El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi respondió al pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y prohibió a tres imputados en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la ex mandataria. También se reiteró el planteo para convocar a declaración indagatoria a la empresaria Rosana Caputo, por el posible financiamiento a la organización política implicada.
La prohibición de acercamiento recayó sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y se dispuso a raíz de un pedido de los apoderados de la ex vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, querellante en la causa. En relación a los planteos por la seguridad de la ex mandataria, el magistrado hizo lugar a lo reclamado en base “a los temores puestos de manifiesto”.
Al respecto, prohibió a los imputados Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra el “acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner y sus familiares, ello bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada”, advirtió Martínez De Giorgi.
“A su vez, deberán rastrearse sus movimientos al único y exclusivo fin de verificar el adecuado cumplimiento de la orden dispuesta” y para ello se autorizó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia ( o el organismo encargado de ejecutar la medida, si correspondiera por razones ejecutivas o de jurisdicción) para la implementación del dispositivo de vigilancia electrónico a los Sres. Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Angel Guerra” con “carácter urgente”.
La querella había reclamado la medida “para evitar quedar a merced de la suerte una vez más”, en relación al atentado que sufrió la ex vicepresidenta y para lo cual “es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso”. De manera puntual, recordó que uno de los imputados, Leonardo Sosa, estuvo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Ómnibus”.
La empresa Caputo en la mira
Como medida posterior, también evaluaron que debería citarse en el mismo sentido a otros dos socios de la empresa desarrolladora inmobiliaria, Flavio y Jimena Caputo. “Un primer paso, dilatado por meses, es convocar a Rosana Caputo y, luego, a Flavio y a Jimena Caputo, a prestar declaración indagatoria”, insistieron al reiterar un planteo hecho el año pasado en relación a la primera, quien contrató a Morel para la provisión de muebles para un complejo de viviendas, Espacio Añelo.
“Los pagos de Caputo Hermanos coinciden con la existencia y las principales actividades de Revolución Federal, y cesan cuando esta agrupación dejó de actuar”, remarcaron los abogados. En la causa declararon testigos que “robustecieron todavía más la convicción de que Caputo Hermanos financió a Revolución Federal”. Los pagos a Morel o a sus allegados “coinciden de modo prácticamente exacto con la existencia de Revolución Federal y cesan con su disolución, luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner”, el 1 de septiembre de 2022.
Fuente: Télam
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