Tras el diálogo con la Asociación de Inquilinos de Rosario, la diputada provincial Lucila De Ponti alertó sobre la situación de “incertidumbre y vulnerabilidad” de quienes dependen de un alquiler, y recordó las medidas vigentes que los asisten.
La legisladora justicialista se refirió a la situación de “incertidumbre y vulnerabilidad” que viven las miles de familias santafesinas que dependen de un alquiler en el actual contexto de aislamiento social obligatorio, y repasó las herramientas y medidas vigentes que los asisten para defender sus derechos.
Por medio de una transmisión en vivo con el referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli, se abordaron en la reunión virtual las principales dudas de ese amplio sector que alquila. Entre las principales preocupaciones está el temor por un desalojo, los aumentos programados para este período y las formas de pago electrónicas, entre otras.
“Son muchos los sectores que vieron comprometidos sus ingresos familiares desde que empezó esta pandemia y se nota al momento de pagar un alquiler, por eso es necesario llevar tranquilidad sobre que mantendrán su acceso a una vivienda”, aseguró De Ponti. Según un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) en Rosario, muchos hogares destinan hasta el 50 por ciento de sus ingresos a pagar un alquiler. De ese informe también se desprende que en el último mes disminuyó a la mitad la cantidad de departamentos en oferta. A esto se suma la información de que en Santa Fe el 43 por ciento de los inquilinos no pudo cumplir con el pago este mes, una cifra por encima de la media nacional.
Durante la charla mediante videoconferencia se repasó el decreto presidencial 320/2020 por el cual se prohíbe llevar adelante desalojos por seis meses, donde se incluye además de viviendas urbanas, a espacios rurales y locales pequeños de actividad comercial.
Por su parte, Canelli destacó que en el caso de los contratos de alquiler que vencen en este período se otorgó la prórroga automática al mismo precio de marzo, para luego volver a discutir los aumentos programados a partir de septiembre. También alertó sobre la negativa de muchas inmobiliarias a entregar su CBU para realizar pagos de manera electrónica, por lo cual en estos casos consideró que “corresponde exigir que se cumpla y denunciar este tipo de irregularidades”.
Sobre las mudanzas, se recordó que no están incluidas entre los casos que permiten exceptuarse de cumplir con el aislamiento social obligatorio, aunque en un futuro se evalúa permitir casos de emergencia, como por ejemplo cuando se está frente a situaciones de violencia de género.
Para finalizar, De Ponti destacó la necesidad de que las personas que alquilan conozcan las herramientas y derechos con los que cuentan en esta situación compleja, y reafirmó el compromiso que mantuvieron días atrás senadores, diputados y concejales de la provincia para plantear propuestas conjuntas de trabajo en los diferentes niveles del Estado.
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