La administración de Cambiemos recibió este miércoles dos duros golpes. La Corte Suprema declaró inconstitucional el límite a la indemnización a exiliados, y organismos de DDHH denunciaron al Presidente por demorarla.
Las malas noticias para Mauricio Macri llegaron casi en simultáneo. Por un lado, el máximo tribunal declaró inconstitucional una resolución del Gobierno que limitaba las indemnizaciones para quienes debieron exiliarse durante la última dictadura cívico militar.
Por otra cuerda, pero respecto del mismo tema, organismos de DDHH presentaron ante la Justicia una denuncia contra el Presidente y varios de sus funcionarios por “dilación, paralización y ausencia intencional” a la hora de disponer la aplicación de las leyes reparatorias.
Reparación a víctimas de la dictadura
Con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dispuso que las personas que tuvieron que exiliarse forzosamente durante la última dictadura militar perciban una indemnización reducida respecto de la otorgada a quienes estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El monto habìa sido estipulado en un 25 por ciento de la reparación a los ex detenidos.
Es que el 19 de agosto de 2016 el Gobierno emitió la Resolución N° 670-E del Ministerio de Justicia, estableciendo que las personas forzadas a exiliarse durante la dictadura de 1976 a 1983 tenían derecho a reclamar una indemnización, pero por un monto menor al que correspondía a quienes fueron detenidos/desaparecidos en esos años. En resumen, percibirían un 25 por ciento de la reparación asignada a aquellos que no pudieron dejar el país y fueron víctimas de la dictadura.
Lo que dio vuelta la Corte, en suma es la quita del 75 por ciento que intentó perpetrar Garavano, “como consecuencia del recurso extraordinario interpuesto por la demandante en la causa “Fernández, María Cristina c/ EN – M Justicia y DDHH s/ indemnizaciones – ley 24043 – art 3”, contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la resolución ministerial”, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La señora Fernández debió exiliarse en México con su familia entre los años 1975 y 1983, y por ese motivo reclamó la indemnización establecida para las personas que hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares.
Pero además, el tribunal supremo recordó que en la causa “Yofre de Vaca Narvaja”, resuelta en 2004, estableció que “el beneficio otorgado por aquella ley también podía ser reclamado en los casos de exilio forzoso, criterio que fue aplicado en numerosas causas posteriores”.
Por ese motivo, observó que “el art. 4° de la ley establece una única manera de determinar el monto del beneficio para todos los supuestos a los que se aplica. Agregó que el legislador no distinguió, pudiendo hacerlo, entre los diversos sujetos con derecho a la indemnización sino que fijó una misma suma diaria para todos”.
En ese marco, el Tribunal sostuvo, con base en el principio de división de poderes, que “las normas invocadas por el Ministerio para justificar que se encontraba autorizado a dictar la resolución cuestionada (art. 8° de la ley 24.043 y Ley de Ministerios) no le conferían facultades suficientes al respecto. Concluyó que lo dispuesto en la resolución impugnada importó el ejercicio de una atribución que exorbitó las potestades reconocidas por ley al Ministerio demandado ya que introdujo un cambio en el régimen indemnizatorio de la ley 24.043, tal como ha sido aprobada por el Congreso de la Nación, con el consiguiente menoscabo del derecho de la actora”. Gol en contra de Garavano.
Denuncias contra Macri y funcionarios
En tanto, organizaciones de DDHH denunciaron penalmente a Macri y algunos de sus funcionarios por haber demorado la aprobación de las indemnizaciones cuyas beneficiarias son las víctimas del terrorismo de Estado.
La tesis de los organismos es que el Gobierno cajoneó los expedientes y tir{o la pelota para adelante para evitar que salieran las reparacioness a las víctimas de la dictadura.
En un informe publicado este miércoles por Página 12, se señala que Hijos, Exiliados-Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ex presos y presas por razones políticas, y Sobrevivientes del terrorismo de Estado Autoconvocados, entre otros organismos, patrocinados por el abogado Pablo Gastón Paolini, “presentaron este miércoles una demanda por violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y discriminación ideológica… contra el presidente Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia Germán Garavano; el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; el Procurador del Tesoro y ex abogado de la familia Macri Bernardo Saravia Frías y otros ocho integrantes de la gestión de Cambiemos”.
La presentación, que está basada en la “dilación, paralización y ausencia intencional” en la aplicación de los beneficios de las leyes reparatorias, ingresó por mesa de entradas de Comodoro Py y destaca que los cuantiosos expedientes abiertos ante el reclamo de familiares y víctimas que deben ser beneficiarios de la indemnización que les corresponde fueron “cajoneados durante los últimos tres años y medio, hasta que luego del resultado de las Paso comenzaron a acelerarse los trámites”.
El detalle de la denuncia deja al desnudo que “la paralización de los expedientes es más que elocuente, sobre un universo de 18.357 de beneficios a resolver, desde el inicio de la gestión, entre diciembre de 2015 y último día hábil anterior a las elecciones primarias, se han dictado 1.655 resoluciones, lo que equivale al 9 por ciento de las solicitudes de beneficio. Pero luego del magro resultado obtenido y a sabiendas que dejarán sus cargos desde el día posterior a las elecciones de agosto del año en curso, 53 días a esta parte, se han resuelto 349 expedientes, es decir 6.58 diarios, se incrementó la velocidad en un 535 por ciento”.
Un dato que muestra la clara toma de posición negacionista del macrismo: a lo largo de toda la gestión, Cambiemos eludió con esas demoras el pago de los beneficios, y “todo lo que se ha firmado con posterioridad a las Paso lo pagará el gobierno siguiente”, indicaron los organismos.
Garavano, encima, molesto
Frente a los reveses que le propinaron el máximo tribunal y los organismos de DDHH, el ministro de Justicia y Derechos Humanos pidió “no leer los fallos de la Corte Suprema de Justicia como contrarios al Gobierno” en los casos en los que no van en línea con el oficialismo.
Pero visiblemente molesto por las decisiones de los cortesanos, expresó: “Es una Corte tan independiente que parece opositora, pero recordemos también que los jueces que la integran también fueron designados por el oficialismo”
El funcionario sostuvo que las decisiones del mayor tribunal del país impactan “en el Estado y por ende sobre el futuro de todos los argentinos”, aludiendo así al fallo de la Corte que determinó que las personas forzadas a exiliarse en la última dictadura tienen derecho a recibir la misma indemnización del Estado que aquellas que fueron víctimas en carácter de detenido/desaparecido.
Para Garavano, evidentemente, sólo se trata de dinero, y muestra un pear por no poder ahorrar recursos que no exhibió en casi cuatro años en torno de la monumental deuda en dólares y pesos que generó su Gobierno.
“Los fallos no hay que leerlos como que son contra el Gobierno, porque esta diferencia la va a pagar el Estado, la vamos a pagar todos con nuestros impuestos”, declaró a la radio La Red, en esa línea de darle un carácter oneroso a la reparación del Estado a las víctimas del terrorismo estatal.
Garavano, de todos modos, se diferenció de la cofundadora de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió, quien tildó a la Corte de “peronista”, al afirmar que “uno podría creer que no es independiente, en algunos casos; pero no es así”.
El ministro, para cerrar, agregó que no se “animaría a decir si hay una música distinta o una situación” diferente en el caso de las prisiones preventivas, luego de que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza fueran excarcelados este martes tras haber estado detenidos dos años. “En todo caso haría referencia a los juicios orales y la velocidad que tiene el sistema de justicia para llegar a esta instancia”, aseguró.
