El diputado Toniolli lanzó una iniciativa de protección de la infraestructura ferroviaria ante la decisión del Gobierno de poner a la venta más de 300 inmuebles “claves para el transporte y la movilidad de los argentinos”.
Luego de que el gobierno nacional decidiera poner a la venta más de 300 inmuebles en todo el país, el diputado nacional Eduardo Toniolli presentó un proyecto de ley para impedir la enajenación de aquellos que resulten estratégicos para la actividad ferroviaria, por considerarlos “un recurso disponible para la conectividad y el desarrollo integral de la Argentina”. La iniciativa propone que sea el Congreso Nacional el que disponga cualquier eventual desafectación, mediante una ley especial.
“A la política de degradación planificada del transporte ferroviario que viene llevando adelante el gobierno de Milei desde su asunción –que incluye desinversión, falta de mantenimiento, suspensión de licitaciones, recorte de frecuencias y cierre de servicios–, ahora se le suma esta pretensión de rematar terrenos e inmuebles públicos claves para el transporte y la movilidad de los argentinos”, señaló Toniolli en declaraciones a la prensa, y agregó que algunas de esas instalaciones están plenamente operativas, “como un sector de vías activas en Pergamino, o los talleres de Mendoza y de Alta Córdoba”.
El legislador peronista y referente santafesino del Movimiento Evita aclaró que “otros terrenos, como los de la estación Belgrano de Santa Fe, no están en uso para la actividad ferroviaria, pero de venderse sin un criterio mínimo de preservación, la ciudad perdería para siempre la posibilidad de recuperar sus trenes metropolitanos de pasajeros e incluso el acceso ferroviario a su puerto”.
La iniciativa define como “activos estratégicos de la Nación” a los bienes inmuebles del Estado Nacional destinados a la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y de cargas, incluyendo “líneas principales, ramales secundarios y terciarios, estaciones, franjas de terreno lindero de las trazas, playas, patios de maniobra y clasificación, cocheras y talleres”. La figura abarca tanto a los bienes en uso, cómo a aquellos que están inactivos pero son potencialmente útiles para la prestación del servicio ferroviario.
“Esta no es la primera vez en nuestra historia reciente que se intenta avanzar con el remate de tierras ferroviarias, de hecho la administración Macri realizó operaciones similares que después fueron objetadas por la Auditoría General de la Nación”, detalló Toniolli, y remató: “Con un hombre de IRSA y de Eduardo Elsztain a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el objetivo del gobierno nacional es evidente: liberar tierras para desarrollos inmobiliarios, sin que medie ninguna planificación estatal y sin tener en cuenta las necesidades de los centros urbanos en los que se emplazan esos terrenos, entre ellas las de movilidad y transporte”.
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