Al compás del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la falta de gas y el hambre de los vulnerables, la política duerme la siesta y la Argentina parece morirse de a poco.
Mientras le niega la comida a millones de argentinos, Javier Milei promueve un régimen de entrega de recursos naturales y dinero fácil a los fondos buitre del mundo.
El gobierno nacional mantiene en sus depósitos miles de toneladas de alimentos –que ni siquiera compró– negándose a entregarlos a unos 40 mil comedores comunitarios que existen a lo largo y ancho de la Argentina.
Esos espacios, a los que día a día se acercan más y más argentinas y argentinos que ya no pueden sustentarse a sí mismos, no reciben comida desde que asumió el experimento libertario que encabeza Milei, con la excusa de que muchos de ellos no existen o son regenteados por movimientos sociales que se quedan con la comida para su propio beneficio.
Sin documentación que pruebe lo que menciona en su relato, la administración libertaria ha sido amonestada por la Iglesia y obligada por la Justicia para que distribuya esa virtual montaña de alimentos: yerba, fideos, leche en polvo, polenta, harina, insumos vitales que podrían paliar el hambre que ya recorre los barrios de todo el país.
Milei y su ministra de “Capital Humano”, Sandra Pettovello, en una actitud miserable e impiadosa, apelaron la decisión del juez federal Sebastián Casanello. Imposible calificar esa reacción de otra forma más benigna.
¿Dónde está la política?
La escena social se va poblando de personas que empiezan a vivir en carne propia la tragedia de quienes ya estaban sin techo; se suman familias que revuelven los tachos de basura en busca de alimento; se multiplican los hombres y las mujeres que deambulan con sus hijos y tocan puerta por puerta pidiendo “lo que sobra”. A medida de que todo eso ocurre, casi toda la dirigencia política de toda la oposición parece perdida en el laberinto de un fauno que recomienda no hacer olas.
Diputados y senadores danzan el baile de la Ley Bases en la cubierta de un mercado interno que languidece, algunos para oponerse de plano, otros para cambiar algo para que nada cambie, los más para negociar recursos por manos alzadas y todas las variantes que proporciona la gimnasia parlamentaria.
Ninguno de ellos hizo otra cosa que expresarse a través de las redes. Ninguno fue capaz de apersonarse a las puertas de los depósitos de Villa Martelli o Tucumán donde se pudren los víveres. Nadie le exige a los ejecutores del plan criminal de exterminio social –fuera de un solitario juez– que liberen la comida que piden curas, militantes, hombres y mujeres de los comederos donde los nadies llenan como pueden sus panzas.
En esos comedores hay gente que cada día se arregla vaya a saber cómo para prender la leña y meterle algo a esas ollas ennegrecidas por el hollín y por el injustificable paso de tanto tiempo en un país que podría alimentar a 600 millones de personas. Ningún jefe de bloque de ningún partido del Congreso, de ninguna legislatura o concejo se animó a ponerle el cuerpo a ese reclamo en el lugar de los hechos más vergonzosos que la Argentina haya vivido en estos 40 años de democracia.
Algunos dirigentes sin banca organizan charlas, actos, graban videos para Tik Tok o Instagram, otros participan de paneles televisivos, vaticinan escenarios, proclaman la reorganización del peronismo, muchos piensan que el experimento está demorando mucho en desmoronarse y tal vez haya que prepararse para las elecciones legislativas de 2025, no vaya a ser que los encuentre dormidos a la hora de la rosca en la que se definen las listas.
No parecen percibir, aunque digan que lo hacen, que después de este experimento demencial ya nada puede volver a ser como antes. Que se llegó hasta este desquicio porque nadie vio venir la catástrofe que representa haberse olvidado del único sentido que debe tener la política, aún para quienes la ejercen desde la codicia más infame: cambiar la realidad con el ser humano en el centro de cualquier escena.
Dale gas, Javo…
Esta semana que culmina, la Argentina se quedó sin gas. Si la crisis energética provocada por la impericia de la administración anarco capitalista no llegó a los hogares fue porque las generadoras y transportadoras de gas natural cortaron de cuajo la provisión del combustible a las expendedoras de Gas Natural Comprimido (GNC) y a las industrias, ya sea aquellas con contratos interrumpibles como las que pagan un diferencial para garantizarse el insumo en forma constante.
Según refiere el portal de noticias Econo Journal, “la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) se vio forzada el lunes (por el 27 de mayo) a licitar de urgencia la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil para hacer frente al mayor consumo de gas motivado por la ola de frío. Ese faltante hubiera podido ser cubierta al menos parcialmente si el gobierno hubiese terminado la construcción de las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner”.
La ex subsecretaria de Planificación Energética del gobierno anterior, Cecilia Garibotti, en un hilo de su cuenta en la red X, explicó: “Estamos en mayo y nos quedamos sin gas por culpa de la improvisación e ineficiencia. El superávit ficticio puede ser muy divertido hasta que se empiezan a ver las consecuencias. y no tomar decisiones tiene costo fiscal”.
Estamos en mayo y nos quedamos sin gas por culpa de la improvisación e ineficiencia… El superávit ficticio puede ser muy divertido hasta que se empiezan a ver las consecuencias. y no tomar decisiones tiene costo fiscal. Va un hilo para aclarar la situación. https://t.co/zUbG5vV8AW
— Cecilia Garibotti (@cegaribotti) May 29, 2024
La ex funcionaria abundó en detalles que dan cuenta del nivel de desaprensión que tiene el gobierno de Milei en el área energética, pero que puede extenderse a cualquier otra: “Primero, no es cierto que la situación actual fuera imprevisible. Chile, país vecino de Argentina, está sufriendo una ola polar sin estrés en el sistema energético. ¿Por qué, si Chile no produce gas? Porque lo que les falta en gas lo tienen en planificación”.
Garibotti recordó que “el gobierno heredó un sistema energético en muy buena forma, gracias a la infraestructura que se hizo en 2023. Por eso el vocero presidencial festejaba hace sólo dos semanas la producción récord de petróleo y gas y su exportación (sin que se hiciera una sola obra)”.
El actual secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien ya había pasado por el sector energético oficial durante 1995 y 1996 como consultor, durante la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, intentó zafar de toda responsabilidad: “Cuando asumimos encontramos un denominador común: retrasos significativos en las obras, burocracia y deuda”. Traducido, la crisis se desató por la falta de culminación del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner.
La ex subsecretaria cuestionó duramente esos dichos justificatorios apelando a la ironía: “Lo de las obras atrasadas por falta de pago que dicen ahora es falso. Pero aún si fuera verdadero: ¿Por qué no se prepararon para este invierno, que es frío pero no tan inusual? Sí, en mayo, junio, julio y agosto hace frío”. Y agregó: “Se necesitaba planificación. El gobierno podía elegir entre: 1) seguir el camino de la gestión anterior y terminar las obras para auto-abastecernos con Vaca Muerta. 2) planificar la importación de gas… o 3) dejar a las familias e industrias a su suerte como propone (la canciller Diana) Mondino”.
Como si esos argumentos fueran escasos, Garibotti rememoró: “En 2023, con menos gas natural local (se estaba construyendo el gasoducto), sin Atucha II y con menos agua en hidroeléctricas por la sequía, no tuvimos este problema. ¿Por qué? Simple: porque habíamos previsto importación para la demanda”.
La funcionaria del anterior gobierno sintetizó: “La Secretaría de Energía se retiró de sus funciones. No terminó las obras, no previó la demanda de gas, no tuvo plan para abastecer. Ahora estamos pagando caro licitaciones de último momento. En el medio, no hay gas para las industrias y estaciones de servicio”.
Más allá de las declaraciones, cabe recordar que en agosto de 2023 se anunció la aprobación de un financiamiento por 185 millones de dólares para la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner, lo que hubiese permitido la construcción y provisión de 4 turbocompresores en la traza del gasoducto: dos adicionales a las de Tratayén y Salliqueló y dos nuevas a la altura de Chacharramendi. Tres de esos quedaron para la actual gestión, por una cuestión de tiempos, no por retrasos.
Casi una semana antes de que saltara la crisis, Econo Journal señalaba: “El Gasoducto Néstor Kirchner transporta en la actualidad 11 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d), pero si las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes estuviesen en funcionamiento la capacidad ya se hubiese ampliado a 22 millones. La responsabilidad por el atraso es del gobierno nacional, ya que si hubiera girado los fondos cuando correspondía las plantas estarían terminadas y la capacidad de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta se hubiese duplicado”.
El capricho anarco de Milei, su imbécil inacción oficial, le costarán a la Argentina –como piso– 500 millones de dólares adicionales para cubrir el pico de consumo. “Con la tuya”, podría decir algún libertario.
Antes de aprobarse, el RIGI ya es un problema
Para Santa Fe, el debate que se está dando en torno del RIGI adquiere una especial relevancia, porque aún con las modificaciones que le introdujo el Senado nacional afectaría en forma dramática, más temprano que tarde, a todas y todos: trabajadores y trabajadoras, comerciantes, pequeñas y medianas empresas e incluso a aquellas grandes compañías que no podrán competir en las condiciones desiguales que plantea este régimen.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hace pocos días, difundió datos alarmantes: la actividad industrial pyme volvió a experimentar otra caída en abril, registrando un retroceso anual de 18,3 por ciento, el más pronunciado de los últimos 3 meses.
Son cifras que surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que habitualmente elabora CAME. En este caso se tomó una muestra que alcanzó a 415 industrias pyme a nivel federal. Esto se suma al impacto que sufrirían trabajadores y trabajadores de aprobarse el RIGI tal cual está redactado por el Poder Ejecutivo nacional.
En esa línea, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario Antonio Donello se manifestó muy preocupado por la envergadura de la crisis en el sector: “En línea blanca hay un bajón muy grande, perdimos mucha gente con contratos a prueba. Hay muchos retiros voluntarios. Perdimos cerca de mil empleos, entre efectivos y contratados. En la pandemia no llegamos a perder la mitad de esos empleos”.
El miércoles, la diputada provincial Alejandra Rodenas presentó un proyecto de declaración en el que manifiesta que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) traerá aparejadas “consecuencias perjudiciales” tanto para la Argentina como para Santa Fe.
Pero lo más grave que apunta la legisladora es que, de aprobarse, “el proyecto de ley Bases impulsado por el presidente Javier Milei para resolver conflictos entre el Estado Nacional y los inversores, estaríamos delegando la competencia de nuestros tribunales nacionales en favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial”.
Y en esa línea, la ex jueza enfatizó: “Allí es donde debemos dar un debate serio para entender la importancia de lo que se discute en el Senado de la Nación. Esto es lisa y llanamente la cesión de nuestra soberanía jurídica”.
Queda claro que el RIGI, lejos de ser una respuesta que pueda revertir estos indicadores, amenaza destruir el entramado industrial que le ha llevado décadas imbricar a la Argentina. Por ello, la UOM local graficó a través de un cuadro los beneficios y las ventajas que ese régimen otorgaría a quienes se acojan y lo comparó con las actuales condiciones en las que debe moverse la industria nacional.
El cuadro compara los impuestos que debe tributar actualmente la industria y los que el RIGI prevé para quienes ingresen al mismo. La actividad fabril local tributa un 35 por ciento de Ganancias, con RIGI, sería el 25. En cuanto al IVA, la relación es 21 por ciento a 0. Ingresos Brutos registra un promedio del 6, con RIGI 0. La Tasa de Estadística es del 3, con RIGI no se paga. El llamado Impuesto País alcanza al 17,5 por ciento, con RIGI, 0. Los derechos de importación representan el 13 por ciento, con RIGI no se pagan. Los derechos de exportación llegan hasta el 16 por ciento, en tanto que los beneficiarios del nuevo régimen pagarían 2 por ciento los tres primeros años, y de ahí en más 0 por tres décadas. La percepción de IVA y Ganancias aplica a la industria nacional, no al RIGI. La industria local no es beneficiada con la amortización acelerada, el RIGI sí.
La UOM Rosario destacó, asimismo, que el RIGI exime del pago del IVA al importar, pero no lo hace al mercado interno, lo que incentiva a comprar bienes en el exterior.
La pregunta que debe imponerse es: ¿cuál es la ventaja para el sector industrial del país, y en particular para esa actividad de la provincia de Santa Fe? ¿Qué sucederá con las empresas de Las Parejas, Armstrong, del Gran Rosario? ¿Cómo pueden enfrentar tamaña competencia desleal y asimétrica?
El gobierno provincial y los legisladores y legisladoras de Santa Fe deben tomar nota de este cuadro de situación. No existe compensación alguna que justifique acompañar un régimen que, en esencia, conlleva a la destrucción del amplio entramado industrial de la provincia, con pérdidas de puestos de trabajo y capital.
La consecuencia de todo ello es mayor pobreza e incertidumbre. Los efectos de acompañar un proyecto de esta naturaleza es la hipoteca del futuro común.
A nivel nacional, sin haber sido aprobado, ya el RIGI está causando los primeros efectos negativos en torno de las inversiones que pretende atraer. Para citar un ejemplo que puede replicarse a otros sectores de la economía, en los últimos días se conoció que una de las principales compañías petroleras a nivel global, Petronas, estatal, comenzó a analizar su estrategia de inversiones en Vaca Muerta. En concreto, le conviene más acogerse al nuevo régimen que darle continuidad a la asociación que selló con YPF en 2022, con una inversión inicial de 10 mil millones de dólares, y con una proyección en etapas hasta alcanzar los 40 mil millones de la moneda norteamericana.
Aquel plan de inversiones incluía favorecer el desarrollo en etapas de proveedores locales, en porcentajes que irían desde el 15 al 50 por ciento y la liquidación del 50 por ciento de las divisas por exportaciones en el mercado de cambios local.
¿Qué dicen ahora los directivos de la compañía de origen malayo? Que si hay RIGI, ellos tiran abajo el acuerdo de 2022 y quieren acogerse al nuevo régimen. Es obvio, si regalan todo ¿por qué va a querer otra cosa?
La Argentina parece morirse de a poco, en una agonía a la que asisten impasibles quienes deberían ser los que pongan en valor un tratamiento que la salve, porque no padece una enfermedad terminal. Simplemente está siendo víctima de la eutanasia ejecutada por un desquiciado al que usan los crápulas de siempre y ante quien parecen fascinados la dirigencia más pusilánime.
Aún así, las consecuencias de este experimento criminal pueden representar una oportunidad única para demostrar ante las grandes mayorías hasta qué límites está dispuesto a llegar el sistema en pos de saciar su angurria.
Y si, como se ha demostrado a través de la historia del último siglo, el peronismo logra colocarse a la altura de las circunstancias y enfrenta las consecuencias de tamaño dislate económico, social e institucional, es posible que la Argentina vuelva a recuperar la esperanza de tener un futuro de felicidad para el Pueblo.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 01/06/24
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