Diputados del bloque Frente Justicialista para la Victoria-PJ (FJV) cuestionaron al gobernador Miguel Lifschitz por firmar el decreto que rescinde el contrato entre la concesionaria de la autopista Santa Fe Rosario y el Estado.
Los legisladores Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo se pronunciaron tras conocer que Lifschitz firmó el decreto que ratifica la rescisión consensuada del contrato que vinculaba a la empresa concesionaria de la Autopista Santa Fe Rosario (Arssa) con el Estado provincial.
El decreto da por finalizado el proceso de revisión de convenio de extinción, y entre sus consideraciones más destacadas resalta: “Déjese establecido que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes”, y que “no existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue”.
En un comunicado de prensa, la bancada peronista señaló: “Ante ello, desde nuestro espacio recordamos que –desde un principio– definimos como un verdadero escándalo que el decreto de rescisión haya sido firmado el último día hábil de 2016 y no esté sustentado en dictámenes jurídicos. En el mismo sentido, advertimos sobre las irregularidades en el contrato con Arssa para la repavimentación de la autopista Rosario-Santa Fe y el mal estado por la falta de mantenimiento”.
Arssa incumplió el contrato
El bloque peronista recordó que “en 2009 se hizo una licitación cuyo objetivo central era repavimentar la autopista Santa Fe-Rosario de ida y vuelta, o sea 313 kilómetros. Eso lo tenían que hacer en los primeros cinco años de los diez que duraba la concesión, pero solo repavimentaron 75 kilómetros”.
Por otra parte, los legisladores indicaron: “Después de mediatizarse e instalarse la preocupación, en abril del año pasado, la Fiscalía de Estado –que es el órgano de asesoramiento jurídico y de defensa legal del Poder Ejecutivo– se pronunció a favor de las denuncias que veníamos sosteniendo los diputados que integramos en bloque FJV con respecto a las irregularidades en la concesión de la Autopista Santa Fe-Rosario que, a valores actuales, el monto de la obra no ejecutada alcanzaría 1.554,8 millones de pesos”.
El bloque, en otro párrafo del comunicado, subrayó: “Las auditorias sostenían que hubo un flujo mayor al ofertado y que el estado de la autopista era conocido al momento de ofertar. Ante todo ello, volvimos a reiterar nuestro pedido de que se declare la nulidad de todo lo actuado, generar la rescisión del contrato por incumplimiento de la concesionaria, hacer efectiva la garantía prevista en el contrato, aplicar las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE que actuó como concesionaria, y deslindar las responsabilidades políticas y legales de las autoridades responsables del millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos”.
Un decreto rápido
La bancada peronista prosiguió: “En el mismo sentido y casi al mismo tiempo, el gobernador Lifschitz firmaba el decreto N° 1.017 que ordenaba revisar todo el proceso y fijaba para ese trabajo un plazo de seis meses. Para ello, encomendó al Ministerio de Infraestructura y Transporte, para que en un lapso de 180 días disponga la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de la responsabilidad en la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión”.
“Lo privado sí, lo público no”
En otro de los tramos de la argumentación, el bloque opositor remarcó: “A partir de allí, nuevamente solicitamos que se indicaran los elementos y antecedentes evaluados para llevar a cabo la selección para la contratación directa por parte del ministro de Infraestructura y Transporte en nombre del gobierno de la provincia de Santa Fe, de los servicios de Cassagne Abogados (Cas SRL) por la suma de 61.235 dólares más un extra de 217 dólares por hora de asesoramiento, a lo que sumó los servicios del ingeniero Miguel Gueydan por un monto de 678.138 pesos, con lo que totaliza una cifra superior a 1.700.000 pesos como mínimo, para evaluar la extinción de concesión mencionada”.
Los legisladores agregaron: “Más llamativo aún, si tenemos en cuenta que todas las incógnitas planteadas por el Gobierno provincial fueron resueltas previamente por organismos que gozan de la confianza de todos los santafesinos, como son el Instituto de Estudios del Transporte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y el contador público Guillermo Español, por la Cátedra de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Es así que oportunamente manifestaron, en sus informes, conclusiones que ponían de manifiesto la gravedad de los incumplimientos de la concesionaria”.
Insistiendo en el punto, destacaron: “Asimismo, y a pesar de lo dictaminado por las auditorías de la UNR antes mencionadas, el hecho de contratar un estudio de abogados y un consultor privado por la suma trascendida es un exceso sin justificativo alguno y por un monto desproporcionado, ya que la suma abonada a la universidad fue muchas veces menor. En consecuencia, las únicas explicaciones dadas para tal decisión, de parte de las autoridades fueron, de «contar con una mirada privada» según expresaron en los medios, argumentos vagos y difusos”.
Cabe recordar que los resultados de la auditoría llegaron a fines de diciembre –a través del Ministerio– a la Fiscalía de Estado, que emitió un dictamen esta vez avalando la rescisión de común acuerdo.
Otro decreto
“Finalmente –señalaron los diputados– el 1° de febrero, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, con los informes técnicos, económicos y jurídicos de las empresas privadas Gueydan y Cassagne, firmó el decreto N° 90. Las observaciones de los privados sirvieron para que el fiscal de Estado, Pablo Saccone, dictaminara en el mismo sentido, considerando que en el contexto descripto «no cabía asignar la responsabilidad por la extinción a ninguna de las partes», y que la rescisión por mutuo acuerdo era «la más razonable»”.
El bloque indicó: “Ante todo ello, insistimos en remarcar las irregularidades en la rescisión del contrato en 2016, el incumplimiento de la empresa Arssa que, en cinco años, repavimentó menos de un 24 por ciento de la Autopista Santa Fe-Rosario y significó la pérdida de más de 1.500 millones para el Estado. El desconocimiento de los informes de auditoría realizados por las universidades públicas de la Provincia y el pago excesivo a empresas privadas por el mismo trabajo que terminó arrojando resultados que benefician a la concesionaria que a todas luces incumplió el objetivo principal de la concesión que era repavimentar la totalidad de la autopista Santa Fe- Rosario (313 kilómetros) en 5 años, en detrimento de los intereses de la provincia”.
Para finalizar, los legisladores sostuvieron: “Es así que, desde el bloque FJV vamos a citar al recinto al ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, para que dé explicaciones sobre este nuevo decreto, que exime de culpas y deudas a la concesionaria, sobre la base de la opinión de un abogado y un ingeniero contratados sin concurso, ambos del ámbito privado, y no haciendo intervenir a los prestigiosos institutos, de carácter público, dependientes de la UNL, UNR Y UTN”.
