La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizó un redazo a 4 años de la sanción de la ley Nº 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Reafirman que su plena implementación en el sistema de salud responde a “una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos” y denuncia la disparidad de la aplicación de esta ley, además de alertar que “el gasto del presupuesto nacional destinado a salud sexual y (no) reproductiva es el más bajo de los últimos 9 años”.
“Frente al ajuste presupuestario en políticas para el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva le recordamos al Gobierno Nacional que la aplicación de la ley 27.610 es de orden público y obligatoria en todas las provincias”, señalan.
Piden que se garantice el acceso federal al derecho al aborto es responsabilidad del Estado Nacional. Y reafirman que la ley de IVE es un derecho conquistado: “El aborto es legal en Argentina y va a seguir siéndolo porque hay una marea dispuesta a defenderlo”.
La última reunión nacional de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito mostró la disparidad en la implementación de la IVE/ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y del faltante de medicación Según advierten, Tucumán la provincia más afectada hasta el momento. De acuerdo al monitoreo de la Fundación MxM, casi en la totalidad de los departamentos de Tucumán no hay medicación y en los hospitales de tercer nivel se está rechazando la atención de abortos por el faltante.
Menos inversión, menos recursos
De acuerdo con el informe elaborado por las organizaciones ELA, ACIJ, REDAAS y CEDES, en base a información pública, “el gasto del presupuesto nacional destinado a salud sexual y (no) reproductiva es el más bajo de los últimos 9 años”.
“Hoy, las personas no pueden elegir el método anticonceptivo que deseen ya que hubo una caída del 64% en la distribución de preservativos y anticonceptivos en todo el país”, alertan.
Desde las regionales de la Campaña -precisan- detectaron que la falta de ecógrafos y de disponibilidad de turnos para acceder a ecografías dilata los tiempos que estipula la ley para garantizar el aborto voluntario.
Además, en diciembre de 2023, el actual gobierno nacional despidió a 619 trabajadoras y trabajadores del Plan Enia, el cual era un programa destinado a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.
Y el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo nacional presenta recortes en programas clave para la salud sexual en la Argentina. Elimina recursos para la ESI y para el Programa de Salud Sexual “profundizando la falta de información y las barreras de acceso a estos derechos para la mayoría de la población”.
En 2024 el Ministerio de Salud de la Nación -advierten- no compró ni distribuyó misoprostol y mifepristona para garantizar abortos en los centros de salud, atentando intencionalmente contra la garantía del derecho.
“Desde su asunción, Milei y sus aliados han atacado el derecho al aborto y a quienes lo defendemos, han amenazado con derogar la ley y han buscado incumplirla a nivel nacional a través del desfinanciamiento”, subrayan desde la Campaña.
En Rosario, -indican- “preocupa el faltante que atraviesa a todos los insumos de la canasta de salud sexual”.
La falta de distribución de medicación y kits de Ameu significa, para quienes desean abortar, -explican- depender de las voluntades de los gobiernos provinciales y municipales para efectuar la compra de la medicación. Esta desigualdad entre las provincias genera brechas sanitarias, cuando el derecho al aborto es ley nacional. Resulta urgente que el Ministerio de Salud de la Nación deje de deslindarse de sus obligaciones.
A su vez, al recorte de políticas destinadas a mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, se le suma el avance de los grupos antiderechos mediante convenios con instituciones del Estado. Citan como ejemplo, que el Hospital de San Isidro utiliza un consultorio de Maternidad Vulnerada, atendido por “voluntarias” antiderechos, para hostigar a quienes quieren abortar y forzar la continuidad de los embarazos no deseados.
“En las zonas más conservadoras se acentúa la violencia gineco-obstétrica contra quienes recurren a los centros de salud solicitando una interrupción, empujando a las personas al aborto inseguro y clandestino”, marcan con precupación.
A mediados de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, difundió públicamente su intención de derogar o modificar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según afirmó en una entrevista, en 2025 el bloque oficialista de La Libertad Avanza buscará presentar un proyecto contra la ley 27.610 que este lunes cumple 4 años.
La ley de IVE fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020, y fue promulgada el 14 de enero de 2021. Establece el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para todas las personas con capacidad de gestar. La ley garantiza este derecho en todos los sistemas de salud, de forma gratuita y en todo el territorio nacional.
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