Los concejales Marina Magnani y Andrés Giménez se reunieron con Luis Batistelli, de Empleados de Comercio, para avanzar en la normativa que regule a las empresas multinacionales de delivery. Piden que “como mínimo tengan una oficina receptora de pedidos en la ciudad”.
Los ediles del bloque Unidad Ciudadana se reunieron con el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario para trabajar en conjunto un proyecto de ordenanza para la regulación de empresas y aplicaciones de delivery en la ciudad.
“Estas empresas multinacionales que operan en Rosario hoy no están habilitadas, ni registradas, mucho menos sujetas a controles. La última normativa para servicio de cadetería en la ciudad es del año 2000 y no prevé ni las aplicaciones ni el uso de medios de transporte como las bicicletas. Por este motivo es fundamental actualizar dicha normativa y comenzar a regular esta actividad por parte del Estado”, dijo Magnani, tras el encuentro con el dirigente sindical.
“Nuestro proyecto propone que estas empresas tengan como mínimo una oficina receptora de pedidos radicada en la ciudad para poder tributar y brindar a sus trabajadoras y trabajadores espacios libres donde esperar y sanitarios. También proveerles los elementos necesarios para poder trabajar, como indumentaria, elementos de seguridad y equipaje transportador con un máximo de carga según corresponda”, agregó Giménez.
La iniciativa trabajada en conjunto con Empleados de Comercio prevé además que “las empresas paguen una tasa de publicidad por las cajas transportadoras con sus logos y sean responsables por las infracciones de tránsito que puedan llegar a realizar los repartidores”, señaló Magnani, al tiempo que recordó que “desde el año pasado venimos teniendo un estrecho contacto con los trabajadores de estas aplicaciones, y siempre nos expresaron los abusos que sufren por parte de estas multinacionales en términos de las condiciones laborales y los riesgos a los que están expuestos a diario”.
“Nuestro compromiso político siempre será con los trabajadores y trabajadoras y no con empresarios que aprietan a concejales y concejalas para torcer votaciones a su favor de sus propios intereses. Es indispensable el trabajo en conjunto del Concejo, el municipio, la provincia y el sindicato para regular y generar un mayor control sobre estas empresas”, completó Giménez.
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