El interbloque PJ de la Cámara baja provincial expresó su “total rechazo y la más profunda preocupación ante el violento ataque a la democracia y sus representantes perpetrado por un sector del Poder Judicial de la Nación”.
El interbloque que integran los diputados Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella, Patricia Chialvo y Leandro Busatto advirtió: “Manifestamos nuestro total rechazo y la más profunda preocupación ante el violento ataque a la democracia y sus representantes perpetrado por un sector del Poder Judicial de la Nación que, abandonando la defensa de los derechos de la ciudadanía y sus instituciones, ha decidido funcionar como brazo operativo del presidente (Mauricio) Macri”.
En otro párrafo del contundente documento se expresó lo siguiente: “Asistimos a diario al modo en que, desde el Poder Judicial, en sintonía absoluta con los deseos del Ejecutivo, se estigmatiza, persigue y amenaza a diversos dirigentes políticos, sindicales o sociales que alzan la voz contra el brutal ajuste al que está siendo sometido nuestro pueblo”.
El texto completo del comunicado del bloque FpV-PJ
“Los diputados del interbloque PJ de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe integrado por los diputados Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, German Bacarella, Patricia Chialvo y Leandro Busatto, manifestamos nuestro total rechazo y la más profunda preocupación ante el violento ataque a la democracia y sus representantes perpetrado por un sector del Poder Judicial de la Nación que, abandonando la defensa de los derechos de la ciudadanía y sus instituciones, ha decidido funcionar como brazo operativo del presidente Macri.
Asistimos a diario al modo en que, desde el poder judicial en sintonía absoluta con los deseos del Ejecutivo, se estigmatiza, persigue y amenaza a diversos dirigentes políticos, sindicales o sociales que alzan la voz contra el brutal ajuste al que está siendo sometido nuestro pueblo.
El silenciamiento que se pretende imponer a la oposición es el mismo que viene produciéndose en los medios de comunicación: cada vez más homogéneos y alineados con el gobierno, siempre listos y previamente alertados para la difusión del circo mediático en el que están convirtiendo a la justicia y a la política.
De esta manera se intenta invisibilizar que el gobierno ha decidido avanzar con un paquete de leyes que atenta contra los intereses de los jubilados, trabajadores, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y contra el pueblo en su conjunto, en una clara transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia los grupos económicos concentrados.
Contra toda racionalidad jurídica, el juez Bonadío ha quebrantado las más elementales garantías constitucionales y procesales, al judicializar una ley votada por el Congreso de la Nación. Por eso nos vemos en la necesidad de alertar que en la Argentina peligra el estado de derecho.
Esta embestida del Gobierno a través de su brazo judicial apunta a deslegitimar a cualquiera que se oponga a su plan de ajuste. Buscan una oposición vacía y amigable que haga la vista gorda, levante la mano y apruebe con justificaciones vergonzosas la reforma laboral, previsional e impositiva que necesita el Ejecutivo. De otra manera no podrían cumplir con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional ni pagar los intereses de la monumental deuda que están contrayendo, hipotecando el presente y el futuro de los argentinos.
La historia nos enseña que el ajuste sólo cierra con represión, en las calles, en los medios y en la política. En este esquema, la democracia se debilita y es nuestra responsabilidad como oposición alertar sobre este retroceso.
El pedido de prisión preventiva contra la ex presidenta es un hecho grave de persecución política. Es un claro intento de disciplinamiento y una muestra clara de cómo actúa el ejecutivo ante las voces opositoras. Pero lo más grave es que no es un hecho aislado sino parte de un modus operandi que viene llevando a cabo el gobierno de Macri y al que debemos oponernos en defensa de la democracia”.
