Desde 2015 cada trabajador privado se perdió de ganar, acumulados, un promedio de 16 millones de pesos a valores actuales. Los estatales, 30. El gobierno saca pecho y la oposición navega en el pantano de la interna.
El revelador informe que fue elaborado por el Mirador de la Actividad, el Trabajo y el Empleo (MATE) –centro de estudios de Rosario– lleva como título “¿El ajuste nos salva o nos hunde?”, y una bajada inquietante: “El impacto del ajuste fiscal sobre salarios y consumo en Argentina”.
El staff de MATE se define a sí mismo como un “un equipo de trabajo conformado por investigadores, investigadoras y docentes de Rosario, con amplia trayectoria en estudios económicos sobre trabajo, empresas, dinámica económica, industria, energía, sector financiero, sector público y economía popular”.
El equipo está integrado por profesionales muy reconocidos en el ámbito local, con trabajos que trascendieron largamente las fronteras de Rosario, como Sergio Arelovich; Natalia Pérez Barreda; Diego y Marco Kofman, y Lavih Abraham.
El gran robo del siglo XXI
Como ocurrió en las anteriores experiencias –con los matices o seudónimos que se los prefiera nombrar– fueron gobiernos liberales los que propiciaron y ejecutaron las transferencias de ingresos de los sectores más vulnerables a los más ricos.
En el siglo XIX y el pasado, hasta la irrupción del peronismo, con algunos valiosos intentos llevados adelante por el yrigoyenismo, la configuración socioeconómica de la Argentina estuvo diseñada por la oligarquía vacuna exportadora. Desde 1955, esa clase dominante retomó las riendas de una economía primarizada, sin desarrollo industrial, con sesgo importador de productos de bloque de poder anglosajón, y con tendencia a deprimir los ingresos de los sectores medios y bajos.
La dictadura cívico militar, con la ampliación societaria de esa oligarquía a los nuevos accionistas del capital financiero, hicieron retroceder el fifty & fifty –el reparto de la renta nacional por mitades iguales entre trabajadores y capital– que había sido recompuesto entre 1973 y 1976, endeudando a la Argentina en niveles insospechados, y estableciendo un legado monetarista y financiero que aún no ha sido desarticulado.
Ya vuelta la democracia, primero la claudicación alfonsinista, luego el menemato, y como broche de luto la gestión de Fernando De la Rúa, le dieron un nuevo impulso a la transferencia de ingresos de los sectores populares al bolsillo angurriento de la nueva oligarquía.
El ingreso a escena en 2003 de un peronismo que retomó las banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica, de la mano de Néstor y Cristina Kirchner, permitió recomponer parcialmente ese reparto de la torta, que hacia 2013 ya equiparaba aquel fifty & fifty que dejó Isabel Perón cuando fue derrocada. Sin embargo, nunca pudo desmontarse el andamiaje del poder financiero, ni disciplinar a los grandes grupos económicos que surgieron como factor de poder permanente apañados por la dictadura.
Volviendo al informe de MATE, en ese estudio se refleja con claridad que la caída de ingresos de los asalariados se produjo básicamente durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, y que a lo largo del mandato de Alberto Fernández se pudo controlar o mantenerla en bajos niveles. Nuevamente, el liberalismo permitió que la “mano invisible del mercado” se meta en los bolsillos de los trabajadores.
De entrada, el trabajo subraya un hecho que contradice el discurso del gobierno libertario: “Con un brutal ajuste fiscal y una devaluación del 2 por ciento mensual, la inflación continúa su avance imparable, acumulando un incremento del 144,4 por ciento desde la asunción de Javier Milei, un inicio que ya se posiciona como el peor de cualquier gobierno desde la década de 1990”. Y agrega que esa “situación ha generado un impacto significativo tanto en los salarios como en el consumo de la población”.
El estudio reconoce que en “el sector privado, los trabajadores han comenzado a recuperar lentamente parte del poder adquisitivo perdido durante la devaluación de diciembre, gracias a las mejoras en las negociaciones colectivas”. Y acto seguido se señala que “el salario en el sector público se encuentra bajo mayor presión debido al ajuste fiscal y la asfixia financiera impuesta sobre las provincias”.
Según el informe, “desde diciembre de 2015 cada trabajador registrado en el sector privado ha perdido, en términos reales (a valores de octubre de 2024), 16,7 millones de pesos, mientras que los trabajadores estatales acumulan una pérdida de casi 30 millones de pesos”.
Para el equipo de profesionales, “las consecuencias de estas políticas se reflejan en múltiples indicadores económicos: la caída del salario durante el gobierno de Milei ha provocado una transferencia masiva de ingresos: 22,1 billones de pesos se han evaporado del bolsillo de los trabajadores”, en tanto que “el Estado dejó de percibir 4,8 billones en concepto de aportes y contribuciones”. Y añade que, asimismo, “las obras sociales y sindicatos también sufrieron pérdidas sustanciales, con 1,4 billones y 300.692 millones de pesos menos, respectivamente”.
Ese ajuste, esa fenomenal transferencia de recursos, tiene otros efectos, en este caso “también golpea duramente a los jubilados”, según el informe, que sostiene que “la jubilación mínima ha perdido un tercio de su poder de compra, y la caída durante los primeros nueve meses del gobierno de Milei se destaca como la más profunda de los últimos 30 años”.
En forma paralela, dice MATE, “el consumo privado, un componente clave del Producto Bruto Interno (PBI), ha registrado una caída del 10 por ciento en el segundo trimestre de 2024 comparado con el año anterior, un desplome sólo comparable con los peores momentos de la pandemia”.
Claramente, hay indicadores que, además de ser oficiales, han sido divulgados más allá de este informe, pero no por ello dejan de ser impactantes: “La inversión, otro pilar fundamental para el crecimiento económico, también se encuentra en crisis, con un descenso del 30 por ciento en el segundo trimestre de 2024”. Para los profesionales del think tank rosarino, la cuestión es clara: “Lejos de transmitir estabilidad, el ajuste y la caída salarial han generado un escenario de mayor fragilidad económica”.
El trabajo destaca que “la tasa de desempleo ha seguido una tendencia al alza, alcanzando el 7,6 por ciento de la población económicamente activa en el segundo trimestre”. Pero agrega un dato que se ve poco y nada en los medios masivos: las mujeres son las más afectadas por ese nivel de desocupación, ya que está casi un punto por encima del promedio, sumando 8,4.
Con la pobreza en casi el 53 por ciento, y la indigencia multiplicada por dos en tan sólo seis meses, el informe indica que esos datos “representan los indicadores más duros y desalentadores de la crisis actual”.
En conclusión, el análisis de MATE resalta que las políticas de ajuste y los recortes fiscales implementados no sólo están deteriorando el poder de compra de los trabajadores y jubilados, sino que también amenazan la estabilidad económica del país, frenando la inversión y el consumo. En medio de este escenario, la pregunta es si estas medidas son sostenibles en el tiempo o si conducirán a una profundización aún mayor de la crisis.
Las bravuconadas anarcocapitalistas de Milei
El domingo pasado, una sugerente nota publicada por la tribuna de doctrina liberal, el diario La Nación, planteó un escenario político que, a contrapelo de lo que exhiben los envalentonados miembros del gobierno libertario, enciende varias luces de alerta.
La editorial firmada por Jorge Liotti presenta ya desde la bajada tres ejes que a su criterio dan marco a la coyuntura política nacional: “Milei analiza la posibilidad de nombrar a los jueces de la Corte por decreto si no hay acuerdo antes de fin de año; la idea de una reforma constitucional y la lógica detrás de la disputa contra los medios”. Todos movimientos que encierran peligro de colisión entre el gobierno y diversos factores del poder establecido, a quien La Nación sabe cómo y cuándo representar.
El escriba del diario fundado por Bartolomé Mitre describe con un rápido pincelazo lo que parece la tienda de campaña de un ejército al que se observa antes de decidir si atacar o no: “En la cúspide del poder de la Casa Rosada se percibe que el clima cambió. Se respira un aire de sosiego mezclado con cierto aroma a triunfalismo. Todavía recuerdan cuando meses atrás estaban con la vista inquieta sobre los mercados y la reacción social al ajuste. Hoy exhiben casi en tono de revancha los datos financieros en alza, la acumulación de reservas y el éxito del blanqueo para pronosticar que en los próximos tres meses la economía crecerá con fuerza”.
Liotti incluso revela que “un legislador amigo que habla regularmente con Milei” al que no identifica susurra por lo bajo: “Javier cambió mucho últimamente. Está envalentonado, agrandado. Te ametralla con los indicadores y te mete miedo. Percibo que en su entorno le tienen pánico”. Quien escucha la infidencia, como en esa conocida imagen –tan repetida en las redes sociales– del actor que interpreta a Pablo Escobar Gaviria, toma nota.
La contundente victoria de Donald Trump en los comicios norteamericanos exacerbó ese ánimo de borrachera triunfalista. Ya en los días previos a la elección del martes pasado, el asesor presidencial Santiago Caputo vaticinaba el triunfo del magnate yanqui y estimaba que ese resultado constituiría un valioso aporte a la “batalla cultural” que ha emprendido el gobierno al que le factura como monotributista.
El Rasputín mileísta, sin embargo, no dice una palabra respecto de potenciales ventajas económicas o financieras que pudiera obtener la Argentina desde el 20 de enero en adelante, cuando asuma Trump. Sabe que ese escenario, en el que gastan las suelas de sus zapatos los burócratas de la Reserva Federal y del FMI y los timberos de Wall Street, no tiene la naturaleza gaseosa de una “batalla cultural”.
Volviendo a Liotti, cuando baje la espuma de la euforia mileísta en torno de la victoria de Trump –que incluyó tuit en inglés, orden de usar corbatas rojas en la Casa Rosada y fuegos de artificio– lo esperan tres frentes complejos: la Corte Suprema, a la que el Presidente pretende integrar, si fuera necesario, por decreto, y un “reformateo del sistema (de medios) basado en la desintermediación que proponen las redes sociales”. Héctor Magnetto, de Clarín, y Julio César Saguier, de La Nación, lo esperan con cuchillo y tenedor en mano.
En el caso de Clarín, está en juego algo más que el ninguneo. Según voceros del propio Gobierno, “los 150 Mhz que se pondrán a disposición en la licitación de 5G serán sólo para nuevos operadores, no para que amplíen su margen los actores actuales”. El Grupo pretende quedarse con ese negocio. Batalla en puerta, para nada cultural.
El columnista de La Nación concluye ese capítulo que refiere a los frentes de combate que aborda Milei con un párrafo anticipatorio: “Este ecosistema organizacional libertario se encuentra apalancado esencialmente en una intensa actividad en las redes y las plataformas digitales, que es el campo de disputa principal en el objetivo de liderar la agenda pública y difundir las ideas de LLA. De hecho es muy probable que el año próximo haya muchos militantes virtuales que pasen a la arena política real como candidatos. Así como en algún momento las listas se poblaron con figuras de la televisión y la farándula, ahora sería el momento de la primera oleada de influencers y streamers. Aunque hay una diferencia: estos están ideológicamente mucho más comprometidos que aquellos”.
Las cloacas virtuales prometen escenarios aún más vomitivos y violentos que los actuales.
Oposición ¿distraída?
Tanto los partidos opositores que sólo revisten en esa categoría a nivel nominal, como el radicalismo, los federales que satelizan alrededor de Miguel Pichetto y el PRO, que ni siquiera se preocupa por disimular, el peronismo, que es la oposición realmente existente, con capacidad de acción concreta en la calle y el Congreso, se embarcó en una interna tan extemporánea como centrífuga.
Aún si a Milei no le estallara antes la granada que viene manipulando sin piedad alguna desde que asumió, es incomprensible que el peronismo se haya enfrascado en la discusión por las candidaturas de medio término con tanta anticipación. Las primeras escaramuzas del maximalismo camporista contra Axel Kicillof comenzaron cuando faltaba más de un año para las legislativas de 2025.
La forzada disputa por la presidencia del partido, planteada con la misma falta de tacto que tendría un elefante bailando con el hula hula en una cristalería, suma desconcierto a un panorama que debería tener a todo el peronismo concentrado en una sola acción: la máxima reducción posible del daño que está cometiendo el gobierno más salvaje y criminal desde 1983 a la fecha.
Esa intervención, ese salvataje de emergencia, por otra parte, son reclamados desde abajo por las principales víctimas, incluso aquellas que votaron disparándose un balazo en cada pie. Una parte de la dirigencia peronista lo sabe, otra ni siquiera está enterada, tal es la desconexión con el mundo real.
Pasado ese evitable sainete –saldado para colmo por vía judicial–, parecen ir acomodándose los melones de un camión cuyas piezas mecánicas rechinan y nadie sabe si quien conduce seguirá al volante o tiene pensado designar, una vez más, a un chofer que no sea el que una gran parte ya cree que es hora que lo dejen de joder.
Pero como el peronismo, aún a los tumbos, sigue siendo la esperanza de millones, algunas acciones devuelven el buen ánimo perdido por mujeres hombres que necesitan saber que esta maldita tempestad libertaria no les arrebatará los pocos bienes, el incierto futuro y la vida que les queda por delante.
Una noticia que parece alejada de las necesidades básicas de quienes comen en algunos casos una vez al día, pero no lo está: ya en su rol de presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner reclamó a las autoridades de los bloques legislativos de Unión por la Patria (UP) avanzar en la derogación del DNU que flexibiliza las condiciones para canjear deuda y utilizar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS).
Las eficaces y laboriosas muñecas de los titulares de las bancadas de Diputados, Germán Martínez, y del Senado, José Mayans y Juliana Di Tullio, lograron sortear el clima adverso del internismo y mantuvieron la unidad, con excepciones minúsculas.
Parece haber llegado la hora de articular un plan que vaya al hueso para minimizar las calamidades de una banda de crueles corsarios apátridas que sigue negando el alimento a los hambrientos, el remedio a los enfermos, el salario digno a quien a quien trabaja y el empleo a quien no lo tiene.
Volviendo a las primeras líneas de este texto, el peronismo no puede darse el lujo de asistir impávido ante la brutal transferencia de ingresos que ya lleva una década horadando los bolsillos del Pueblo en nombre del “mercado”. Ningún dirigente peronista ignora a qué cuentas fueron a parar esos millones de pesos que cada laburante dejó de percibir en ese ominoso período. Y quien no tenga como propósito ir por la recuperación de esos recursos, que se baje del camión.
Publicado en el semanario El Eslabón del 09/11/24
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