El abogado de cinco de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial involucrados en la investigación por presuntas maniobras ilegales en la recopilación de información estatal, Juan Lewis, pidió este viernes la intervención de un juez para poder controlar las medidas realizadas por los fiscales del caso, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, y acceder “a la totalidad del legajo” con el fin de “controlar el curso de la investigación”.
Lewis realizó la presentación este viernes ante el Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe, atento a que los fiscales se negaron hasta el momento a permitirle acceder a la causa que involucra a sus defendidos. Además, como se hizo público, los allanamientos del 26 de noviembre a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad se realizaron sin testigos por orden de la fiscal Jiménez, y tampoco hubo orden de requisa firmada por un juez.
Los involucrados defendidos por Lewis, Nadia Schujman, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard, pidieron el 30 de noviembre pasado el apartamiento de los fiscales Hernández y Jiménez, de Delitos Complejos, por la causal de “falta de objetividad”. También lo hicieron con el fiscal Regional de Santa Fe, el radical Carlos Arietti, de pública enemistad con el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, involucrado en la investigación.
Sain sostuvo que durante los procedimientos hubo múltiples “irregularidades”. Además de las mencionadas, señaló que la Policía se llevó pertenencias personales de los funcionarios y que en los allanamientos los fiscales fueron “a la pesca”, a ver si encontraban algo.
A 17 días del planteo de apartamiento, el MPA no lo resolvió –ni por su aceptación ni rechazándolo- y tampoco permitió, hasta ahora, el acceso a la causa de los abogados defensores.
Pintó el descontrol
El escrito presentado este viernes por Lewis procura que exista control judicial de las medidas que se adoptan en la investigación, atento al “descontrol” con la que se manejó hasta ahora, dijo a Redacción Rosario una fuente que es parte del proceso.
El texto señala que “nos encontramos en una fecha en que la Fiscalía debería exhibir a las defensas la totalidad del legajo para que pueda controlar el curso de la investigación”.
“Sin embargo –continúa la presentación- no sólo no ha entregado dicho material sino que –por los medios de comunicación, en algo que ya parece una (mala) costumbre del MPA vernáculo- ha hecho trascender que en virtud de alguna presunta complejidad (que no logramos entender en qué radica) recién citarían a imputativa en el mes de febrero” del año que viene.
La defensa considera que esa dilación, anunciada encima a través de una nota publicada por el diario La Capital –cuyo enlace adjunta en el escrito, tiene por objetivo continuar la “excursión de pesca” por parte de los fiscales, para ver si pueden conseguir algún elemento de prueba que les permita formalizar la imputación.
Vale recordar que el caso ya fue juzgado en los medios de comunicación como “espionaje ilegal”. Sin embargo, la apariencia de falta de elementos en la investigación, hace que a tres semanas de los allanamientos, y con una causa iniciada mucho antes, Hernández y Jiménez no citen a los sospechosos a una audiencia imputativa para notificarlos de qué delitos de los acusa y mediante qué pruebas.
Tanto, que el propio defensor de cinco sospechados tuvo que presentar este viernes un escrito solicitando que intervenga un juez para salvar las garantías del debido proceso. Así, Lewis solicitó este viernes al Colegio de Jueces de Santa Fe su intervención “a los efectos de que se disponga judicialmente el acceso a las constancias de la investigación practicada”.
En ese sentido, el escrito señala que “no pueden ser los fiscales quienes dispongan caprichosa e inopinadamente la calificación de ‘compleja’ a la presente investigación”. Para que sea un juez quien controle la legalidad de los actos, el abogado defensor plantea que “debe fijarse de manera urgente una audiencia”.
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