La causa judicial iniciada a partir de una denuncia por instigación al odio a referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, por la instalación frente a la Casa Rosada de bolsas mortuorias con carteles con nombres de personalidades del oficialismo, “no ha avanzado en la investigación de los hechos” a pesar de haber transcurrido un mes, acusaron este miércoles los denunciantes, que forman parte del Instituto Independencia.
“La causa está en manos de la jueza (María Eugenia) Capuchetti y del fiscal (Carlos) Rívolo”, informaron desde la mesa directiva del Instituto Independencia, el centro de estudios cercano al Partido Justicialista, y además transmitieron la “preocupación” de la entidad por el “derrotero judicial de la denuncia contra Patricia Bullrich y otros por la puesta en escena de bolsas mortuorias en Plaza de Mayo”.
“Pasado más de un mes de la presentación de nuestra denuncia, que exige la investigación de un atentado contra la democracia, nos llama poderosamente la atención que no se ha avanzado en la investigación de los hechos”, cuestionaron desde el centro de estudios ligado al justicialismo.
La denuncia fue presentada inicialmente en la Justicia ordinaria, refiere a los hechos ocurridos durante una protesta contra el gobierno convocada por la oposición el 27 de febrero en la que se instalaron en la Plaza de Mayo bolsas de color negro, que simulaban contener cadáveres, con inscripciones que decían “Estela Carlotto”, “el hijo de Moyano”, “el sobrino de Ginés”, “los pibes de La Cámpora”, entre otros.
En el transcurso de la protesta opositora esas bolsas fueron colgadas de las rejas del perímetro de la Casa Rosada, como reflejaron varias fotos de la manifestación de la que participaron varios dirigentes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC).
Dos días después del episodio, el 1º de marzo, el Instituto Independencia denunció por esos hechos a la titular del partido PRO, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; a los diputados Fernando Iglesias (PRO-CABA), Waldo Wolff (PRO-Buenos Aires) y Francisco Sánchez (PRO-Neuquén); como también a Ulises Chaparro, Inés Liendo y Martín Pugliese (de la corriente del PRO Unión Republicana) “más todo aquel que surja de la investigación”, por las figuras penales de “instigación a cometer un delito” (artículo 209 del Código Penal) y “delito de odio” (artículo 3 de la ley 23592).
La denuncia recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 8 a cargo de Yamile Bernán, quien compartió el criterio del fiscal que intervino inicialmente (de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 34) Juan Pedro Zoni y declinó su incompetencia en favor del Fuero Federal. Fue así que la denuncia contra los integrantes de JxC por la colocación de bolsas mortuorias pasó al Fuero Federal, y una vez en los Tribunales de Comodoro Py, en Retiro, la causa quedó finalmente en manos de la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo.
“Cuando decidimos accionar contra ese hecho, que consideramos no es una manifestación política sino que, debido a las características de violencia simbólica y el contenido de odio, está fuera de los parámetros de convivencia democrática y constituye un claro atentado a la paz social, resolvimos hacer la denuncia en la Justicia Ordinaria”, contaron desde el Instituto Independencia en un comunicado.
“Las razones de tal decisión -explicaron los denunciantes- se encuadran en la profunda desconfianza que, como ciudadanos, nos genera la Justicia Federal y sus prácticas amañadas y oscuras, que en estos días están evidenciándose públicamente”.
“Durante el tiempo transcurrido se han declarado dos incompetencias y la denuncia termina adosándose a una denuncia similar que, llamativamente, se realizó de manera anónima”, criticaron desde la entidad, cuyos directivos además reprocharon que tanto la jueza como el fiscal intervinientes “no brindan información acerca” de la evolución de la causa, ni tampoco informan “sobre las razones por las cuales se ha tomado la decisión (de unificar la denuncia con otra, presuntamente anónima) en términos fehacientes”.
Tras los detalles procesales, desde el Instituto Independencia manifestaron: “Necesitamos una Justicia realmente eficaz e independiente del poder fáctico, porque la República no puede funcionar sin las garantías de la Constitución. La Justicia Federal, utilizada como herramienta del poder para sojuzgar y disciplinar a los dirigentes políticos, empresarios y ciudadanos comunes es una mancha oscura en la democracia argentina”.
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