El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que acatará el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia y dispuso así “reasignar” fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño en el marco de la disputa por la coparticipación. Además, anticipó que el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto sobre esta materia para que sea tratado en sesiones extraordinarias.
Así lo anticipó a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que consignó que ordenó reasignar los “únicos recursos disponibles del ejercicio 2022” y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual se “se utilizarán bonos TX31”.
“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, expresó el mandatario.
El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA.
— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022
No obstante, consideró que las “decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.
En ese contexto, aclaró que, “respetuoso del Estado de derecho”, buscará “revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”. “También debo respetar las leyes vigentes”, sostuvo y, luego, citó: “El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto”.
Fernández puntualizó que las “políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.
En paralelo, apuntó que el “actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”.
El mandatario planteó que “ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
En este punto y en línea con lo que había anticipado luego de una reunión que mantuvo con 14 gobernadores tras el fallo, el presidente informó que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar un “recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
“Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, señaló.
En este punto, el mandatario advirtió que “ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”. Por eso, instruyó a la Jefatura de Gabinete para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”, y anticipó que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
“Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
Sobre este punto, explicó que los bonos consignados “ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe” y añadió que, “siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.
Paralelamente, Fernández informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en “sesiones extraordinarias” y que “prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22”. “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, sostuvo el jefe de Estado.
Fuente: (DIB)
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