Hace poco más de un mes se levantaba una nueva recuperación mapuche en Patagonia argentina o Puelmapu como se dice en mapuzungun. Algo que ha pasado otras veces desapercibido para casi la mayor parte de quienes viven en otros territorios y sin embargo esta vez –como pocas otras veces– el tema ha tomado relevancia nacional e incluso internacional.
El darse a conocer no tendría esta vez que ver con quiénes son afectados directamente por esta recuperación, como –por ejemplo– en otras oportunidades la multinacional Benetton. En este caso, las tierras son fiscales y el afectado directo es un empresario apellidado Rocco que sólo tiene permiso para la explotación de pino. Incluso esta explotación que debe ser mantenida mediante raleos periódicos no era llevada a cabo, por lo que cuando fue afectada por los incendios del verano –en que se quemaron más de 7 mil hectáreas– contribuyó a la propagación del fuego.
Entonces, qué es lo que cambia tanto la visibilización pública del conflicto y, a la vez, genera un despliegue de fuerzas de seguridad desmedido por parte del Estado y respuestas dentro del procedimiento judicial desproporcionadas.
Por un lado, desde fines de 2015 –a partir de la asunción del empresario Macri al gobierno– la respuesta del Estado a conflictos similares en relación a las reivindicaciones llevadas adelante por integrantes del pueblo mapuche fue la represiva y el tratamiento de los hechos enmarcados dentro de la lógica del terrorismo y el enemigo interno. Sin embargo, y para no simplificar, ya a principios de 2015 –durante el gobierno kirchnerista– dos integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI ex SIDE) habían investigado ilegalmente a miembros del pueblo mapuche y militantes sociales y –en connivencia con fiscales de Esquel– habían proporcionado datos para ‘armar’ una causa de usurpación –en ese momento a Benetton– que pudiera encuadrarse dentro de la ley federal antiterrorista y no como lo que finalmente fue: una causa provincial que quedó desestimada hace poco tiempo.
Como es de conocimiento público durante el gobierno macrista avanzó la represión, persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad no sólo a quienes integraban la recuperación mapuche Pu Lof en Resistencia departamento Cushamen, cuya figura más visible es Facundo Jones Huala –hoy preso en Chile–, sino también sobre otras comunidades mapuche de la zona, militantes sociales y los pueblos de la Comarca Andina del Paralelo 42º (El Bolsón, Lago Puelo, EL Hoyo, Golondrinas, Epuyen, Cholila, El Maitén), Cushamen, Bariloche y Esquel, así como de toda expresión de movilización popular donde fuera que se levante. Este modo de respuesta del Estado ante la demanda del pueblo mapuche llevó, entre otras cosas, a lamentar heridos de gravedad, la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.
Si bien a nivel nacional el cambio de gobierno en 2019 trajo diferentes modos de abordar las reivindicaciones mapuche, el arco político que pretende continuar por la vía represiva continúa avanzando. Este arco pretende ser una opción electoral y está conformado con políticos de diferentes expresiones partidarias: como Bullrich, Massoni, la propia gobernadora rionegrina Carrera, Pichetto. Representa, se apoya y alía con sectores del empresariado nacional e internacional, porque los intereses que están en juego no tienen patria –podemos mencionar a actores como Joe Lewis, los multimillonarios qataríes Abdulhadi Mana Al-Hajri y Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, el emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, el grupo Burco de capitales belgas entre otros. Esta línea político empresarial tiene su voz, y es una voz largamente escuchada, el diario La Nación y el diario Clarín con medios provinciales y regionales repicadores de su relato falaz y provocador, y a un periodista bufón que le da color a la argumentación de odio racial, Lanata. Así mismo este sector ha venido desarrollando instancias de encuentro y posicionamiento tanto a nivel nacional, como el 1º Foro de Consenso en Bariloche, como a nivel transnacional por ejemplo el reciente encuentro del ministro de seguridad chubutense, Massoni, con el embajador chileno.
Sin embargo, el pueblo mapuche –en sus diferentes expresiones y diversidad– continúa poniendo sobre escena las ausencias de un tratamiento adecuado y serio, en el marco de leyes y tratados internacionales y nacionales que obligan al Estado a reconocer a los pueblos preexistentes derechos para su desarrollo armónico. Algo que está muy lejos de la realidad si vemos quiénes representan los índices de pobreza e indigencia, si revisamos la cantidad de títulos precarios en contraste con títulos comunitarios (algo que la ley 26.160 pretende solucionar) y la ausencia del reconocimiento del genocidio estatal y políticas de reparación y discriminación positiva que permitan generar mejores condiciones para quienes son integrantes de estos pueblos.
En los alrededores de los grandes centros urbanos de Patagonia, cónclaves del turismo o el petróleo y gas –con el que no cuentan en los parajes–, se levantan viviendas precarias. Allí llegan quienes vienen del campo expulsados por una estructura predial que el mismo Estado generó. Se quedan en casa de parientes que llegaron en otros tiempos pero expulsados por similares motivos. El racismo en nuestro país está presente y se despliega de diferentes formas, más o menos visibles, de acuerdo a la portación de diacríticos de identidad diferencial que pueden ser interpretados desde un nosotros blanco invisibilizado como peligro, pobreza, ignorancia. Esta estructura interpretativa que se arraiga en representaciones construidas a lo largo de la historia puede hacerle la vida muy difícil a miles de personas e incluso puede legitimar la violencia institucional, lamentablemente son numerosos los ejemplos.
Por otro lado, vivir en las comunidades rurales también puede ser complicado. A partir del conflicto territorial de 2015 ‘la Estancia’ –que pertenece a la empresa multimillonaria italiana Benetton– ha recrudecido los vínculos hostiles con las comunidades vecinas de la zona. La Comunidad Vuelta del Río, por ejemplo, ha sufrido en poco más de un mes, en diferentes familias, el secuestro de animales por parte de la policía de abigeato a instancias de la denuncia por robo o intrusión por parte de ‘la Estancia’. Vale decir que en una oportunidad los animales pertenecían a la familia de la comunidad mapuche y que pese a no tener a marca de ‘la estancia’ fueron secuestrados de igual modo. Y en la segunda oportunidad estuvieron secuestrados siete días, avisándole a la familia recién al sexto día de esta medida, enflaquecidos a más no poder –lo que costó la vida de dos vacunos, lo que representa aproximadamente 120 mil pesos– porque la policía no tenía pasto para darles.
La recuperación territorial Lof Quemquetrew se levanta en un territorio fiscal pero que tiene pinturas rupestres en uno de sus cerros. En sus cercanías se encuentran las tierras de Lucinda Quintupuray una anciana mapuche que fue asesinada, a fines de 1999, cuyo crimen nunca se resolvió, como tampoco el de su hijo que fue encontrado en un arroyo con la cabeza partida. La escuela del paraje lleva su nombre.
Es la misma escuela que fue usada como base de operaciones de la policía cuando la jefa regional de fiscales, Betiana Cendón, decidió que la mejor medida era cercar la recuperación –dejando a la escuela dentro de los retenes policiales– para impedir que quienes están en la recuperación reciban alimento y abrigo, lo que según la medida impediría el asentamiento de la ‘usurpación’.
Los hechos se desencadenaron rápidamente. La recuperación fue llevada adelante el sábado 18 de septiembre en el puesto conocido como «Los Álamos» sobre la ruta de ripio provincial Nº 6. El miércoles 22 de septiembre el fiscal de la causa Arrien, confirmaba que se llevaría a cabo una instancia de diálogo previo a avanzar con la causa. Sin embargo, el viernes 24 la policía que cumplía la orden de identificar a quienes eran parte de la recuperación terminó entrando al predio, reprimiendo –ya que quienes estaban en el predio se resistieron– y desalojando a lo que pensaban era la totalidad de la recuperación. Pero no fue así, dentro quedaban personas, integrantes de la Lof. Inmediatamente se desencadenaron secuencias de movilización y organización en las comisarías a donde habían sido detenidos los miembros de la recuperación. El día posterior la policía desplegaba, nuevamente, sus fuerzas de modo represivo ante quienes aún resistían en el territorio.
Hubo movilizaciones, cortes de ruta y manifestaciones de apoyo durante el domingo 26 y finalmente el 27 de septiembre se organizó una caravana pacífica con el fin de pedir llegar hasta el lugar a acercar alimentos y abrigos. Al llegar había un retén policial sobre la ruta que recibió a quienes venían en los autos que frenaron para pedir el paso con balas de gomas y piedrazos de gomera que impactaron en los autos, rompiendo una de las ventillas. Inmediatamente todos los que veníamos en los autos nos bajamos, más de 50 personas, para dialogar con quien estuviera a cargo y pedir no sólo explicaciones sino el ingreso. La situación se prolongó durante la tarde y tuvo varias idas y venidas por parte de los funcionarios públicos que finalmente decidieron que no era posible pasar, cuando habían dicho que si lo permitirían. Fue el momento en que se instaló el ‘acampe pacífico’ compuesto por organizaciones sociales e integrantes de diversas comunidades mapuche de la región que acompañan el proceso de recuperación. Durante esa semana se intentó visibilizar esta situación, el gremio de les trabajadores de la educación de la provincia presentaron diferentes reclamos para que la escuela no fuera utilizada como centro de operaciones y les niñes pudiesen regresar a clases. Se presentaron habeas corpus preventivos y se consolidaron las redes de apoyo.
El domingo 3 de octubre se dio a conocer la noticia de que parte de la oficina de turismo había sufrido un ataque y sido incendiada intencionalmente. El lunes un comunicado de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se reivindicaba como autora del hecho y se adjudicaba la quema y rotura de maquinaria en cerro Catedral, acciones que entendían como apoyo a la recuperación territorial de la Lof Quemquemtrew. El mismo lunes la Lof realizaba un comunicado reivindicando su autonomía, explicando su no pertenencia a ninguna otra organización del pueblo mapuche y agradeciendo las diversas expresiones de acompañamiento. La acciones autoadjudicadas de la autodenominada RAM potenciaron el despliegue de las fuerzas de seguridad ya activas y la cohesión en discursos públicos, tanto de funcionarios públicos como de medios hegemónicos, de los signos ‘pueblo mapuche’ y ‘terrorismo’.
Mientras, y en paralelo, también se activaban los discursos que historizaban el conflicto, que daban muestra de la amalgama de posiciones dentro del pueblo mapuche, que es diverso y heterogéneo pero persiste y existe. El miércoles 20 de octubre por la madrugada ardía el Club Andino Piltriquitrón (CAP). Este Club que fue creado en función de la actividad de montaña histórica en la zona fue el concesionario original del Cerro Perito Moreno y quien concede la administración a la empresa Laderas –que involucra a la ya nombrada figura de Joe Lewis. La empresa Laderas presiona hace años al sector público para que le habiliten un megaproyecto de esquí y loteo inmobiliario para hacer en la zona una villa turística, y hace años el pueblo se expresa en las calles –más de 5 mil personas– contra el mismo, amparándose en leyes y reparos ambientales que el mismo Estado concede. Es de mencionar, también, que el fuego además de consumir la sede del CAP, consumió en dos oportunidades el Centro Comunitario de Mallín Ahogado que ha sido lugar de encuentro de la Asamblea en defensa del agua y la vida, y consumió miles de hectáreas de bosque y 300 casas en la zona, produciendo como consecuencia el fallecimiento de tres personas. Pero bueno al parecer son fuegos diferentes, porque unos son olvidados, otros empujan procesos judiciales lentos y responsabilidades ocultas y otros, como el de CAP, encuentran rápidamente autores ‘vox populi’: ‘los mapuches violentos’.
Representación que articula sagazmente con otras de antaño, como la de ‘indio enemigo’ o ‘salvajes’, que contienen una alta efectividad residual. Y que alienta –porque seamos sinceros, despierto ya está– al monstruo interno que exige castigo, expulsión, sangre. Y lamentablemente sabemos por hechos recientes, rememorados en esta crónica, la encuentra.
Ya en la cresta de la ola de ‘los indignados’ se interpretó el revoleo al paso de una botella de vidrio por parte de dos personas varones (uno mayor y otro menor) como un intento de incendio de la iglesia de El Bolsón, por el que detuvieron a estas personas y el ministro de seguridad de nación, Fernández, se manifestó en su twiter. El ‘intento de incendio’ luego fue desmentido por la misma policía, pero la interpretación hecha inmediatamente pública e hipermediatizada queda. Hay que ver qué monstruos alimentamos, detenernos a pensar a qué estamos dispuestos como pueblo en el pleno siglo XXI, cuáles son los caminos que nos parecen justos y cuáles son las formas de construir esos caminos. ¿Podemos mirarnos en este espejo racializado? ¿Podemos desenredar el ovillo y entender cada madeja para tejer presentes más justos? ¿O seguiremos alimentando con nuestra opinión pública las arcas de quienes siempre han salido ganando?
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