El Sindicato de Prensa Rosario cuestionó la intención –luego retractada– del Gobierno nacional de que periodistas deban registrarse en una Matrícula Nacional que –dice el gremio– “nunca puede ser limitativa del ejercicio periodístico”.

El gremio local de trabajadores de prensa difundió un comunicado sobre la matriculación de periodistas, luego de la publicación que en la red social X realizó este jueves el Ministerio de Capital Humano de la Nación, del cual depende la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que llamó a registrarse en la matrícula del Estatuto del Periodista Profesional. El tuit luego fue borrado.

En este sentido, la entidad sindical explicó que el Estatuto del Periodista Profesional Ley 12.908 “contempló desde su redacción la matriculación de lxs periodistas como una forma de acceso a derechos, entre los más importantes el de la libre circulación y el también libre acceso a las fuentes de interés público, sin restricciones, para realizar las coberturas informativas”.

“La 12.908 es una ley laboral que protege los derechos de lxs periodistas y en esa protección tiene en cuenta también la libertad de pensamiento y de expresión. De allí que dispone que la matrícula no podrá ser retirada en virtud de las ideas de lxs trabajadorxs, ni por la condición que lxs mismxs tuvieran de afiliadxs a entidades sindicales o a partidos políticos”, añadió el escrito.

El Sindicato de Prensa aclaró que “al poco tiempo la publicación citada” de la cartera que dirige Sandra Pettovello “fue borrada y ya no se pudo acceder a la misma, pero el momento es propicio para recordar la total vigencia de la ley laboral respecto de la que, históricamente, asumimos el compromiso de su defensa”.

Por último, remarcó que “la matrícula nunca puede ser limitativa del ejercicio periodístico”, y concluyó: “El Estado no tiene la potestad para decir quiénes son o no periodistas porque, en ese caso, estaría violando la Constitución Nacional que incorporó la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969) que habla, justamente, de los derechos de quienes informan y de quienes son informados”.

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