Los Institutos de Educación Superior de Rosario denunciaron -a través de un comunicado conjunto- el avance privatizador sobre el derecho a enseñar y a estudiar una carrera técnica, de arte o de formación docente. En el documento manifiestan su preocupación y malestar por las políticas de mercantilización de esta enseñanza, y se declaran en estado de alerta y movilización.
La denuncia hace referencia al reciente tratamiento de los Lineamientos curriculares para la formación docente inicial y la Evaluación, certificación y acreditación de los institutos de formación docente, en el marco de la última reunión del CFE que se realizó en el Palacio Pizzurno, el pasado 29 de agosto.
“El año pasado, ante la coyuntura de las elecciones del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, los institutos superiores asumimos una mirada que encerraba sospechas y desconfianza con respecto al futuro de la educación pública y en particular del nivel superior. Lamentablemente lo que planteamos como conjeturas hoy ya no lo son; se están tratando y aprobando distintas medidas (a nivel nacional) que buscan convertir a la educación superior en un bien de mercado”, señalan en el texto.
Según detallan en el documento conjunto, “ministros/as de Educación de todas las provincias aprobaron las modificaciones a la Resolución 24/07, instaurando una concepción tecnocrática de «las capacidades profesionales» para el currículum de la formación docente, entendiendo que «la calidad de los sistemas educativos es directamente proporcional a la calidad de la formación de los docentes», dejando de lado todas las demás condiciones necesarias para contar con un verdadero sistema de formación inclusivo y de calidad”.
Además, -agregan las instituciones de Rosario- “se planteó la creación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la formación docente (Sifiecai)”. “De esta manera -continúan en el documento- se pretende llevar a cabo una reforma estructural del sistema de formación docente en nuestro país sin un amplio debate y participación de la docencia en su conjunto; además de no tener en cuenta las actuales condiciones laborales y económicas por la que estamos atravesando las y los docentes y las instituciones formadoras en particular”.
No es todo. Remarcan que el Consejo Federal de Educación (CFE) establece condiciones institucionales para acreditar (condiciones de las que deben hacerse cargo las provincias), que se asemejan mucho “a los parámetros del Documento A 14 de la década del 90”.
Desde los institutos locales consideran necesario que se transmita esa experiencia histórica de lo que pasó en los 90. Una demanda de requisitos que se les exigía a estos institutos para acreditar y seguir funcionando, pero sin presupuesto alguno para garantizar esas exigencias
“Circula fuertemente la idea de que luego de la autoevaluación institucional (establecida en los acuerdos oficiales), que desconocemos en su esencia, habrá una instancia de evaluación externa definida por un equipo de expertos designados por la jurisdicción. El dictamen de la Comisión Evaluadora establecerá la posibilidad de seguir brindando carreras con validez nacional o suspender esta atribución por dos años hasta alcanzar la ansiada acreditación con«asesoramiento y financiamiento» del Infod (Instituto Nacional de Formación Docente) de acuerdo a las posibilidades presupuestarias de cada provincia”, agregan en el comunicado.
Los Institutos de Educación Superior de Rosario -que difunden este documento- aseguran que estas medidas vienen acompañadas “de un brutal ajuste y desfinanciamiento de la educación pública”. Decisiones que además “se profundizan con “el proyecto de ley Presupuesto 2025, que pretende dejar sin efecto el cumplimiento del artículo 9º de la ley de educación nacional (26.206), de los artículos 5º, 6º y 7º de la ley de financiamiento del Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (27.614) y del artículo 52 de la ley de educación técnico profesional (26.058)”.
Explican que “esto significa que el Estado ya no quedaría obligado a proporcionar los recursos destinados a educación en valores no menores al 6 % del PBI, ni a incrementar progresivamente el financiamiento del Sistema de ciencia, tecnología e innovación hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento 1% del PBI. La medida también afecta al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que significa el 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el sector público nacional y se ven seriamente afectadas las Acciones de Formación Docente (-63%), las becas estudiantiles (-64%), la infraestructura y el equipamiento (-69%), entre otras”.
“Los/as directivos y docentes de los Institutos Superiores levantamos la voz para denunciar que estos rasgos unificadores y homogeneizadores se relacionan directamente con referencias privatizadoras y mercantilistas de la educación”, expresan en el mensaje.
Y suman a este llamado de alerta el desafío de convocar a las y los estudiantes y docentes de este nivel de enseñanza para que comprendan la gravedad de las medidas y la precariedad laboral que representan.
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