El ex presidente Mauricio Macri fue procesado este miércoles por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino hundido en Mar Argentino en 2017. Además, el juez federal de Dolores, Martín Bava, le dictó la prohibición de salida del país y 100 millones de pesos embargo.
Cabe recordar que el pasado viernes, el juzgado federal recibió todas las declaraciones testimoniales ordenadas a propuesta de la defensa del ex presidente a cargo del abogado Pablo Lanusse, por lo que el juez quedó con el camino despejado para tomar decisiones sobre al futuro de Macri.
El 3 de noviembre pasado, el líder de Juntos por el Cambio pidió esas declaraciones para darle peso a su idea de que la AFI no espiaba a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, sino que estaba colaborando con la Casa Militar en tareas aparentemente comunes como estudiar a las personas que se reunirían con el entonces presidente.
Por otra parte, como “reglas de conducta”, el juez decidió que Macri «no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal; que deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogado defensor de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país”.
Es importante destacar que el procesamiento es “sin prisión preventiva” y la resolución de Bava indica que al ex mandatario se lo encuentra “en prima facie penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.
Fuente: El Destape
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