En sus entrañas, el gobierno de Milei no sólo esconde corporaciones y grupos de interés, principalmente financieros. Profundizando el patrón de Mauricio Macri, el espionaje ilegal también teje su telaraña en la Casa Rosada.
En 40 años de democracia, ningún gobierno exclamó más veces el término “Libertad” que el de Javier Milei. Sin embargo, sin ser la principal, la contradicción entre el dicho y los hechos distingue a esta administración como a ninguna otra en el mismo período.
Las restricciones a las libertades más elementales y el recorte de derechos que, precisamente, resguardan libertades individuales y colectivas, son características sobresalientes en la gestión inaugurada el 10 de diciembre de 2023. El último capítulo de esta arremetida es el anuncio de la desaparición del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Tanto en el DNU –aún vigente– como en la implosionada ley bondi, las “desregulaciones” escondían prohibiciones al 90 por ciento de argentinas y argentinos con el exclusivo objeto de beneficiar a los sectores del establishment que se encuentran enquistados en los sótanos de la Casa Rosada.
Detectar quiénes son esos monjes ocultos es imprescindible para establecer las acciones políticas y gremiales que le pongan límite y detengan el experimento anarcolibertario en curso.
Corporaciones, buitres, negocios
Como garante de sus planes de negocios, Milei cobija en sus ministerios, secretarías y espacios estratégicos a hombres y mujeres que representan los intereses de las más grandes corporaciones del país y del extranjero.
La presencia hegemónica de sectores del capital financiero en la administración Milei –está más que claro– explica las contradicciones que empiezan a verse con otros actores históricos, como el sector agroexportador, que ve en cualquier tipo de dolarización una especie de satán que tiraría por la borda su histórico rol rentístico y especulativo.
En los últimos días, la guarida de roedores financieros que aparece más activa en la Casa Rosada es la Jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse. El hombre de mayor confianza de Milei contrató a Horacio Liendo, uno de los artífices del plan de convertibilidad junto a Domingo Cavallo, para que se ocupe de la reestructuración del Banco Nación.
Este personaje es hijo de Horacio Tomás Liendo, quien fuera –durante la última dictadura– ministro de Trabajo de la Nación entre 1976 y 1979; ministro del Interior en 1981 y presidente interino por 21 días entre noviembre y diciembre de 1981.
En el negocio del desguace del Nación está involucrado el titular de Economía, Luis Toto Caputo, quien tiene en mente que el fondo buitre neoyorquino BlackRock compre una parte de las acciones de la entidad bancaria.
El plan de Caputo es emular el modelo del Bank of Ireland y con ello obtener alrededor de 750 y 1.200 millones de dólares. Según el portal de noticias La Política Online (LPO) “el estudio de Liendo fue contratado por el Banco para preparar el prospecto preliminar que permita en un futuro hacer la oferta pública de venta (IPO, initial public offering, en inglés)”.
El propio economista lo confirmó: “Presentamos una propuesta de asistencia profesional para el análisis de la transformación de la entidad autárquica actual en una sociedad anónima”.
En el negocio con BlackRock, Caputo tiene un rival de peso, Federico Sturzenegger, quien consiguió que uno de sus hombres, Armando Guibert, fuera nombrado como uno de los directores del Banco Nación hace unos diez días.
El capo del fondo buitre, Larry Fink, tiene previsto visitar a Milei en mayo próximo, pero Caputo viene de una larga relación con BlackRock: en 2018, cuando Toto era ministro de Mauricio Macri, puso una montaña de dólares para salvar al amigo de una corrida.
En el mundo financiero global todos recuerdan cómo incursionó BlackRock en la operación de privatización parcial del Bank of Ireland en 2013. El fondo buitre ingresó comprando el 3 por ciento de las acciones, pero en la actualidad ya posee el 8,67 por ciento.
Según fuentes cercanas a Caputo, el Citigroup coordinaría la operación –siempre en caso de que prospere– y LPO refiere que “la semana pasada, Caputo y Posse recibieron en la Rosada a Jane Fraser, CEO del Citigroup”.
Como lo primero que quieren hacer los desguazadores es racionalizar personal, tercerizar “recursos humanos, contaduría y sistemas” y, siguiendo el modelo de Irlanda –donde se redujeron de 257 a 169 sus sucursales–, La Bancaria ya está en alerta y Sergio Palazzo, su secretario general, realizó una asamblea en el Nación el martes pasado, con la presencia de los cosecretarios de la CGT Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña.
Otro topo de las corporaciones en el Gobierno es el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, abogado de empresas como Díaz & Forti, corredora del Grupo Olio, que a su vez operaba las instalaciones de Vicentin. Apenas asumido, en diciembre pasado, consiguió que esa firma recibiera una multa de apenas 4 millones de dólares, a pesar de estar denunciada por evadir más de 300 millones de la moneda yanqui.
Díaz & Forti tiene su oficina corporativa en Rosario, y según el ex director del Banco Nación Claudio Lozano, la empresa “en 2020 creció de manera extraña respecto de su presencia insignificante en materia de exportaciones”, y nunca quedó claro con qué financiamiento lo llevó adelante. Para citar el salto que pegó, cabe destacar que en 2019 exportó 4 millones de dólares y al año siguiente lo hizo por más de 600 millones de verdes.
En 2021, y a pedido del BCRA, el juzgado federal N°3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, determinó un embargo de más de 3.100 millones de dólares y la inhibición general de bienes de la compañía y sus accionistas, Marcelo Darío de Vincentis y Luis Ariel Olio. Cúneo Libarona logró que la multa para zafar fuera insignificante.
Un caso aparte es la designación de Mariano Greco, el nuevo titular de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). No se trata de un CEO corporativo ni un representante de algún fondo buitre. Por el contrario, registra un arcoiris de antecedentes que deberían ubicarlo en otra órbita que la anarcolibertaria.
En los albores del actual período democrático, Greco fue militante del Frente Grande, proveniente del Partido Intransigente, estrechó relaciones con el peronismo porteño que en su momento encabezó el fallecido Eduardo Vaca y fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández.
Fue parte de la campaña que terminó con Aníbal Ibarra en la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires en 2000, con una estrecha relación con quien fuera jefe de Gabinete del ex fiscal, Raúl Fernández. Incorporado al área informática, tomó contacto con el espacio que encabezaba Juan Manuel Abal Medina.
Greco fue subsecretario de Tecnologías de Gestión, y tras la eyección de Abal Medina como Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, sobrevivió en su cargo cuando asumió Aníbal Fernández.
El hombre se relacionó en forma muy amistosa con representantes y directivos de empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y se ganó la confianza de Osvaldo Iadarola, titular del gremio de telefónicos.
Cuando asumió Alberto Fernández, Greco actuó como asesor del área informática para Martín Olmos, a la sazón subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, que dependía del Ministerio de Innovación, para luego saltar a Arsat y hacerse cargo del Proyecto Escuelas, que brinda conectividad a más de 40 mil establecimientos educativos en toda la Argentina.
Greco dio otro salto al ser designado gerente del Centro de Datos de Arsat, donde afianzó su relación con los socios locales de Cisco, Huawei y Fortinet, las compañías proveedoras de tecnología al consorcio estatal.
Según el portal informativo Letra P, Greco habría sido nombrado como presidente de Arsat en el actual gobierno por sugerencia o “el visto bueno de ese conglomerado empresarial y el aval de Santiago Caputo”.
El titular de Arsat tiene un doble desafío: por un lado se trata de una de las empresas que están en la mira de Milei para privatizarla, previo ajuste. Por otro, habrá que ver si soporta el asfixiante plan de ajuste de la administración nacional, conteniendo al personal técnico calificado y manteniendo activas las unidades de negocios de una compañía pública que “en los últimos cuatro años, según sus balances, arrojó un crecimiento de más del 800 por ciento, en función de la venta de sus servicios informáticos”, señala Letra P.
Está claro que los sótanos anarcolibertarios no se agotan en estos tres ejemplos de intento de colonización y/o desguace del patrimonio estatal. Incluso existe un área que fue analizada en forma demasiado apresurada y sin la debida información: la que conforman las denominadas “Telco”, compañías que brindan servicios de telecomunicaciones.
Cuando Milei, a través del mega DNU, dispuso liberar el mercado de la comunicación satelital, anunciando en forma desembozada que esa medida le permitía incursionar a la empresa Starlink, del billonario Elon Musk, muchos interpretaron que se les venía la noche a la tríada de prestadores que operan a nivel nacional: Telecom, Movistar y Claro. Error. Estas empresas consideran a Starlink, al menos por el momento, como complementaria, no como una competidora.
Es más, no es la llegada de Musk lo que preocupa a Héctor Magnetto (Clarín), Telefónica de España (propietaria de Movistar) y a Carlos Slim (capo de Claro), sino la demora que lleva la administración libertaria en derogar un instrumento legal que los tiene en jaque: el decreto Nº 690/20, que define a esas compañías como servicio público y esencial.
A Milei y su gente les llevó casi un mes y medio definir la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Recién el 29 de enero, hace menos de un mes, el gobierno nacional publicó el decreto que, entre otras importantes misiones, tiene la de analizar el DNU 690/20 del ex presidente Alberto Fernández (que designó servicios esenciales a las telecomunicaciones y las TIC); reorganizar operativamente el organismo; evaluar la ejecución de los fondos del servicio universal (que financia obras de conectividad a operadores grandes, medianos y pequeños, comerciales, cooperativos y de estados provinciales) y de fomento concursable (que promueve contenidos en medios comunitarios y que el proyecto de ley bondi que naufragó en el Congreso buscaba eliminar).
El tridente interventor designado echa luz sobre esa cueva de negocios en que Milei y su jefe de Gabinete Posse han transformado al ENaCom. Aunque sus nombres nada dicen por sí mismos, Juan Martín Ozores, designado interventor titular, es un ex directivo de Movistar, compañía a la que ahora debe controlar y auditar. Los interventores adjuntos Alejandro Pereyra y Patricia Roldán, también abogados, ocuparon anteriormente cargos ejecutivos en el organismo, al punto que el primero de ellos llegó a ser director del ENaCom en tiempos de Macri. Zorros custodiando el gallinero.
Movistar ya tiene su hombre en el ENaCom, y se supone que Telecom y Claro no deberían tener problemas en lo que a sus intereses el organismo pudiera tener que controlar, pero lo cierto es que el DNU 690/20 aún no fue derogado.
Acaso las presiones de Magnetto en esa dirección sean la verdadera explicación de una noticia que pasó prácticamente desapercibida. Bajo el título “En la Casa Rosada evalúan una ofensiva fiscal contra el Grupo Clarín”, el sitio de noticias Data Clave reveló un artículo publicado por Gotham City, un medio digital de Suiza que, según explica el periodista Mauro Federico, “desde 2017 se dedica a brindar información vinculada al mundo empresarial y judicial”.
La nota del medio helvético fue publicada el pasado 14 de febrero y se titula “Offensive fiscale contre les dirigeants du groupe de presse argentin Clarín” (“Ofensiva fiscal contra los dirigentes del grupo de prensa argentino Clarín”). Allí se saca a la luz que “José Aranda, vicepresidente del poderoso grupo de prensa argentino Grupo Clarín, así como varias sociedades offshore vinculadas a este último y a la fallecida Ernestina Noble, viuda del fundador Roberto Noble, son objeto de solicitudes de asistencia fiscal mutua sobre sus activos en Suiza”.
“La sorpresa es que esas solicitudes, que actualmente están en manos de la Administración Tributaria Federal de Suiza, habrían sido hechas por el Gobierno argentino. Le apuntan a Aranda y a otras cinco sociedades instrumentales (offshore), presuntamente vinculadas al mismo. Estas son Sirenetta SA, Silkwood Investments Limited, Mulberry Group Inc., Mather Holdings Limited y Luaran SA”, subraya Data Clave.
El portal suizo sugiere que esa solicitud “es procedente de la Argentina”. Y el medio argentino consultó a fuentes del 5º piso del Palacio de Hacienda, quienes según Federico respondieron: “El pedido existe y comenzó como una solicitud del asesor Santiago Caputo a su tío Luis, actual ministro de Economía de la Nación”. Se esperan más capítulos de este culebrón, que promete sacudir los sótanos oscuros y putrefactos de Balcarce 50.
Guerra de espías
El sábado pasado, el diario La Nación publicó un artículo con un sugestivo título: “Las extrañas prioridades de un colaborador clave de Milei”. La bajada no era menos atractiva: “El jefe de Gabinete evita las declaraciones públicas y se muestra ansioso por ocupar con leales cargos sensibles”. Pero en el cuerpo central de la nota estaba lo sustancial, los reveladores datos de la fuerte inclinación de Nicolás Posse hacia el espionaje ilegal.
La nota refuerza la idea que tuvo Raúl Alfonsín en 1984 al crear la jefatura de Gabinete “para cuidar del desgaste a la figura presidencial y mejorar el diálogo con el Congreso”. Pero a la vez indica que Posse, el elegido por Milei para ocupar ese cargo, “se esfuerza por alejarse de aquel mandato de origen”, puesto que en este momento “la jefatura de Gabinete se convirtió en un reducto hermético, liderada por un funcionario que se ufana de su silencio, con una inexplicable ascendencia sobre los servicios de inteligencia y con dudosas contribuciones a las apremiantes necesidades políticas del Gobierno”.
La Nación también sostiene que “en el declive de la ley ómnibus, Posse brilló por su ausencia. Su desvelo lo lleva a otros rincones del Estado, menos luminosos” y recuerda las palabras del propio Presidente: “Hay un triángulo: Karina Milei, Santiago Caputo y yo. Cuando lo ampliamos entra Nicolás Posse”.
El párrafo más sustancioso refiere que “aunque en la ley depende de la Presidencia de la Nación, el jefe de Gabinete se atribuye bajo su órbita a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El espionaje lo atrae. En su gira por Estados Unidos se reunió con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William J. Burns”.
Y, como al pasar, el artículo destaca que “antes incluso de ocupar la jefatura de Gabinete, Posse se interesó por los servicios de inteligencia. Fue el responsable de ubicar al frente de la AFI a Silvestre Sívori, un abogado especializado en derecho administrativo que había trabajado en el área de Transporte”. No dice con quién, pero basta un repaso por el organigrama del gobierno de Macri para ubicar al actual jefe de los espías bajo el ala de Guillermo Dietrich.
Sívori, el nuevo “Sr 5”, el jefe de los espías argentinos, es sobrino del jefe de Gabinete, y fuentes allegadas al gobierno nacional insisten en remarcar que Posse se trenzó en una dura puja con la vicepresidente Victoria Villarruel por el control de la AFI. Finalmente, Posse ganó esa pulseada y nombró al ex funcionario de Dietrich.
Sívori tiene apenas 39 años, es abogado y además de trabajar con Dietrich, antes se desempeñó en el gobierno porteño en la Secretaría Legal y Técnica y en la Agencia de Protección Ambiental, también fue abogado en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad.
Ya en el gobierno de Macri, fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte entre 2016 y 2019. En 2021 volvió al gobierno de la Ciudad, en este caso en la Procuración porteña.
Ahora bien, un día después de la publicación de La Nación, el sitio digital de noticias La Política Online (LPO) publicó una nota en exclusiva que tituló “Macri y Petovello sospechan que son blancos de un equipo de inteligencia ilegal de Posse”. Como en épocas del primero de los presuntamente espiados, las víctimas de los seguimientos pueden ser incluso integrantes del propio gabinete o espacio político. Las novedades no abundan en este sentido.
¿Cuáles son los fundamentos de las sospechas de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello? LPO cuenta que en una de las últimas reuniones que mantuvo con Posse, éste “le enumeró los nombres de cada una de las personas con las que la funcionaria se dio cita en el último tiempo sin divulgarlas públicamente”. Pero lejos de quedar allí, la funcionaria “pasó del estupor al pánico” –revela el medio electrónico– cuando el jefe de Gabinete le disparó una frase que la ministra registró en tono amenazante: “Pasala bien en Punta del Este”. Posse sabía lo que ella no le había confiado a nadie: había reservado pasajes para viajar el fin de semana a Uruguay.
LPO considera que la cosa es más grave que un simple espionaje de agenda. “Posse se habría tentado, según la información que maneja el ex presidente Macri, con la creación de un equipo de inteligencia ilegal que espíe a propios y extraños”.
Es más, el medio dirigido por Ignacio Fidanza sostiene que “Macri tiene información que el brigadier (RE) Jorge Jesús Antelo, colaborador de Posse, sería el jefe del equipo que espía a ministros, aliados y opositores como Cristina (Fernández de Kirchner) y (Sergio) Massa”.
De hecho, hay un dato incontrastable: Posse fue quien nombró a Antelo en el cargo de secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete. El tema es que, según consideran en el entorno más cercano de Macri –ergo, sus fuentes de inteligencia clandestina– es que el militar retirado no se limita a cumplir funciones de análisis estratégico y tendría como misión extraoficial liderar un grupo de espionaje ilegal que reporta directamente a Posse.
Siempre según esas fuentes, Macri y los funcionarios del gabinete de Milei no serían los únicos a quienes se espía. “En el equipo de Sergio Massa afirman que detectaron tareas de inteligencia sobre las oficinas que el ex candidato presidencial tiene sobre avenida Libertador, en el barrio porteño de Retiro”, sostienen. Y LPO agrega: “Una presunción similar tienen en el Instituto Patria, que volvió a visitar Cristina Kirchner”.
El miércoles pasado esta saga continuó cuando tomó estado público que detrás de la interna de Posse y Pettovello se esconde el manejo de los fondos de Anses, organismo que ya lleva más de dos semanas acéfalo tras la partida del cordobés Osvaldo Giordano a causa de un capricho de Milei.
El jefe de Gabinete y la titular de Capital Humano vienen sacándose chispas debido a que el primero está obsesionado por echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que representa 6.245 millones de dólares en acciones de las principales empresas nacionales.
La intentona de darle muerte al fondo poniendo en subasta a precio vil esos títulos para que puedan ser recomprados por las compañías involucradas está congelada desde el choque de la ley bondi contra la dura pared de la realidad, pero además Posse está en desacuerdo con que el reemplazante de Giordano sea Mariano de los Heros, un abogado de confianza de Pettovello.
En todo caso, lo que se percibe claramente es que el funcionario que tiene más vínculos directos con el macrismo es Posse, pese a lo cual no ha logrado consolidar los deseos de Mauricio, en parte por las fuertes resistencias de Karina Milei y las del propio Presidente.
En medio de la guerra sorda que Posse libra contra Pettovello, a la ministra también le sorprendió que en dos oportunidades se produjera un cambio en su custodia personal sin que alguien le avise.
En Capital Humano y otros ministerios es un secreto a voces que el jefe de Gabinete viene designando como funcionarios a extraños personajes que no tendrían otra tarea que realizar espionaje ilegal área por área.
Los sótanos del gobierno de Milei se parecen cada vez más a un pozo ciego que poco a poco se van inundando con lo peor de sus ocupantes.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 24/02/24
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