La muerte de un joven en una clínica psiquiátrica por presunta sobremedicación devela la situación en la que viven los usuarios del sistema de salud mental de los sectores de bajos recursos. Las dudas sobre su fallecimiento y el rol clave que jugó el equipo de salud.
Cuando Mateo llegó a la clínica Avenida, encontró a Juan completamente dopado. Intentó despertarlo, lo ayudó a incorporar la cabeza y el torso, apenas lograba mantener los ojos abiertos. Con mucha paciencia pudo bajar su cuerpo de la cama y acompañarlo hasta el comedor, a las 7 servían la cena. Pero no lograba mantenerlo estable, sostenía los cubiertos con dificultad, la cabeza se le iba contra el plato, se balanceaba hacia los costados. “¿Le cambiaron la medicación?”, preguntó a las enfermeras. No, todo sigue igual, le respondieron con seguridad.
Era la tarde del jueves 29 de agosto del 2024 y fue la última vez que se vieron. A las 9, Mateo terminaba su turno como Acompañante Terapeútico (AT) y decidió acostarlo. A partir de allí, ocurre un gris en el desarrollo de los hechos, un silencio que llega hasta las 6 de la mañana del día siguiente cuando se produce el fallecimiento de Juan Gabriel Zárate, presuntamente por muerte súbita. Tenía tan sólo 19 años y vivía en el nosocomio desde principios de mes. El diagnóstico era por oligofrenia hipotiroidea, neuropatía específica y escisión psicótica traumática.
El gordo, como lo llamaba cariñosamente el equipo que lo acompañaba, venía de protagonizar una serie de escenas tenebrosas a lo largo de su vida: cuando era muy chiquito, él y tres hermanos sufrieron un abuso intrafamiliar por el que fueron excluidos del hogar. “Juan tenía una dificultad en la producción del lenguaje, pero comprendía lo que estaba pasando”, explicó el psicólogo Mario López, quien lo acompañó durante los primeros años mientras estuvo bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.
Al cumplir la mayoría de edad, quedó en manos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario quienes estaban en la búsqueda de una familia para Juan; mientras tanto, vivió en el Hospital Alberdi, tuvo un paso fugaz por el Carrasco, hasta que fue derivado a la Clínica Impar, el lugar en donde aparecieron las primeras señales de alerta. A menudo lo encontraban somnoliento producto de la sobremedicación a la que era expuesto, con marcas de golpes y ataduras.
Desde el entorno de Juan aseguran que tanto la Dirección de Salud Mental del municipio, como los mismos profesionales de la clínica, estaban al tanto del exceso de fármacos a tal punto que desde el Centro de Día “Aprender a Volar” de Roldán –al que asistía todos los días– solicitaban que no lo manden “tan medicado”. Como si esto fuera poco, sufrió una violación por parte de un paciente de la clínica, episodio que fue denunciado en la fiscalía de Rosario y tuvo como consecuencia su traslado otra vez al hospital Alberdi.
El hecho es doblemente grave si se tiene en cuenta el contexto de extrema vulnerabilidad en el que vivió durante su corto trayecto vital: un niño abusado por su familia que vuelve a ser re victimizado estando bajo la tutela del Estado. Cabe destacar que todas las versiones que pudo relevar este medio dan cuenta de que el agresor sexual aún permanece alojado en la clínica y sin mayores medidas de resguardo hacia el resto de las y los pacientes que permanecen internados.
Finalmente, tras un periplo por distintos hospitales, Juan llegó a su última casa: la Clínica Avenida. Allí se repitieron las prácticas de sobremedicación como recurso para contenerlo, hecho que fue advertido de manera reiterada por trabajadores, profesionales y familiares. “Yo a Juan lo amaba, era un rayito de sol, como un nene que quería caminar, jugar, escuchar música”, recuerda Mateo. La mañana del viernes 30 de agosto, cuando recibió la noticia, lloró con fuerza. Era un final inesperado y el inicio de una etapa cargada de preguntas: ¿Qué pasó con Juan?
El después, las dudas y el silencio
Las horas posteriores a la muerte de Juan Zárate aún son un misterio. Según la reconstrucción que realizó el equipo terapéutico y la familia, el cadáver permaneció en la Clínica Avenida hasta las 9 de la noche, cuando fue trasladado al Instituto Médico Legal. La familia del joven fue informada del deceso a través de un portero eléctrico detrás de una reja de seguridad. Como si esto fuera poco, no les dejaron ver el cuerpo y sólo los convocaron para solicitarles la firma de un certificado de pobreza, con el objetivo de que tuvieran acceso a las exequias sin costo.
Otro hecho llamativo es que les aseguraron que no era necesario el reconocimiento del cuerpo, ni tampoco la realización de una autopsia. En un escrito presentado por la familia frente al Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP), detallan que en el certificado de la morgue dice que falleció a las 7.30 de la mañana “por muerte súbita y por una enfermedad que no detalla”, aunque advierten que recibieron el llamado de una odontóloga del Centro de Salud N° 15 que les había dicho que el fallecimiento se produjo durante la madrugada.
Paralelamente a la denuncia presentada por la defensoría pública, los AT de Juan también realizaron una presentación frente al Ministerio Público de la Acusación el mismo domingo del entierro en el Cementerio La Piedad. Ambas causas fueron unificadas y quedaron a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos. Los denunciantes pidieron la aplicación del Protocolo de Minnesota, un procedimiento patrocinado por Naciones Unidas orientado a casos que involucren a funcionarios públicos.
Entre otras cosas, el protocolo incluye un modelo de autopsia, de exhumación y análisis de los restos óseos que puede ser monitoreado no sólo por los profesionales designados, sino también por las partes involucradas en el caso, por periodistas y por la ciudadanía en general con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. Aunque inicialmente fue negada esta posibilidad, cuando el caso tomó estado público a través de los medios de comunicación, la justicia aceptó la solicitud cursada por el equipo de salud.
El planteo fue que si el joven murió estando bajo la guarda de una institución, se invierte la carga de la prueba y es el propio nosocomio el que tiene que demostrar que murió por causas naturales y no por negligencia médica. En tanto, y a pesar de algunas objeciones realizadas por la fiscalía hacia uno de los peritos designados por la familia y los AT, desde el entorno de Juan cuestionaron que la autopsia se haya realizado diez días después del entierro por las dificultades que eso supone en relación al avanzado estado de descomposición del cuerpo.
En este sentido, el acento está puesto en la posibilidad de probar la sobremedicación como práctica habitual en los hospitales de salud mental. Por otra parte, el psicólogo Mario López remarcó que hasta el momento no se realizó ninguna auditoría ni inspección a las clínicas involucradas en vistas de que “hay personas indefensas hacia la cuestión farmacológica y en relación al agresor sexual”. También cuestionó el nulo avance en la investigación ya que “esperar los resultados de la autopsia no implica desconsiderar los otros elementos probatorios”.
En cuanto a la autopsia, el pronóstico es poco alentador: según les adelantaron informalmente los resultados recién estarían para el año que viene una vez finalizada la feria judicial. En este punto, cabe preguntarse qué hubiera sucedido si los trabajadores de la salud que acompañaron a Juan en distintos momentos de su vida no hubieran accionado y cuáles son las garantías para una familia de bajos recursos frente a la desidia estatal. Será momento entonces de entonar un réquiem por justicia para Juan y a través de su memoria pedir que no se repita nunca más.
Publicado en el semanario El Eslabón del 26/10/24
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