpetazos que deriven en investigaciones judiciales o a la inversa, armando causas que luego levanten esos medios “amigos”?
En cierto modo la propia historia parlamentaria de los doce años y medio de kirchnerismo invalida ese ejercicio de imaginación, puesto que la oposición votó en contra de los proyectos oficiales casi siempre, al punto que jamás aprobó un Presupuesto enviado por el kirchnerismo al Congreso, se opuso a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, Asignación Universal por Hijo, reestatizaciones de Aerolíneas, Aguas e YPF, la eliminación de las Afjp, la reestructuración de la deuda externa, la reforma judicial, entre otras iniciativas.
No es que no existiera un sector importante del fuero federal que históricamente falla en consonancia con los gobiernos de turno, ni faltaron acuerdos entre la administración de Néstor Kirchner y Clarín, por ejemplo, para que saliera adelante la fusión de Cablevisión y Multicanal, uno de los manchones que deben computarse en el período.
Tampoco sería bueno ignorar que la relación entre Nación y Estados provinciales estuvo contaminada por las presiones de la primera, que pretendía devoluciones políticas como contrapartida de los recursos que se volcaban en obras públicas y fondos líquidos. Parte de ese toma y daca hay que atribuirlo a los campeones de la institucionalidad que en su momento abrocharon la reforma constitucional que pretendía Carlos Menem para ser reelecto, que incluyó aquel combo denominado Núcleo de Acuerdos Básicos, rubricado por el menemismo, la UCR y los partidos provinciales, y la Ley de Coparticipación Federal, que opera como un cerrojo, puesto que para modificarla es necesario que se pongan de acuerdo todas las provincias, un objetivo imposible de cumplir a causa de los variados, complejos y contradictorios intereses entre las provincias.
Dicho lo anterior, y con la certeza de que algunos tópicos quedaron sin mencionar por falta de espacio, jamás se vio en los años previos a la llegada del macrismo al poder el nivel de asfixia que el Gobierno federal aplica a los Estados provinciales; la brutal extorsión sobre los mismos para que firmen el “Consenso Fiscal” y la reforma tributaria; el fenomenal despliegue de recursos para brindar sustentabilidad económica artificial a las gestiones de la CABA y provincia de Buenos Aires y permitirles que jueguen con desvergonzada ventaja en el terreno político electoral, y el aberrante disciplinamiento de la oposición política y gremial, a través de amenazas, carpetazos o armado de causas judiciales, todo ello respaldado por el accionar cartelizado de los medios de comunicación oligopólicos.
En la actual coyuntura, ese dispositivo perverso y antidemocrático se percibe claramente en la puja derivada del ataque que el Gobierno de Cambiemos decidió llevar adelante contra las legislaciones laboral y previsional, y para retocar los sistemas fiscal y tributario, merced a un paquete de reformas que es resistido por un novedoso conglomerado de gremios que incluyen a las dos CTA, la Corriente Federal Sindical y el grupo de sindicatos que responde al dirigente camionero Pablo Moyano.
De ese arco de espacios, el último representa el peor dolor de cabeza para Macri, por un lado porque esperaba que no se aliara al resto, y porque el peso político que tiene el moyanismo en el seno de la CGT, sumado al entramado de gremios que lideran Hugo Yasky, Pablo Micheli y Sergio Palazzo, representan un contrapeso durísimo al triunvirato que integran Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. Por eso, el CEO mayor, que encima está apretado por los grandes jugadores del lobby empresario para que saque las reformas que abaraten los costos laboral y previsional, salió a la caza del hijo de Hugo.
Un Gobierno en modo Cosa Nostra
El miércoles 29 de noviembre, en una de sus notas referidas a la resistencia de vastos sectores gremiales a las reformas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri, el diario La Nación tituló: “Pablo Moyano: «Vamos a dar pelea cada vez que el Gobierno intente llevarse por delante a los trabajadores»».
Dos días más tarde, Clarín titulaba: “Otro desafío para Hugo Moyano, en su momento de máxima tensión con el Gobierno”. La volanta rezaba “Violencia en el fútbol”, y en la bajada de ese artículo, referido a una investigación llevada adelante en el club Independiente, del cual el camionero padre es titular, el diario de Héctor Magnetto completaba la información: “En ambientes gremiales se leyó la detención de Noray Nakis como una respuesta a la protesta gremial del miércoles”.
El encabezado de esa nota no tiene algo que envidiar a un mensaje de la Cosa Nostra: “La masiva protesta del 22 de agosto pasado de la CGT contra el Gobierno tuvo un resultado concreto: esa misma noche Mauricio Macri echó a dos funcionarios que habían llegado al Poder Ejecutivo con el respaldo de los gremios. Pasaron tres meses y monedas hasta la siguiente movilización sindical masiva contra el Gobierno. Fue en la la tarde del miércoles pasado. Unas horas después, en la madrugada de ayer, fue detenido el vicepresidente primero de Independiente, Noray Nakis”.
En los siguientes párrafos, Clarín hace explícito lo ya evidente: “Aunque lineal, en sectores sindicales interpretaban que la detención del vicepresidente de Hugo Moyano debía leerse en esa clave: que se le envió un mensaje directo al líder camionero….”. “Su hijo Pablo Moyano, número dos de Camioneros y secretario gremial de la CGT, fue el máximo impulsor, al menos en público, de la protesta del miércoles contra las reformas laboral y jubilatoria. Otro de sus hijos, Facundo, participó de la marcha. Y otro de sus hijos varones, el abogado laboralista Hugo Moyano, fue uno de los que en privado más argumentó en contra de la reforma laboral”.
La maniobra de pinzas sobre la familia Moyano la cerró –por ahora, porque se esperan nuevos capítulos de esta saga–, el inefable Joaquín Morales Solá en su editorial del domingo 3 de diciembre, titulada “Macri, frente a dos argentinas”.
El periodista tucumano, a quien las formas ya no inquietan, descerrajó una frase despiadada, desprovista de toda vergüenza institucional, y claramente vinculada a la investigación judicial sobre las tropelías de la barra brava del club de Avellaneda: “Es probable que el Gobierno no haya impulsado ese escándalo. No importa. Moyano creerá siempre que sí lo hizo. Si las investigaciones de OCA le sacan la mitad del sueño, la otra mitad se la usurpa la pesquisa de Independiente. Un entrecruzamiento de llamadas de celulares, que está haciendo la Justicia, podría terminar vinculando a la barra brava del club con el sindicato de camioneros y con su familia. Moyano teme, al fin y al cabo, que en alguna madrugada toquen la puerta de su casa y no sea el lechero”.
Los Buenos muchachos de Martin Scorsese y la Famiglia Corleone de Francis Ford Coppola se hubieran puesto colorados. Y las épocas en que golpeaban las puertas a la madrugada y no era el lechero –esto Morales Solá lo sabe bien– parecían haber pasado hasta que llegó el régimen macrista.
Recursos periodísticos
En el marco de la batalla que viene dando el movimiento obrero organizado al resistir las criminales reformas del macrismo, los medios hegemónicos vienen usando –en forma escandalosa– viejos recursos de apriete.
Clarín fue pionero en utilizar diversos recursos periodísticos en sus publicaciones con el objeto de orientar al lector hacia sus intereses político-empresariales. Por ejemplo, ha hecho uso y abuso de las negritas para destacar nombres propios, expresiones o frases, casi siempre con connotación negativa.
En su versión digital, para remitir a las notas relacionadas –la mayoría de los medios las ubican al final o al costado de sus artículos– Clarín apela a situar entre párrafos, a modo de destacado breve, y en modo imperativo, un recurso que denomina “Mirá también”. No sugiere, manda a leer.
Pues bien, en casi todas las notas referidas al posicionamiento de Pablo Moyano respecto de las reformas laboral y previsional que envió el macrismo al Congreso, la web de Magnetto recomienda enérgicamente –con la consigna “Mirá también”– revisar los siguientes títulos:
- Los Moyano, en la cuenta regresiva
- Independiente: así atacó a balazos el Polaco Petrov a la Policía
- En las escuchas de los barras aparece mencionado Pablo Moyano
- Otro desafío para Hugo Moyano, en su momento de máxima tensión con el Gobierno
No existe forma para el lector de no vincular la lucha gremial con el accionar delictivo de la barra de Independiente que investiga “la Justicia”.
Lo mismo ocurre con las “etiquetas”, o palabras clave que se utilizan en cada nota y ayudan al lector a poner en contexto la información, recurrir a esos vocablos a través del hipertexto para informarse mejor. Por lo general, el medio elige aquellos términos que realmente ayudan a completar, si fuera necesario, la información. Hay palabras que, aunque hayan sido utilizadas en el cuerpo central del artículo, no son marcadas como etiquetas, porque no aportan centralmente a orientar al lector.
Clarín, sin embargo, aunque se trate de una nota gremial, si el protagonista no es “amigo”, incluye como palabra clave cualquiera que tenga connotación negativa y haya sido usada en el texto.
El domingo, Clarín metió todos esos recursos en una sola nota. Bajo el título “Reforma laboral: el Gobierno buscará forzar una sesión para aislar a Hugo Moyano en la CGT”, se despachó con una bajada que movería a risa si no fuera por lo que se juega en materia de derechos laborales: “En la central sindical entienden que este año el proyecto ya no sale, pero igual el oficialismo quiere tratarlo en la Cámara Alta. Apuestan a debilitar al camionero y a dejarlo pegado a los K”.
Siempre según Clarín, “la relación de (Hugo) Moyano con Mauricio Macri varía entre «mala» y «fría»”. Los escribas de Magnetto agregan que hasta hace un año, “el interlocutor que el sindicalista tenía con el macrismo era el actual vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli. Pero el funcionario porteño se enfocó en la gestión, y la relación del oficialismo con el camionero quedó ahora en manos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el presidente de Boca, Daniel Angelici”.
Por si hiciera falta completar el mensaje mafioso, una de las fotos que ilustran el artículo del pasado domingo lleva el siguiente pie de foto: “Hugo Moyano charla, en octubre pasado, con el presidente de Boca, Daniel Angelici, y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA”.
En tren de la utilización de recursos para apretar a quien sea necesario, en la misma edición del domingo 3, Julio Blanck tituló “Los Moyano, en la cuenta regresiva”, y ya en la bajada, advirtió de qué iba su editorial: “Una versión fuerte habló de la detención de Hugo Moyano. Cómo juegan la reforma laboral, OCA y la pelea con Macri”.
El veterano guerrero clarinista amplió: “Tan potente era el rumor, que desde una oficina del Gobierno llamaron a la CGT para aclarar que ellos no tenían nada que ver, que era una cuestión de la Justicia. Pidieron que ese mensaje llegara a Moyano. No está claro si el aviso fue transmitido”.
Blanck fue quien confesó que durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Clarín practicó “periodismo de guerra”. Está claro que en el Grupo nadie se sacó el casco ni entregó el fusil.
Lo que se viene
Macri y su jefe de gabinete Marcos Peña quieren que las reformas laboral y previsional salgan sí o sí antes de fin de año. A la angurrienta vocación de ajuste que ya tiene de por sí el Presidente y su Gabinete se suma la presión que ejercen sobre ellos las cámaras patronales, la banca global, el FMI y el Banco Mundial.
Un ejemplo de ello lo vivió el propio mandatario hace menos de un mes en Nueva York, cuando la jefa del HSBC para América Latina, Katia Bouazza, le tradujo “el pensamiento de Wall Street” respecto de las reformas encaradas luego de las elecciones legislativas: “Para creerle a la Argentina, el Gobierno debe demostrar que los cambios tienen el apoyo de la oposición y de la mayoría del pueblo”. La banquera agregó, sin que le tiemblen los párpados: “Si no, seguiremos observando, sin llegar a hacer inversiones en la economía real”.
La apretada de los banqueros a Macri coincide con la ofensiva que el régimen de Cambiemos desató sobre las provincias, la “oposición responsable” –peronista y de la otra–, el kirchnerismo y los sindicatos, en sus respectivas variantes.
Por eso es que Clarín salió a oficiar de vocero del Ejecutivo nacional y sentenció que “pese a las señales en contra, la hoja de ruta del Gobierno para el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral se mantiene inalterable: buscarán que el proyecto sea tratado en el Senado en la última semana del año. En principio, la determinación oficial choca contra la advertencia pública de Miguel Pichetto, jefe de la bancada del PJ, de que la reforma no avanzaría ya que en la propia conducción de la CGT entienden que «ya no queda tiempo material» para que la iniciativa sea aprobada antes de fines de 2017”.
Para el Gran Diario Argentino, “detrás del genuino interés de la Casa Rosada en que el proyecto se trate, hay otra intención para forzar su tratamiento: el oficialismo juega a dejar aislados a Hugo y a Pablo Moyano en la CGT, y a «mostrar» que la resistencia de ambos a la reforma laboral obedece a un «negocio y no a principios», en referencia al interés de padre e hijo en evitar la quiebra de la empresa postal OCA”.
La apuesta del tándem Macri-Peña es que “la CGT podría quedar «degradada» como interlocutora («asumieron un compromiso que no pueden cumplir», dicen en un despacho oficial) y con que los Moyano quedarían «pegados» al kirchnerismo en el rechazo al proyecto de reforma laboral. El miércoles, Pablo Moyano impulsó una protesta al Congreso contra la iniciativa junto a gremios K”.
Lo que no tiene en cuenta el Gobierno es que de tanto tensar la cuerda podría forzar a los gremios aún dubitativos a inclinar la balanza hacia el plato donde se pararon los dirigentes que en el plenario de la Corriente Federal Sindical en Luján definieron la marcha que metió a más de 300 mil personas en el Congreso.
Ya los propios triunviros de la CGT plantean que la presión de Macri es insostenible, y que la reforma laboral no podrá ser tratada antes de fin de año, pese a lo cual el oficialismo ambiciona que si logra llevar el proyecto al recinto del Senado entre Navidad y Año Nuevo, cuenten con la presencia de la conducción cegetista en el Congreso para avalar la reforma.
No es lo que se escucha puertas adentro de la CGT. Uno de los popes de la central obrera disparó: “Ni en el Gobierno hay uniformidad de posiciones, ¿cómo van a pretender que la tengamos nosotros?”. Uno de los que escucharon ese razonamiento agregó, en torno de los reclamos del macrismo de acallar la voz del líder camionero: “¿Cómo vamos a callarlo cuando ahora se dice que la Justicia está investigando a Pablo Moyano?”.
Los aprietes, hasta ahora, le han dado bastante resultado a la mafia organizada que posee sus oficinas en la Casa Rosada desde diciembre de 2015. Sin embargo, nada indica que esa suerte sea eterna.
Sobre todo porque en los últimos días, la pátina de presunta honradez institucional que habilitaría al Gobierno a perseguir a los “deshonestos sindicalistas” está cediendo ante los pedidos de fiscales independientes de la runfla de Comodoro Py, embargando cuentas al primo presidencial Ángelo Calcaterra, frente a la revelación del nombramiento de la hermana del ministro de Trabajo Jorge Triaca como directora del Banco Nación, o ante la noticia de que dos empresas de la familia Macri –la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana– contrataron en su momento al testaferro del ex secretario de Transporte durante el anterior gobierno, Ricardo Jaime, procesado por hechos de corrupción.
Entre diciembre de 2005 y enero de 2009, por lo que se sabe hasta el momento, las compañías de la familia Macri realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, asesor y testaferro de Jaime. “Para la Justicia esa empresa fue utilizada para canalizar sobornos. Así consta en los escritos judiciales a los que accedió Perfil”, el medio que publicó la información el pasado 2 de diciembre.
Si algo les faltaba a los honorables apretadores macristas es que uno de los baluartes de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, nada menos que su ministro de Seguridad Cristian Ritondo, es integrante de la Comisión Directiva de Independiente. Tal vez la Policía no vaya a buscarlo de madrugada, pero seguramente muchos simpatizantes del Diablo Rojo deben tener cosas para contar de Ritondo en el marco de la investigación en curso.
