La diputada Lucila de Ponti impulsa en la Legislatura una iniciativa para que se garantice la continuidad de las obras de urbanización que se encuentran en ejecución en decenas de los 469 barrios populares de la provincia, frente al riesgo de eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto busca que el gobierno provincial disponga las medias necesarias para que sigan los trabajos de infraestructura y servicios básicos en los barrios registrados en el RENABAP –Registro Nacional de Barrios Populares- que mejoran las condiciones de vida de lasmiles de familias que allí residen.
“La urbanización de barrios populares es una verdadera política de Estado que busca erradicar un problema de raíz y debe sostenerse a través del tiempo más allá de los gobiernos de turno”, aseguró De Ponti. El RENABAP nació como una propuesta desde las organizaciones sociales, quienes realizaron este censo junto al Estado para poder conocer con exactitud cuántos barrios populares hay, cuántas personas viven y en qué condiciones lo hacen. En la Argentina existen 6467 barrios populares, en donde viven aproximadamente 1.200.000 familias, la mayoría sin acceso a la red eléctrica, agua corriente, cloacas ni gas natural.
“La urbanización es urgente, por eso se votó por unanimidad la Ley de Barrios Populares y desde entonces se trabaja en este sentido. Actualmente hay obras en ejecución en muchos de los 469 barrios populares de nuestra provincia y es fundamental asegurar que cuenten con el financiamiento para que sigan adelante”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.
Los Hornos, La Villa, Comunidad Com Caia, 12 de Octubre, Los Pumitas, San Martín Sur, Villa Banana, Tío Rolo, Bella Vista, los Espinillos, San Francisquito, Santa Rosa, Los Piletones, Estanislao López, La Mariposa, Loteo Belén, Barrio Jardines, Nueva Roma, Villa del Parque, Villa América, Los Troncos, Abasto, Alto Verde, Margarita, La Tacuarita, Libertad, Amistad, El Sol y Vía Honda son solamente algunos de los barrios en donde se llevan adelante estos trabajos.
La fuente de estas obras es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el cual podría ser eliminado. “Ante el riesgo de la falta de financiamiento de esta política, creemos que es responsabilidad del Estado garantizarla y no esperar que lo resuelva el mercado, porque ninguna empresa invierte en donde viven las personas con menores ingresos”, aseguró De Ponti y finalizó:
“Urbanizar los barrios populares es una política de Estado que no solamente hay que sostener, sino también expandir para tener un país sostenible y con futuro”.
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