Un mapa elaborado por el diputado Carlos Del Frade da cuenta de unas 259 organizaciones vinculadas al narcotráfico en todo el territorio santafesino. Reclaman respuestas al Ejecutivo sobre fuerzas de seguridad implicadas.
El legislador provincial del Frente Amplio por la Soberanía presentó un proyecto en el que pide información al gobierno santafesino sobre las 259 bandas narco, con relaciones con nichos corruptos de las fuerzas de seguridad. Pretende que se informe sobre las medidas de seguridad, sociales y económicas, tomadas en los 19 departamentos de la provincia para desarticular estas organizaciones.
Además de las bandas asociadas a sectores policiales, Del Frade pide investigar a distintas empresas formales que tienen como objetivo lavar dinero y el tráfico de armas, en los 19 departamentos del territorio y que “parecen continuar en actividad a fines del segundo semestre de 2024”.
En relación a Rosario, el diputado solicitó un informe sobre las medidas que se han tomado para desarticular los circuitos de armamentos y bandas que actúan en los barrios de la ciudad, donde se produjeron la mayor cantidad de homicidios en 2023 como Ludueña y Empalme Graneros, la zona del Cordón Ayacucho, Grandoli y Gutiérrez y en Las Flores, corno también en Santa Lucía y Godoy. Y además, en los barrios Bella Vista, Villa Banana, Flammarión, Larrea y Nuevo Alberdi, zonas que se repiten como las más castigadas de acuerdo a la información registrada por el Observatorio de Seguridad Pública en los últimos cinco años.
Además, Del Frade recordó los cuatro homicidios de marzo de 2024 que arrancaron la vida de dos taxistas, un colectivo y un empleado de una playa de estación de servicio, lo que configuró “un escenario de profunda congoja y miedo en la sociedad rosarina”. En medio de esos hechos –apuntó– una nueva banda comenzó a ser nombrada: Los Menores, que opera en la zona noroeste.
Por otra parte, el legislador informó que desde el 19 de junio de 2024 a fines del mismo año, se constataron actividades vinculadas al narcotráfico de “los grupos relacionados con Brandon Aramburu desde el penal de Piñero; Jonatan Barrero relacionado con Los Tripi; Pino César; Milanesa Almaraz en Barrio Ludueña; Gordo Brecik en barrio Gráfico; la gente relacionada con Oscar Caba Hurtado, militar boliviano; una vez más personas vinculadas a Nelson Pandu Aguirre; la organización de recaudación encabezada por la señora Ester, vinculada a Los Monos, los Benítez; los Ayala; Emanuel Doc Bejarano; Gastón Schneidr, Clan Jure; una nueva banda vinculada a la comercialización de drogas sintéticas y la organización del Frentudo Fernández y parte de Los Menores, comandados por Lisandro Licha Conteras con la colaboración del policía, ahora prófugo, Jonatan Garraza”.
“Esto supone 16 nuevas configuraciones narcopoliciales detectadas entre junio y diciembre de 2024 en el departamento Rosario”, remarcó el dirigente de izquierda, y recordó que en junio de 2023, el ministro de Seguridad Claudio Brilloni, sostuvo que había 193 puntos de venta en Rosario, cabecera del departamento homónimo. “Es necesario saber qué ocurrió con esos lugares y qué actuaciones desarrollaron desde fines de 2022 a mediados de 2024, las fuerzas federales asentadas en la mencionada ciudad”.
El periodo de inerme tambien peide “responder sobre las medidas tomadas para desarticular la organización relacionada con el narcotráfico y la prostitución de menores regenteada desde el pabellón cuatro de la cárcel de Coronda por Lautaro Giraldi y que tenía un particular desarrollo en Nuevo Alberdi, en el norte rosarino”.
Otro punto, señala el proyecto, es “conocer las disposiciones ejecutadas para desmembrar a las bandas narcopoliciales de Chucky Monedita, Mauro Gerez y Fran Riquelme en la zona de Ludueña y Empalme Graneros. Acciones desplegadas para neutralizar las bandas de Los Salteños, Daniel Villazón y Los Pibes de Ludueña, en el barrio Los Pumitas. Actuaciones llevadas adelante sobre las bandas de Lucho Cantero, Los Cavernícolas, Julio Rodríguez Granthon y Los Romero, esta última de permanente actividad en el barrio La Cerámica”.
Del Frade agregó que además “es necesario informar sobre políticas implementadas para desarticular la continuidad de las actividades de las bandas relacionadas con Olga Beatriz Medina y Pedro Mario Pepe Villalba, cuya área de negocios era el noroeste rosarino como Parque Casas y La Cerámica”.
Policías, cárceles y lavado
En la solicitud a la Casa Gris, el diputado Del Frade apuntó que “si el gobierno provincial confirma que durante la administración de Carlos Reutemann fueron exonerados 55 policías, entre 1999 y 2003; si fueron exonerados 203 durante la administración de Miguel Lifschitz y en la gestión de Omar Perotti fueron exonerados 210 hasta el 25 de julio de 2022. ¿Cuál fue el destino de cada una de estas personas y si las mismas fueron investigadas en causas delictivas a partir de su exoneración de la fuerza”.
El periodista también pide saber si existe un registro de personas prófugas en la provincia y cuántas personas o agencias estatales están en su búsqueda. “Si existen informaciones confirmadas y medidas tomadas para desarticular las bandas que aún operan desde el interior de los principales penales de la provincia de Santa Fe, como Coronda, Piñero, Santa Felicia, Las Flores y otros centros de detención en los últimos cuatro años”.
“Si existen informaciones confirmadas e iniciadas como también medidas para desarticular posibles maniobras de lavado de dinero a través de la Fundación Lio Messi, los puertos asentados a la vera del río Paraná, los principales clubes de fútbol de la provincia, las mutuales ubicadas en ciudades como Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto San Lorenzo, Rafaela, Reconquista y San Jorge; los negocios de BLD; las potenciales mesas de dinero que aparecieron mencionadas en la llamada megacausa de Rosario y contabilidades de ciertas cooperativas y sindicatos intervenidos”, agregó el legislador.
En ese sentido, el diputado opositor añadió: “Si las personas definidas como presos alto perfil tienen condenas próximas a terminar y serían puestas en libertad en poco menos de tres años en por lo menos una decena de casos; si existe una coordinación con gobiernos nacionales de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia, entre otros, por la recurrente aparición de casos de exportaciones de drogas desde los puertos del sur santafesino y qué planes existen al respecto”.
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