El Concejo Municipal aprobó el aumento de multas al transporte ilegal de pasajeros, que llegaría hasta 300 mil pesos. El concejal Eduardo Toniolli defendió la medida como “una estrategia de defensa del servicio público”. Desde el PRO, que impulsa una iniciativa para abrirle las puertas a Uber y otras aplicaciones de ese palo, consideraron que la norma “es un retroceso para la ciudad”.
La intención de Uber de ingresar a Rosario recibió otro revés en el Palacio Vasallo, donde primero fracasó el proyecto del macrismo para lograr la habilitación en las condiciones que la empresa extranjera planteaba, y ahora serán sancionados aquellos choferes de las app ilegales con multas de hasta 300 mil pesos y con la retención del carnet de conducir.
El edil del bloque del Frente de Todos-PJ, Eduardo Toniolli, votó a favor de la medida: “El aumento de multas al transporte ilegal, y la creación de una sobremulta cuando además éste se gestione por medio de plataformas no habilitadas, deben ser parte de una estrategia de defensa del servicio público, que incluya la continuidad de la ofensiva judicial del municipio Uber y empresas similares”.
“Para las normas locales Uber es una remisería trucha. Con un agravante: ninguna remisería trucha tiene la capacidad de publicitar en medios masivos de comunicación, ni de generar demanda al punto de jaquear la regulación estatal y con ella al transporte público”, indicó el concejal justicialista.
El legislador local aseguró que “nuestros problemas de movilidad solo van a resolverse mejorando el transporte público, no abrazando a empresas piratas que violan las normas locales, niegan a sus trabajadores, y a las que les interesa muy poco la suerte de sus usuarios”.
Por el contrario, la concejala del PRO Renata Ghilotti, ultradefensora de la llegada de aplicaciones como Uber, Maxim o Didi, consideró que “aumentar penas y perseguir a los chóferes” que se manejan con aplicaciones ilegales “es un error y un retroceso en materia de movilidad para la ciudad”.
La dirigente macrista aseguró que “los rosarinos quieren elegir libremente y en su mayoría se muestran a favor de la llegada de Uber, Maxim y otras aplicaciones”. Y se preguntó: “¿Puede el municipio dedicarse a perseguir chóferes de aplicaciones con la enorme cantidad de problemas sin resolver en materia de control?, ¿no es mejor darle a los rosarinos la oportunidad de elegir libremente cómo moverse y mejorar el resto de los sistemas a partir de nuevos ingresos regulando la actividad?”.
Toniolli: “Uber quiere prestar su servicio sin control ni monitoreo estatal”
Entre los fundamentos del concejal Eduardo Toniolli sobre su voto positivo al aumento de multas al transporte ilegal de pasajeros, remarcó: “En Rosario, y en todo el país, el transporte urbano de pasajeros es considerado un servicio público, porque busca la satisfacción de una necesidad de interés general. Por esta razón el Estado municipal debe garantizar su prestación, en algunos casos por sí mismo, en otros por intermedio de particulares (como en el caso de taxis y remises, que son considerados servicios públicos impropios)”.
“¿Cómo lo garantiza? Estableciendo reglas”, apuntó el edil del PJ, y siguió: “Por ejemplo, el municipio le impone a los taxis los días y horarios obligatorios de prestación del servicio, la tarifa, determinados estándares de profesionalismo de sus conductores, el tipo de auto a utilizar, y la obligación de contar con chofer registrado, GPS, botón de pánico y conexión al 911. Además establece la cantidad de licencias que debe haber en la calle”.
En este sentido, explicó que “de no existir estas reglas, una empresa con espalda podría saturar el mercado con autos, ofrecer el servicio durante algunos meses por una tarifa mínima, destruir todo tipo de competencia, para finalmente imponer sus propias reglas y hacer abuso de posición dominante (son varios los ejemplos de ciudades del mundo en las que lo que en principio se presentó como barato, terminó siendo carísimo en varios sentidos)”.
“Uber y otras multinacionales apuntan a eso, promoviendo el transporte privado de pasajeros por medio de autos particulares, sin control ni monitoreo estatal. Primero intentan entrar «por izquierda», y si no lo logran comienzan a solicitar un traje a medida para «regularizarse»”, agregó.
“El argumento –continuó el concejal peronista– que esgrimen es que no son empresas de transporte, sino «plataformas colaborativas» que relacionan a usuarios con libres prestadores de un servicio, y por lo tanto se definen como «un fenómeno nuevo», no alcanzado por las normas existentes”. Y concluyó: “Lo cierto es que –más allá de sus pretensiones– Uber es una empresa de transporte, y pretende prestar un servicio que la normativa vigente define como público, sin cumplir con los requisitos exigidos por el poder concedente”.
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