La extensión de la cuarentena hasta el final de la Semana Santa dispuesta por el gobierno nacional, una versión que se venía manejado a lo largo de toda la semana pasada y fue confirmada el domingo a la noche a través de un mensaje presidencial, motivó un encuentro el último viernes entre el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los principales dirigentes de la CGT para coordinar una reunión con el presidente Alberto Fernández donde quede registrada la preocupación de los trabajadores respecto a las consecuencias de la paralización económica.
Según detalla el periodista Mariano Martín, la reunión tuvo lugar en el gremio de Sanidad y participaron los dos máximos dirigentes de la central sindical, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Andrés Rodríguez de UPCN, Antonio Caló de la UOM, Hugo Benítez de Textiles y Carlos Frigerio de los cerveceros.
La alarma surge porque calculan que hay entre 4 y 5 millones de trabajadores que están en sus casas sin actividad y reconocen que el Estado no podrá sostenerlos a todos. Además, en las últimas horas se sumaron las presiones desde el sector empresarial poniendo sobre la mesa las razones de “fuerza mayor” para ejecutar suspensiones sin pago de salarios. Desde la CGT plantean que «es urgente suspender los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo mientras dure la cuarentena para proteger el empleo».
De acuerdo a un informe de la consultora Analytica, el aislamiento social afecta a un 64% de los 19 millones de trabajadores, lo que implica una cifra aproximada a los 12 millones de empleados. La medida habilita a que sólo un 41% de las actividades económicas mantengan sus niveles de producción en condiciones de cierta normalidad. Entre ellas, el agro, la administración pública, los comercios de alimentos, farmacias y servicios esenciales como luz, gas y agua.
En función de lo presentado en el informe, el sector comercio emplea al 19% de los trabajadores y está afectado por la cuarentena en casi 90%. Algo similar ocurre en la industria que emplea el 13% del total y tiene un 75% de sus empresas comprometidas. Del 64% del universo de trabajadores que se ven impactados por la medida, hay alrededor de 6 millones que cuentan con algún tipo de regulación laboral que permite amortiguar los efectos.
Sin embargo, son 5,5 millones los empleos que integran el mundo de los monotributistas, informales y autónomos, quienes no cuentan con ningún marco de protección. Este grupo se conforma por 0,5 millones de trabajadores de casas particulares, 1,5 millones de monotributistas, 0,5 millones de autónomos y 3 millones de trabajadores no registrados ni bancarizados. A su vez, hay 3,6 millones trabajadores que comenzarán a recibir el subsidio directo de $10 mil en abril.
El informe de la consulto arroja un pronóstico preocupante: por cada 10% de los 5,5 millones de trabajadores del grupo de alto riesgo que pierda su actividad principal y busque activamente un nuevo puesto, la tasa de desempleo aumentaría 3 puntos porcentuales. Es decir, que esta proyección equivaldría a pasar del 8,9% al 13% de desocupación. El Gobierno destinó $350.000 millones a través del Banco Central para una línea de crédito a tasa del 24%. Aunque el acceso al crédito sigue siendo complejo para un universo de empresas que no califican.
Sólo un 41% de las actividades económicas mantienen sus niveles de producción en condiciones de cierta normalidad. Alrededor de un 60% de las actividades están paralizadas, eso representa el 64% del empleo en la Argentina. Por este motivo es que desde la central sindical elevaron el pedido de una liberalización de la producción desde ciertas áreas claves, de manera de ir recuperando sucesivamente los niveles de actividad económica.
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