Cinco represores del Servicio de Informaciones de la policía durante la dictadura –de los diez que están siendo jugados en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario–, hablaron este jueves para rechazar las imputaciones por las que están sentados en el banquillo de los acusados. Uno se quejó por la “falta de crucifijo” en la sala.
“¿No hay un crucifijo cristiano? Puede ser una cuestión política. Grave error”, afirmó Ramon Telmo Alcides Ibarra, alias Romel, en una nueva audiencia realizada en el marco del juicio Feced II, donde diez represores de la dictadura están siendo juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario. Este jueves la mitad de los acusados prestaron declaración indagatoria, aunque no aceptaron preguntas. Además dieron testimonio dos sobrevivientes del terrorismo de Estado.
El primero de los represores en declarar fue Ernesto Vallejo, quien reconoció que desde 1976 actuó en el Servicio de Informaciones (SI) donde continuó hasta el ‘78. “Era agente, recibía ordenes, soy inocente de todo lo que se me acusa”, afirmó el imputado, quien se amparó en la Obediencia Debida, algo que se repite en los diferentes juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que se realizan en el país, y que es rechazado por todos los tribunales federales.
Luego hizo uso de la palabra Ramón Telmo Alcides Ibarra, alias Romel. Antes de iniciar su declaración, Romel miró hacia todos los lados de la sala de audiencias del TOF 1 y preguntó: “¿No hay un crucifico cristiano?». «Puede ser una cuestión política. Grave error”, se respondió él mismo.
Ibarra negó los delitos por los que está acusado y se defendió: “Por mi preparación teológica, se me asignaron tareas de ceremonial”.
“No conozco a ninguno de los que me acusan porque yo no realizaba procedimientos, ni tenia contacto con detenidos”, dijo el imputado.
El siguiente en declarar fue Eduardo Dugour. “Yo prestaba servicios en la brigada de explosiones. Por orden del comandante Feced pasé al Servicio de Informaciones, al igual que otro compañero mio, cuando se me requería, cuando hubiera un explosivo”, aseguró. “Soy inocente”, afirmó el acusado y dijo: “Siempre ascendí por méritos extraordinarios”.
El cuarto en declarar fue Lucio César Nast, alias Ronco, quien no había podido estar en la primera audiencia del juicio debido a que esa jornada amaneció con vómitos de sangre y diarrea, según confirmó el médico de gendarmería. Esta vez su incontinencia fue verbal, ya que se extendió un buen rato en su declaración.
“Yo no perseguí por razones políticas a nadie”, dijo el Ronco, y acto seguido se contradijo al atacar a los acusados: “Las personas que han mencionado fueron integrantes de la célula terrorista montoneros, con distinto grado, que mucho tiempo tuvieron en vilo a la sociedad en su conjunto”.
El acusado también se amparó en la Obediencia Debía y justificó que “el destino no se elige”. “Yo respondía órdenes”, se atajó.
Luego puso el ejemplo de la jueza Inés Cosidoy –cuestionada por ex presos político por su desempeño cuando era defensora oficial en tiempos de la dictadura–, para dar cuenta de que las acciones de los grupos policiales que actuaban durante la dictadura estaban acompañadas por el poder judicial. “El ejército estaba autorizado para detener gente, nosotros como policías de la provincia estábamos subordinados a ellos”, planteó Nast.
En esa línea mencionó al por entonces fiscal “Saccone, que impartía órdenes y era un activo en la lucha contra la subversión, así como los fiscales y jueces nos impartían órdenes”. “Nosotros éramos auxiliares de la justicia”, remarcó y amplió: “No solo de la federal, de la justicia militar también”.
“Acá los miembros del Ministerio Público y de la querella, quizá alguno de La Cámpora, se han quejado que nos negamos a colaborar, a decir la verdad, yo estoy dispuesto a decir la verdad, pero el Ministerio Público se niega a investigar”, dijo para después añadir que la denominación “centro clandestino de detención es un eslogan revolucionario”.
El último en prestar declaración indagatoria fue Carlos Ulpiano Altamirano, alias Caramelo, único imputado por homicidio en este expediente. “Sí fui integrante del Servicio de Informaciones pero en distintos periodos. No sé por que no consta en mi legajo los cambios de destino”, confesó Caramelo.
“Me voy a hacer cargo de operaciones de fuerzas conjuntas en las operaciones que estaba mi firma, no sé por que no constan esas actas, porque las hacíamos con dos testigos, pienso que había un dolo por parte de mis superiores, en ese caso el oficial Lo Fiego, que estaba a cargo del papelerío”, apuntó además Altamirano.
Luego se refirió al caso de Conrado Galdame y los dos ciudadanos peruanos asesinados por lo cuales está acusado en esta causa. “Veo que no constan con la misión que vinieron esos peruanos que eran de Sendero Luminoso y fueron combatidos”, expresó Caramelo.
A lo largo de la investigación judicial, durante la etapa de instrucción, se pudo reconstruir que Conrado Galdame fue secuestrado el 16 de diciembre de 1978 por la patota de Feced y asesinado en el mismo Servicio de Informaciones donde había sido torturado. Luego de la muerte de Galdame se fraguó un enfrentamiento armado, en un operativo en el que la patota se dirigió al domicilio de Conrado y abrió fuego a discreción, asesinado a dos habitantes de la casa: los hermanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes (ciudadanos peruanos).
Altamirano continuó con una serie de acusaciones contra la organización montoneros. Al igual que Nast aseguró que hubo un “acompañamiento civil” de las actividades por el denominadas “antisubversivas” y mencionó entre los que se vieron involucrados a políticos de diferentes partidos como el “comunista” y el “radical”, a “gremialistas”, funcionarios judiciales y periodistas.
Tras las cinco indagatorias de los imputados, declararon las primeras dos testigos del juicio. Lelia Ferrarese, quien brindó un conmovedor relato de su cautiverio en el ex Servicio de Informaciones e identificó a sus secuestradores; y Laura Torreseti, que al igual que Lelia reconoció a sus torturadores, presentes en la sala, y describió los padecimientos que debió vivir durante su detención. Ambas ex presas políticas ya habían declarado en 2011 en el juicio Díaz Bessone o Feced 1.
Al final de la audiencia, desde el tribunal informaron que el juicio continuaría este viernes desde las 9.30, con cinco nuevas testimoniales.
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