Los abogados defensores de los 17 genocidas imputados en la megacausa Guerrieri IV finalizaron sus alegaciones y se dio lugar a las últimas palabras de los acusados. Todos pidieron absoluciones y rechazaron pedidos de las querellas.
Una nueva jornada judicial de la megacausa Guerrieri IV en la que están siendo juzgados 17 genocidas comienza con la intervención del defensor José Luis Severín en esta mañana de agosto. Su alegación llega al octavo de los 12 puntos que había anticipado el lunes 7. El abogado edifica su exposición a partir de los aportes que su defendido ha hecho al juicio. Eduardo Costanzo es percibido como un traidor por los milicos por haber roto el pacto de silencio que los caracteriza. En su exposición, Severín enumera los datos útiles revelados por su cliente, tales como información sobre el destino final de ciertos cuerpos en los vuelos de la muerte.
El defensor define a Costanzo como delator y alega que quisieron atentar contra su vida en dos oportunidades, una para que no declarara. Pide que la condena, en caso de recaer, sea unificada con las de las megacausas anteriores y solicita el mantenimiento del arresto domiciliario, en contrapunto al pedido de la querella, que exigió cárcel común. La praxis victimizante para con el acusado reincide. Se apunta a su edad, a los múltiples problemas de salud que aqueja y hasta a una supuesta depresión de su esposa, a la que no está en condiciones de dejar sola, según la defensa.
Severín es claro: en caso de haber condena, prisión domiciliaria. Otro de sus pedidos es la nulidad parcial de las acusaciones formuladas. Rechaza las solicitudes de ampliación de imputaciones, así como las figuras de genocidio y de desaparición forzada. Sugiere la absolución de su defendido y, en tal caso, espera condenas a figuras básicas sin aplicación de los agravantes mencionados.
Llega el turno de Julio Agnoli, el abogado defensor del más provocador de los genocidas, Juan Daniel Amelong. La semana pasada había adelantado que sería breve su alegato, que ahora inicia con el foco puesto en los testimonios. Dice que no dieron datos propios del hecho porque no fueron aportados por “testigos en sentido estricto”, sino que los percibe como aportes de lo que les contaron o de lo que pudieron averiguar. Habla de un poder punitivo gradual y de un abuso de persecución, un discurso especular y cínico sobre lógicas propias de los militares. Se pregunta por qué todos los casos no se finiquitaron en “una sola Guerrieri” e indica que en el juicio hay falta de sustrato. En esa línea, advierte que los argumentos de la querella son “teorías sobre la participación”.
Agnoli cuestiona el desarrollo de la causa y acusa “pruebas trasladadas tomadas de otras causas”, agravio que repite con respecto a las sentencias. Señala que las acusaciones “no resisten análisis riguroso de lo sucedido”. Ahora, el defensor de Amelong increpa al tribunal al destacar que Costanzo no sostuvo en su declaración de esta causa la versión que había compartido en la génesis de esta serie de juicios. Sus comentarios son una extensión del notorio resentimiento que su defendido tiene para con el buchón. Se queja de que el delator haya estado dos años en cárcel común y 18 en prisión domiciliaria mientras a su cliente le tocaron 18 años en la cárcel y dos en su casa. Reniega de que el traidor del pacto de silencio militar haya llegado “por cualquier medio a la domiciliaria”.
El abogado rezonga de la “parcialización de declaraciones” y distingue “datos parciales” en ellas. En un síntoma ideológico, asevera que eso se debe a “la necesidad de recorte de los hechos que satisfaga un punto de vista”. Distingue, en el debido proceso, un “pie de igualdad a Videla” con los asistidos. Esboza su adherencia a la teoría de los dos demonios a la hora de catalogar de “lucha contra la subversión” al terrorismo de Estado perpetrado durante la dictadura cívico-militar-clerical.
Tal como otros abogados y hasta algunos genocidas han contado en esta causa, Agnoli recuerda que María Estela de Perón había prohibido a la agrupación Montoneros durante la democracia por considerarla subversiva. Demanda una mirada objetiva de la prueba producida en el juicio y se preocupa por las convicciones ideológicas de una fiscalía que, para él, cree solamente una parte. Al igual que sus colegas, expresa su solicitud de absolución de sus asistidos, identifica una falta de nexo de causalidad y hasta refuta lo sucedido en la denominada Masacre de las Verbenas, en Granadero Baigorria, a la que tilda de “misterio de las Verbenas”.
Para este defensor, las circunstancias no hilvanan una versión coherente y contempla las declaraciones disímiles de Costanzo. Repasa caso por caso y reivindica a su colega Gonzalo Pablo Miño. Además de la absolución a los imputados, Agnoli pretende desestimar la ampliación de las imputaciones por crímenes cometidos contra infancias durante la última dictadura, a los que considera atípicos y sin dolo mediante. Como no podría ser de otra manera, añade a la fila de rechazos el de la figura de genocidio y opta por la reclusión domiciliaria. Un planteo común entre los abogados defensores ha sido la inconstitucionalidad de la prisión perpetua para sus defendidos por la imposibilidad de que, en estos casos, la pena pueda perseguir su fin último, que es la reinserción social.
Siete de los genocidas decidieron compartir sus últimas palabras. Costanzo, que asistió al juicio de manera remota hoy, quiere expresarse en persona, así que lo hará dentro de dos semanas. El primero es Amelong, que escribió algunas páginas sobre pensamientos desordenados que tenía del juicio. No le perdona a Néstor Kirchner haber tenido la voluntad política de sumariar a militares genocidas y lamenta lo que le tocó vivir desde el 2003 a esta parte gracias a un gobierno que, según sus palabras, buscó un “enemigo débil” en las fuerzas armadas y de seguridad. Para el provocador, Kirchner “avasalló la Justicia” con procesos políticamente correctos.
No conforme con mostrar cómo tiene clavada la espina del kirchnerismo, ese modelo político que le hizo vivir el peor momento de su vida a Jorge Rafael Videla, el genocida se burla de cada testigo que brindó declaración testimonial y afirma que nadie aportó información, que se trató de una catarsis más que de un “aporte incriminante”. Sugiere una lectura ante las caras serias del resto de la audiencia. Él, sin embargo, no evitó la risa en más de una intervención de querellantes y de testigos. Asevera que las condenas sufridas por él y por su séquito se caracterizan por mentiras y por relatos. Evalúa el desempeño de la jueza Mariela Emilce Rojas y con tono soberbio aclara que, de todos modos, no va a intentar recusarla porque cree que nada cambiaría el resultado de lo que denomina “trámite de condena”.
Ahora, el militar condenado se dirige al tribunal: “Señores jueces, es la hora de ustedes”. Afirma haber acatado siempre la ley y reflexiona con que un misticismo similar al de los jueces es el de los militares. “Creemos que podemos hacer lo que corresponde siempre y tratamos de hacerlo”, sostiene. “A veces se cumple y a veces no”, agrega.
Rodolfo Isach agarra la posta para retomar su relato autovictimizante de portación de apellido y de persecución a su esposa durante el golpe de Estado. Pero en seguida se va por las ramas y la jueza lo interrumpe para enderezarlo. Ahora es Fariña el que alza la voz. Comparte la defensa de Miño y recomienda la lectura de un libro llamado Asalto a la Justicia. Interpreta que los juicios de lesa humanidad son y serán “nulos de nulidad absoluta”. Además, protesta por haber convivido con presos comunes que eran consumidores de drogas, aunque nada tenga que ver con estas imputaciones. Habla despectivamente de la actualidad y describe a los presos comunes como “monos y monitos”. Insta a tener cuidado con los jueces, con los políticos y, puntualmente, “con los Kirchner”.
Oscar Giai mete apenas un bocado. Es taxativo con que lo más importante son las pruebas y asume que confía en la “honorabilidad de los integrantes del tribunal”. El que nombra la causa también tiene algunas palabras. Se despega del Destacamento 121 y niega haber estado a cargo en el período en que los delitos fueron cometidos. Con impune hipocresía, dice: “Yo soy un preso político, un perseguido político”. Reflota la teoría de los dos demonios y la idea de la obediencia debida para justificarse: “Participé en una guerra”. Concuerda con lo expresado por su abogado y celebra que el poder militar haya intervenido en causas para generar “orden”. Celebra haber cumplido con los mandatos de los presidentes de facto y se rehúsa a considerarse criminal porque se cree un “soldado de guerra” que obedeció las órdenes de sus superiores.
Osvaldo Tebez cierra la jornada con una adhesión a los argumentos del abogado Miño. “También quiero Verdad y Justicia”, provoca, antes de quejarse de que hayan escrito mal su nombre en un expediente. El juicio retornará el lunes 28 de agosto. Es cuestión de semanas para que el tribunal federal delibere y comparta su veredicto.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 19/08/23
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