La construcción de la inseguridad

En los últimos quince días el crimen cruzó los bulevares de Rosario, en dos de los tres casos más resonantes por su difusión periodística. Su incursión en territorios poco habituales –aderezada con la dosis de combustible que los medios de comunicación arrojan al fuego en esos casos– agitó sobremanera a sectores sociales que desperdigaron su miedo-ira sobre funcionarios políticos y judiciales, cuya poco eficaz respuesta fue culparse entre ellos. Así se reinstaló con fuerza en la agenda pública la cuestión de “la inseguridad”, cuya construcción social se circunscribe a algunos delitos y reduce la relevancia de la muerte del “matable” para, por oposición, agigantar la de la víctima “ilegítima”. Que, digamos, son todas.

La estigmatización de los jóvenes varones de barrios marginados –que aportan de modo bastante equitativo víctimas y autores de homicidios en un plano de violencia horizontal– y la consolidación de valores sociales ligados a la obtención de éxito y riqueza fáciles y rápidos, así como la desigual distribución de renta, conocimiento y bienes culturales y simbólicos quedan marginados del debate público, asfixiantemente ocupado por distintas variantes de la demagogia punitiva.

La función de las cárceles –tanto la establecida en las normas cuanto la que posee realmente- tampoco forma parte de la agenda pública en debate, del mismo modo que la agencia policial que regula y administra el delito, apenas rozada en algunos análisis.

Los matables

Los asesinatos del joven Fabricio Zulatto (21), que apareció con tres disparos en la cabeza en el pozo ciego de una casilla de Génova al 2100 tras estar dos días desaparecido; el del comerciante de automóviles Héctor Villalba (71) durante una entradera en su domicilio del barrio Bella Vista; y el de Nahuel Ciarroca tras el robo de su celular conmocionaron a la ciudad.

Los tres casos tienen en común que las víctimas pertenecen a las capas medias de la pirámide social. También que las tres investigaciones fueron diligentes en el hallazgo y detención de posibles culpables, que fueron imputados por la Justicia. Su difusión en los medios masivos de comunicación fue profusa.

En los mismos días, dos chicos de 16 y 24 años fueron asesinados y otros dos heridos de bala en Felipe Moré al 2200, en villa Banana. Los vecinos quemaron un presunto búnker de venta de drogas en venganza. Los detalles de los homicidios de Mauro Gauna, el más joven de las víctimas, y de Darío Osvaldo Luna, consiguieron menos repercusión mediática. Ya nadie se acuerda de ellos, más que sus familiares y amigos. No se informó públicamente de avances en la investigación, lo cual no es equivalente a que no hayan ocurrido.

La magister en Criminología y docente de la cátedra ídem de la Facultad de Derecho de Rosario, Eugenia Cozzi, explicó los alcances de un trabajo académico realizado en función de los estereotipos sociales vinculados a la violencia letal. Allí distingue entre quienes están definidos como “socialmente matables”, por su condición social y cultural, y las víctimas cuyos homicidios alteran a la opinión pública.

“El fenómeno más extendido en relación a la violencia letal tiene más que ver con esta violencia horizontal entre jóvenes en donde víctima y victimario se parecen demasiado”, dijo en una entrevista publicada por la agencia Sin Cerco.

“El tratamiento que se le da en los medios, y el que le dan las agencias del sistema penal para investigar ese accionar es diferente. Entonces, colabora a este imaginario social de «nos matan por un par de zapatillas», pero cuando te pones a analizar en profundidad la dinámica del homicidio, y quienes componen a los muertos, no es el vecino al que le roban un par de zapatillas, eso es un hecho muy infrecuente en la totalidad de homicidios”, precisó.

Lo que resulta del análisis de los casos, dijo, “es esta violencia horizontal entre jóvenes de sectores populares”.

Para la especialista, esos jóvenes varones de barrios marginados “son construidos socialmente como matables”. Construcción que ellos mismos asimilan como propia. “Los jóvenes comparten esos criterios de victimización: distinguen entre a quién está bien, o es aceptable, o se está habilitado a matar y a quién no. Es esta distinción entre víctimas legítimas o víctimas ilegítimas”.

En términos menos académicos: bajar a un pibito del barrio por una bronca está legitimado, tanto por el potencial autor del crimen como por el resto de la sociedad, que le aplica la doctrina Eduardo Feinmann del “uno menos”. O “se matan entre ellos”. Entre ese “ellos” y “nosotros” anida parte del drama que vive Rosario.

Ni Zulatto, ni Villalba ni Ciarroca reunían las características de “matables”. Las muertes de Gauna y Luna, habitantes de un asentamiento irregular, quedaron en cambio invisibilizadas por un sistema selectivo que discrimina víctimas según pertenencias y estereotipos sociales previamente construidos.

Los marcados

El informe sobre homicidios dolosos del año 2014 del Ministerio Público de la Acusación, el último publicado sobre Rosario, señala en términos estadísticos lo que Cozzi razona como resultado del trabajo de campo efectuado por la cátedra de Criminología de la UNR en barrios de esta ciudad y la de Santa Fe. El sector más afectado por los asesinatos son los jóvenes varones de sectores vulnerables, previamente estigmatizados.

“De las 255 víctimas registradas en el departamento, 240 (94,1 por ciento) fueron varones y 15 (5,9 por ciento) fueron mujeres”, precisa la reseña. “En cuanto a la edad, en el departamento Rosario el 17,7 por ciento de las víctimas tenían menos de 20 años; 38,1 por ciento eran menores de 25 años y el 53,4 por ciento no llegaron a cumplir los 30 años”. Más de dos tercios de las víctimas, el 67 por ciento, no había cumplido los 35 años cuando fue asesinada.

Como un calco que ratifica la construcción social de ese “otro” identificado como “enemigo público”, el informe 2015 del Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas que lleva el Servicio Público de la Defensa de Santa Fe, señala que hubo 503 víctimas de afectaciones a los derechos humanos. El 95 por ciento fueron varones. El 52 por ciento de ellos tenían entre 19 y 28 años.

En coincidencia con los reclamos ciudadanos de mano dura y aplicación de tratamientos crueles a quienes transgreden la ley (“que los maten”, que “se pudran en la cárcel”), la policía y el servicio penitenciario utiliza esos métodos ilícitos contra ese segmento de la población integrado por varones jóvenes en situación de pobreza o exclusión.

El 59 por ciento de las víctimas de torturas o tratos crueles sólo alcanzaron el nivel primario de instrucción, según el siguiente detalle: el 3 por ciento no obtuvo ningún tipo de instrucción; el 23 por ciento posee primaria incompleta; el 33 terminó séptimo grado. Sin embargo, las palizas policiales, los tormentos y las torturas psicológicas a los pibes identificados como motivo de los males de la ciudadanía no parecen haber alcanzado los objetivos deseados, a la luz de la multitudinaria movilización del jueves pasado en reclamo de seguridad y justicia.

El informe del Servicio Público de la Defensa señala que “se observa que las agresiones físicas más frecuentes son el golpe y la golpiza. Por golpe se entiende un puñetazo de mano, pie o con algún elemento, mientras que la golpiza refiere a una serie de golpes consecutivos, realizados por varios agresores agravado por la intensidad y/o la duración más prolongada”.

Mientras que “las balas de goma, el submarino seco, los puntazos o cortes y la picana aparecen con más frecuencia durante la circunstancia de detención”. A diferencia de las golpizas, empleadas de modo más significativo en las comisarías.

Te matan por el celular

De acuerdo a las estadísticas oficiales de Santa Fe, en 2015 se registraron 224 homicidios dolosos –con intención– en el departamento Rosario. Fueron 26 menos que los 250 ocurridos en 2014. De todos modos, de los 224 asesinatos intencionales del departamento 198 tuvieron lugar en su principal ciudad: Rosario. Que, un año antes, había registrado 202 homicidios.

De todos ellos, 28 fueron contabilizados como asesinatos “en ocasión de robo”. Cerca del 13 por ciento.

Según explica Cozzi en la entrevista aludida, en coincidencia con los datos oficiales, “de los estudios que nosotros hicimos, tanto en la ciudad de Santa Fe, como también en la ciudad de Rosario, lo que aparece es que una gran mayoría de los homicidios tiene por protagonista, ya sea como víctima o como victimario, a jóvenes varones de sectores populares. Siendo excepcionales o infrecuentes los llamados homicidios en ocasión de robo, menos del 10 por ciento”.

Para la criminóloga, “el fenómeno más extendido en relación a la violencia letal tiene más que ver con esta violencia horizontal entre jóvenes en donde víctima y victimario se parecen demasiado”.

Sin embargo, existe una profunda percepción social acerca de que “matan para robarte el celular”, cuya relevancia en el total de homicidios ocurridos en la ciudad es muy reducida, sin por eso ser menos dolorosa.

Pero las posibilidades de morir en ocasión de robo son infinitamente menores a las de padecer igual destino en un siniestro vial, una de las principales causa de muerte. Un uso racional del miedo indicaría que debería apoderarse de los conductores cuando circulan en sus vehículos más que cuando bajan con sus celulares en el bolsillo.

La intermediación periodística entre la realidad y lo que sabemos de ella a través de los medios impone, en cambio, que sea a la inversa.

El mencionado informe del MPA sobre homicidios en Rosario hace dos años dice que “de los 214 homicidios sucedidos en el departamento Rosario investigados en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, 63 se produjeron en hechos planificados en relación con un episodio anterior (los llamados “ajustes de cuentas” o “venganza”) (29,4%). Por su parte, 37 se produjeron en el marco de “discusiones” o “riñas” (17,3%). En tanto, 28 muertes se generaron en contextos de robos (13,1%); 12 en intervenciones policiales (5,6%); 9 en conflictos intrafamiliares (4,2%) y una cantidad idéntica en acciones de resistencia frente a la posible comisión de un delito”.

El mismo trabajo muestra el inocultable incremento de la violencia letal en la ciudad. En 2006 se registraron 77 homicidios dolosos, que en 2010 fueron 97 y en 2013 llegaron al record de 225.

Como se dijo al principio, son algunos casos los que despiertan la reacción de un sector de la sociedad sobre el problema, que queda reducido a pedidos cuantitativos de agentes policiales, patrulleros y endurecimiento de penas acompañado de reducción de garantías procesales, cuyo fracaso es indiscutible en Argentina y otros lugares del mundo en los que la política, presionada por la demanda de “la gente”, adoptó ese precario camino.

Unas horas antes de que una multitud se reuniera frente a Tribunales para reclamar “seguridad y justicia”, en el interior del edificio dos fiscales solicitaron penas de entre 8 y 20 años para el ex jefe de la comisaría 19ª y cuatro policías acusados por los delitos de secuestros extorsivos, apremios ilegales, encubrimiento y extorsión. Más policías así agravaría el desastre.

Medios prejuiciosos

En una entrevista al dejar su lugar en la Corte Suprema de Justicia nacional, el juez Eugenio Zaffaroni se refirió a la demagogia punitiva, construida por discursos de mano dura solo para un sector social. “Tiene que ver con el neocolonialismo cultural al que estamos sometidos en América Latina y que funciona gracias a una dictadura que ejercen los medios masivos de comunicación”, dijo el abogado.

Para Zaffaroni, esa “dictadura de medios” apunta “a convertir a los jóvenes pobres de los barrios periféricos en sujetos potencialmente peligrosos”. “Así como los nazis identificaron a los judíos como los enemigos, esta dictadura de una única voz fomenta un genocidio por goteo contra los chicos de las poblaciones humildes del continente. ¿Cuál es el objetivo de eso? Crear un sistema punitivo represivo. El proyecto es legitimar la exclusión y darles palos y tiros a los que se quedan afuera. Esa es la demagogia punitiva”.

El rol de los medios en su función de imponer la agenda de temas en el debate público, escogiendo algunos e invisibilizando otros, así como la construcción de sentido común sobre cuestiones complejas, forma parte de lo no dicho en la discusión sobre la seguridad.

El crimen de Fabricio Zulatto brindó una muestra muy nítida en ese sentido. Un portal de noticias de los más visitados de Rosario ofreció una semblanza sobre el joven asesinado, que tituló: “Un chico de clase media, fanático de Newell’s y apegado a su novia”.

El señalamiento de la pertenencia social de la víctima es un indicador. La nota sostiene que pertenecía a las capas medias de la sociedad, que jugaba al futsal y era hincha de Newell’s Old Boys y que tenía domicilio en Pichincha, la vieja zona prostibularia de Rosario reconvertida en barrio boutique. Recuerda que también fue socio de Gimnasia y Esgrima, otro club de la pequeña burguesía local, y que hizo la secundaria en un colegio privado del centro de la ciudad. En la apoteosis del prejuicio, la semblanza cierra con algunos interrogantes: “¿Cómo llegó un chico así al lugar donde fue encontrado su cadáver, en una de las zonas más pobres de la ciudad? ¿Fue por su cuenta o lo llevaron? ¿Por qué? Son algunos de los misterios a desentrañar ahora por la investigación”.

Fuente: El Eslabón