La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley que busca un resarcimiento para quienes fueron perseguidas por el vetado código de Moralidad Pública. Matilde Bruera, impulsora de la norma, brindó detalles del alcance.
En un recinto copado por activistas e integrantes de la comunidad travesti-trans santafesina, la Legislatura provincial dio media sanción a la iniciativa que postula una reparación económica para quienes fueron perseguidas por el código de Moralidad Pública que rigió en Santa Fe hasta 2010.
El proyecto –que contó con 28 votos a favor, 10 abstenciones y 6 en contra– fue ingresado por la diputada provincial justicialista, Matilde Bruera, quien resaltó que la norma “establece reparar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos realizadas por las fuerzas represivas contra la comunidad travesti y trans”.
En la votación se abstuvo el bloque radical de Fabián Bastía, el de la legisladora Betina Florito y el de Sebastián Julierac, mientras que cosechó el voto contrario del bloque Vida y Familia presidido por Nicolás Mayoraz. Ahora, la discusión pasó al Senado.
🏳️⚧️ MEDIA SANCIÓN PARA EL PROYECTO DE LEY DE REPARACIÓN HISTÓRICA TRAVESTI TRANS POST DICTADURA
🙋🏻♀️ En abril de 2022 ingresé a la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe el proyecto impulsado por la Mesa de Reparación Travesti Trans y el abogado Matías Gómez pic.twitter.com/Rtid8SDabS
— Matilde Bruera (@BrueraMatilde) June 16, 2023
Bruera explicó que se trata de una iniciativa “elaborada en colaboración con la Mesa de Trabajo Travesti-Trans, junto a sus asesores legales” y que logró el aval de cuatro comisiones parlamentarias: de Género, de Derechos y Garantías, de Presupuesto y de Constitucionales.
“La democracia tiene una deuda enorme con esta comunidad que fue perseguida hasta la derogación en 2010 de la sección de Moralidad Pública inscripta en el Código de Faltas. Fue esta Legislatura la que removió y puso fin a tal persecución sistemática”, destacó la legisladora.
La titular del bloque Lealtad Kirchnerista agregó: “Esta comunidad fue perseguida por la policía a través de la sección de Moralidad Pública, que era una caja negra recaudatoria bajo el paraguas de la persecución del ejercicio de la prostitución, de la comunidad travesti-trans y del juego clandestino”.
Sobre las violencias padecidas bajo aquella letra, Bruera recordó que “las privaban de su libertad persistentemente, estuvieran o no en el ejercicio de la prostitución, que por otro lado era una de las pocas actividades que podían ejercer porque tenían vedado el acceso al estudio y al trabajo”.
El código de Moralidad Pública habilitaba a las fuerzas de seguridad a demorar y detener a quienes estuvieran “con una vestimenta que no corresponde a su género” y establecía penas de entre 20 y 60 días. “En esa privación sufrieron todo tipo de vejaciones y tormentos, de humillación física y psicológica”, destacó la autora del proyecto.
“En los libros de los Juzgados de Faltas –continuó– constan los ingresos recurrentes de estas compañeras a las comisarías y dependencias policiales. Fue parte de la violencia que habilitó y habilita violencias más grandes contra este grupo. La provincia de Santa Fe debe hacerse cargo de reparar el daño a estas personas”.
Sobre tal resarcimiento, explicó: “Era un atropello realizado a través de las instituciones del Estado, y por eso el resarcimiento es necesario y será equivalente a dos pensiones no retributivas”.
Por último, la dirigente del peronismo santafesino añadió que “es también una reparación para las instituciones democráticas: con esta norma, el Estado de Santa Fe avanza en la transparencia y en una democracia profunda y seria de acuerdo a las normas constitucionales”.
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