La decisión de generar una empresa nacional mixta con participación de productores y cooperativas para rescatar Vicentin hubiera sido una gran idea si no mostrara, ante la opinión, la imagen de una concesión a estafadores amparados en un trabajo de pinzas por Medios y Justicia. Es más: sigue siendo una buena idea, pero la dilapidación del capital político acumulado con la primigenia acción escalonada de intervención y expropiación brinda un tono de retroceso para el gobierno en particular y el campo nacional popular en general.
Al visualizar el potencial propio en el espejo deformado de los medios, la mayor congregación de espacios de la economía real que se recuerde en mucho tiempo parece haber sido doblegada por una minoría estricta y segmentada que “sólo” tiene altavoz en los medios monopólicos. Ni siquiera el kirchnerismo en su mejor momento alcanzó la conjunción de apoyos empresariales industriales y agroindustriales, cooperativos, sindicales y sociales que obtuvo, en pocos días, la iniciativa presentada en conferencia de prensa por el presidente de la Nación.
De tal modo, se ha facilitado que dirigencias y fuerzas irrepresentativas, que nada movilizan salvo el grupo necesario para un encuadre al ras –ese núcleo que fue convocado para defender el derecho del fiscal Nisman a pagar prostitutas con dinero de la investigación AMIA y ahora el de la familia Nardelli a disfrutar sus piscinas con dinero de la misma empresa y el Estado nacional–, alardeen haber obtenido una victoria que llaman “La 126”. Qué paradoja la de Alberto Fernández: recostarse sobre una iniciativa de Omar Perotti y Sergio Massa para terminar identificado con el momento más áspero del gobierno “k”.
Se desperdicia así la fuerza más vigorosa que se haya reunido desde 1983 al presente: FAA, Coninagro, UIA, CGI, CGE, pymes, cooperativas, CGT, CFT, CTAs, organizaciones sociales y medios populares –la economía real, el mercado interno, a pleno– porque el fallo de un juez y la pantalla hostil se presentaron como carnadura de la sociedad. Lo señalamos hace pocas horas. Atenti que esos integrantes del bloque productivo nacional siguen sin ser conscientes de estar integrándolo, por lo tanto, de su potencial; empezando por los funcionarios oficiales. También, que resulta imprescindible un cambio de mentalidad para insertar en el debate público la razonabilidad de la intervención estatal en la economía.
Meses antes, en las horas previas a la asunción, anticipamos que los dos grandes desafíos de la nueva gestión eran el Poder Judicial y los medios concentrados. Es que el miedo es zonzo y la debilidad, es débil. El espejo deformado de la comunicación 100 por ciento lucha de clases –periodismo de guerra– operó con energía sobre los beneficiarios de semejante apoyo y los convenció de hallarse cuasi inermes ante los poderes. Los estandartes y la convicción sobre el propio caudal –dos factores de la acción conceptual que forja la nervadura de la acción política– tienen importancia.
No es lo mismo suponer que la sonrisa victoriosa que anoche evidenció Wiñazky representa a “la gente”, que sentar en el Consejo Económico y Social todos aquellos respaldos que contienen multitudes y sentirse vigorizado por los mismos. No es lo mismo señalar en el Congreso que la crisis deviene de la pandemia y no de la cuarentena –apenas un par de meses–, que indicar verazmente que la crisis fue inducida durante cuatro años por un gobierno anti productivo.
La iniciativa que se desplaza ahora sobre Vicentin es interesante. Si no fuera presentada como retroceso, si hubiera sido lanzada así de entrada, resultaría un avance de la presencia estatal en la economía. Cuando escuchamos al gobierno impulsar la intervención y la posterior expropiación, pensamos que estaba dispuesto a sostener el planteo. De allí que la confusión reine por estas horas entre quienes se esperanzaron con la convocatoria. El resultado político de una medida económica es casi tan importante como la medida en sí.
El gobierno sigue alineado, con sus claroscuros, en el campo nacional popular y por eso recibe los impactos que se perciben a simple vista. Urge un gesto adecuado hacia el bloque productivo nacional en materia de salarios, aguinaldos y jubilaciones, hasta ahora equívocamente recortados con el viejo y deficitario argumento del ahorro. El problema es que para todo eso la administración que lidera Alberto Fernández necesita fuerza, y después de lo ocurrido este viernes 19 de junio, la misma se ha deteriorado.
El embate para fracturar la dupla del Poder Ejecutivo se trasluce entre los festejos del diario La Nación. La pugna persistente para que la economía argentina siga su camino primarizado, para que la sociedad se descapitalice y para que, en nombre de la república, se desconozca la legitimidad de un gobierno escogido por el voto de los argentinos, es bandera de agroexportadores, bonistas, privatizadas y bancos. Esos sectores no han puesto un peso en medio de la emergencia sanitaria. Allí surge otra deuda del gobierno, pues todos los tanteos hacia la elaboración de un esquema impositivo más justo han quedado en eso. Tanteos.
De poco ha servido. Pues mientras tanto, el bombardeo a la cuarentena continúa, con el expreso objetivo de evitar que las autoridades muestren un éxito trascendente y se fortalezcan a su través. En medio de una recesión construida con dedicación por la economía macrista, una gran parte del pueblo argentino ha padecido cesantías, suspensiones y una caída ostensible de su poder adquisitivo, pero a mitad del 2020 la coalición Frente de Todos en la gestión no ha dispuesto, siquiera, un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. De allí que la imagen de un retroceso en el caso de la gran compañía agroalimentaria promueva un desánimo tan riesgoso como el virus más famoso.
El desánimo mana de la esperanza propuesta, ya que esas franjas ligadas al mercado interno observaron que una presencia estatal en la empresa podía influír satisfactoriamente sobre la formación de precios puertas adentro, las condiciones de la agroexportación, la obtención de divisas en momentos cruciales y, claro, el sostenimiento de puestos de trabajo directos e indirectos. Los diálogos sostenidos esta semana con representantes sindicales del sector en el aire de nuestro medio evidenciaron esa expectativa. Y si bien la misma no ha fenecido, su reducción es palpable.
El presidente señaló, sobre el filo de la intensa jornada, que “El Estado se va a hacer cargo de Vicentín. Ya sea vía intervención judicial juez del concurso preventivo pedida por la provincia de Santa Fe o vía expropiación. Pero los Vicentín se van a ir de la empresa. No hay marcha atrás”. El volumen de la aseveración presentó sordina, pues frente a la Residencia de Olivos quien llevó la voz cantante fue el mandatario santafesino. ¿Porqué no dijo eso en cámara Alberto y despejó dudas sobre el sentido profundo del rumbo oficial? Sin embargo, lo planteó.
El año económico nacional se desplaza hacia un achicamiento del PBI; eso no es tan grave, pues compartimos el daño con el resto del planeta. El problema radica en que su composición interna se va tornando cada vez más regresiva.
(*) Área Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal
