El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo consideró que “no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error” y despidió una funcionaria que no había asumido aún.
“Las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de Andis”, informó el director de la Agencia, el abogado Diego Spagnuolo. El mensaje apareció luego de una polémica resolución publicada en el Boletín Oficial, que llevaba su firma, y que incluía términos como “imbécil”, “idiota” y “retardo mental”. Se trata del baremo con el que se pretendía fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Ante el repudio colectivo de las familias y las organizaciones y especialistas, el Gobierno decidió dar marcha atrás y modificar el texto, aunque no las condiciones que se establecieron en el baremo.
Spagnuolo salió a dar explicaciones en la red social X, desde Israel, en un viaje oficial, donde se encontraba el funcionario cuando se desató la polémica. Primero, con un mensaje en el que aseguraba que se trataba de un error, y que se había impulsado una investigación interna: “En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial. Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, escribió.
Una hora después publicó otro tuit: “Las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas de Andis”, dijo. La frase avivó más las críticas. Y la respuesta no tardó en llegar: “¿Renunciaste o solo era una persona con un nombre idéntico al tuyo el que firmó?”, le replicó un usuario. “¿Cómo hiciste para autodesvincularte? ¿Tenés múltiple personalidad o que?”, apuntó otro.
El Gobierno desvinculó a Miriam Améndola tras el escándalo. La responsabilidad también recayó en su antecesora Tatiana Alvarado, quien participó en la redacción del documento pero dejó el cargo antes de su publicación.
“El sistema de atención de salud mental en la Argentina está virtualmente al límite. Esto incluye familias, profesionales, docentes, centros de salud y un largo etcétera. El Gobierno puede tomar medidas o hacer declaraciones que siempre serán discutibles. Lo que no debe hacer es improvisar en un Boletín Oficial. Es un error grave porque, afortunadamente, hay mucho conocimiento en la materia y la Argentina cuenta con grandes profesionales que deberían ser consultados antes de cometer estos bochornos que, incluso, trascienden fronteras”, criticó Paulo Morales, representante de TEActiva, una organización que nuclea a padres de chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA).
“Estos errores son un retroceso para la evolución humana, pero al mismo tiempo son también una oportunidad para seguir concientizando. Afortunadamente hace rato ya que la discapacidad no define a una persona ni su destino. Todos aprenden, sobre todo los niños. Y, desde hace cierto tiempo, somos cada vez más los que entendemos que no está cada uno en su mundo, sino que estamos aprendiendo a convivir todos en el mismo. El único que existe”, agregó Morales.
Por su parte, el Foro Permanente Discapacidad expresó que “la nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad es un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad”.
“La resolución no sólo soporta los criterios de acceso a las Pensiones No Contributivas (PNC), sino que además reincorpora terminología obsoleta y degradante en la evaluación de personas con discapacidad intelectual”, señalaron.
